(SPP/IFEX) – El 4 de octubre de 2006, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), acusó al gobierno de Nicanor Duarte Frutos de tener responsabilidad política en la desaparición forzada del periodista Enrique Galeano «por mantener este hecho en la impunidad». «Hay una altísima responsabilidad política del gobierno de Duarte Frutos por encubrir a presuntos […]
(SPP/IFEX) – El 4 de octubre de 2006, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), acusó al gobierno de Nicanor Duarte Frutos de tener responsabilidad política en la desaparición forzada del periodista Enrique Galeano «por mantener este hecho en la impunidad».
«Hay una altísima responsabilidad política del gobierno de Duarte Frutos por encubrir a presuntos responsables de la desaparición del colega, lo cual mantiene este hecho en la impunidad», dijo el secretario general del SPP, Julio Benegas en una rueda de prensa con motivo de cumplirse ocho meses de la desaparición de Galeano.
Galeano, 54 años, de Yvy Yaú, Concepción, a unos 350 kilómetros al norte de Asunción, desapareció el 4 de febrero cuando terminó su jornada laboral en Radio Azotey y salió del local de la emisora para dirigirse a su casa.
«Hoy, a ocho meses de su desaparición forzada, todo nos indica que ni la Fiscalía ni la Policía hicieron una investigación seria tendiente a dar con el paradero de Galeano», expresó Benegas.
Según el dirigente gremial, «la Policía ha archivado el caso y el Ministerio Público tampoco tomó en cuenta la denuncia presentada por el SPP, donde se solicitaba el procesamiento por encubrimiento y obstrucción de las investigaciones de autoridades policiales de la región».
«Ni siquiera investigó al diputado colorado oficialista Magdaleno Silva, indicado por pobladores de la zona como uno de los nexos con los narcotraficantes que operan en la región norteña y uno de los que saben qué pasó con Galeano», afirmó.
Para el periodista, «la impunidad hacia donde avanza la desaparición forzada de Galeano atenta directamente contra los principios de la libertad de expresión que amparan el libre ejercicio del periodismo».
«Pone de manifiesto, además, el desprecio de los organismos de seguridad del Estado por el derecho a la vida y su incompetencia o, lo que es peor su complicidad, con las bandas de delincuentes, narcotraficantes y contrabandistas en todo el país», señaló.
«Como Sindicato de Periodistas expresamos nuestra indignación por la inoperancia del ministro del Interior, Rogelio Benítez, del Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla y de los fiscales intervinientes en el caso, de la Policía y demás organismos investigadores del Estado que han demostrado desidia y desinterés rayanos en la complicidad», aseveró.
Al acusar al gobierno por encubrimiento, el dirigente de los trabajadores de prensa explicó que 15 días atrás, el SPP había solicitado «por nota formal» una entrevista con Duarte Frutos con el fin de acercarle los datos que dispone la organización sobre la vinculación, en este caso, del diputado Silva, de la policía y de la mafia.
«Hasta hoy no hemos recibido respuesta, sin embargo Duarte Frutos se entrevistó con el diputado Silva y su patota que aterroriza al pueblo de Yby Yaú y a toda la región, que en los últimos 10 años ha sufrido la desaparición de cuatro personas y 50 muertes, sin que hayan responsables», dijo.
«Esto indica que (Duarte Frutos) prefiere apostar a un representante político de la mafia que conversar con quienes representan gremial y políticamente a los trabajadores de prensa y por ende, a Enrique Galeano», aseveró.
Benegas se refirió también a la diferencia entre el caso de Galeano y el secuestro y posterior muerte en febrero del año pasado, de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau (1998-1999)
«Galeano es un compañero trabajador, que ganaba 400 mil guaraníes (unos 75 dólares) por mes. Es un locutor y periodista, técnico de radio, hacía de payaso en fiestas infantiles, se sacrificaba todos los días y mantenía con dignidad a su familia, esposa y cuatro hijos».
«Es un trabajador, y esa es la diferencia porque en nuestro país el dinero compra, presiona y define los pleitos y los procesos judiciales y mueve la estructura política y eso es aberrante», manifestó finalmente.
