"Dictámenes de este tipo nos retrotraen a los peores tiempos que tuvo la libertad de prensa en nuestro continente," dice la SIP.
(SIP/IFEX) – Miami, 9 de agosto de 2010 – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró sorpresiva y calificó de «grave retroceso para la libertad de prensa» una decisión de una fiscal que pidió 24 meses de cárcel para el periodista uruguayo Alvaro Alfonso por el delito de difamación, y la requisa de su libro «Secretos del Partido Comunista».
En su decisión del 2 de agosto, la fiscal penal de 10º turno de Uruguay, Ana María Tellechea Reck, solicitó en un dictamen la «requisa» de todas las ediciones del libro publicado en julio de 2008 y la prisión del periodista por el delito de difamación en perjuicio del ex legislador departamental de Montevideo por el Partido Comunista de Uruguay (PCU), Carlos Alberto Tutzó López.
Alejandro Aguirre, presidente de la SIP, y subdirector del Diario Las Américas, dijo que «dictámenes de este tipo nos retrotraen a los peores tiempos que tuvo la libertad de prensa en nuestro continente, cuando las dictaduras hacían uso del secuestro y quema de libros como método de censura». Agregó que la fiscal contradice, además, «principios en contra de la penalización de la crítica periodística que los legisladores uruguayos aprobaron el año pasado.
La incautación ordenada por la fiscal obedece a un párrafo incluido en la página 181 de la investigación periodística, en el que se señala que el ex legislador, arrestado en 1977 por agentes de la dictadura militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985, fue «colaborador» de sus carceleros. Tutzó López negó la veracidad de la versión y le inició juicio al periodista.
Respecto al pedido de prisión, Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y director editorial del San Antonio Express-News, de Texas, se mostró sorprendido «de que todavía haya fiscales pidiendo cárcel en contra de periodistas cuando en junio del año pasado fue sancionada una ley que despenalizaba los delitos de difamación e injurias cuando se refiere a asuntos de interés y personas públicas, como es evidente en este caso».
El periodista Alfonso basó su información en fuentes militares de la época y en las «dudas» que, según dijo, persisten en el PCU respecto a la conducta de Tutzó López.
En su dictamen, además de pedir 24 meses de cárcel para el periodista, la fiscal sostuvo que el delito de que se le acusa «se continúa cometiendo a través del libro de autoría del encausado» y, por tanto, solicitó al juez actuante, Rolando Vomero, que «ordene la requisa de todos los libros publicados que contengan la alusión difamatoria referida».
