Según la SIP, un proyecto de ley respaldada por la presidenta Cristina Kirchner es una medida inconstitucional por la que se pretende tomar control de los medios.
(SIP/IFEX) – Miami, 25 de agosto de 2010 – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó la posición de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, de enviar un proyecto de ley al Congreso para declarar de «interés público» la producción, distribución y comercialización de papel para periódicos, a lo que calificó de «medida inconstitucional» por la que se pretende «el control de los medios».
Anoche, en cadena nacional, la presidenta Kirchner dio a conocer el informe «Papel Prensa: La verdad», sobre la empresa fabricante de papel para periódico en la que el Estado comparte la propiedad con los diarios Clarín y La Nación. En su versión oficial, la Presidenta acusó a los medios privados de apropiarse de la fábrica en 1976 en contubernio con la dictadura militar.
Los diarios desmintieron la posición del gobierno, y dieron a conocer versiones de familiares de la propia familia vendedora, Gravier, que argumentan que no fueron presionados para malvender la empresa y que lo hicieron antes de haber sido apresados por la dictadura militar de la época – por motivos ajenos a la empresa Papel Prensa – con pleno consentimiento, sin presiones y en libertad.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, dijo que «más allá de la polémica nacional, lo que nos sorprende es que el gobierno haya llegado a estas instancias haciendo expresa su intención de controlar a los medios de comunicación, a través de la regulación de la fabricación y distribución del papel periódico, un insumo básico de la industria periodística que en Argentina no es escaso ni presenta un problema de abastecimiento, y que no tiene porqué tener regulaciones especiales».
En consonancia con expresiones del abogado constitucionalista argentino, Gregorio Badeni, Aguirre afirma que «es absurdo que el gobierno vaya en contra de la propia Constitución, en cuyo artículo 32 se establece expresamente que ‘el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal’, lo que implica que no puede haber leyes especiales que regulen a la prensa.»
Aguirre, sub director del Diario Las Américas, agregó que «es peligroso que se maneje el concepto de ‘interés público’ porque ello puede inducir a que pueda haber leyes para expropiar y/o regularizar la actividad», lo que denota una posibilidad precisa de avance sobre los medios y de control a la libertad de prensa a través del insumo.
En el acto de anoche en la sede del gobierno, la Casa Rosada, en el que estuvieron presentes funcionarios, legisladores, empresarios, actores y otros invitados, la presidenta Kirchner argumentó que el Congreso debe aprobar un proyecto de ley para declarar de interés público la pasta de celulosa, su distribución y comercialización, y deberá crearse una comisión bicameral de observación en las reuniones de directorio de la empresa para evitar «manejos oscurantistas y prácticas comerciales desleales». También dijo que las irregularidades que el gobierno detectó sobre la propiedad de Papel Prensa, y que están recogidas en cientos de páginas, serán derivadas a la justicia.
El titular de la SIP añadió que la justicia «es el camino apropiado para dirimir este tipo de conflictos, aunque lamentamos que se haya dado a este tema un estado de escándalo público nacional». Agregó que la SIP siempre fue caja de resonancia en sus asambleas sobre las disputas entre periodistas, representantes y propietarios de medios sobre Papel Prensa, así como miembros de ADEPA y de ADIRA (instituciones de diarios argentinos), pero en temas relacionados con el precio del papel, los aranceles de importación y la connivencia entre empresas privadas con el Estado. «Tuvimos asambleas con días enteros de discusión al respecto, sin embargo – dijo – jamás nadie puso en duda la legitimidad de la compra y propiedad de esa fábrica».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, subrayó que la «sensibilidad de este tema de Papel Prensa ya se manifestó en nuestra asamblea de Aruba en marzo pasado». Agregó que en esa oportunidad la SIP, a través de una resolución, denunció «la escalada gubernamental contra la empresa Papel Prensa» y pidió a las máximas instancias del gobierno «velar por el mantenimiento de la política de libre comercialización del papel que desde hace largos años rige en la Argentina, teniendo en cuenta que dicho insumo, vital en el proceso de producción de periódicos, nunca puede ser considerado como un elemento de presión para el libre ejercicio del periodismo».
Rivard, director editorial del San Antonio Express-News, de San Antonio, Texas, recordó que en materia de libertad de prensa en la Argentina, la SIP viene poniendo énfasis en problemas graves como las trabas en el acceso a la información oficial, la discriminación contra medios y periodistas, el uso de la publicidad oficial para castigar y premiar a los medios, la cooptación de medios privados a través de empresas afines al poder y el abuso y utilización sesgada de los medios públicos para promocionar el discurso oficial; hechos todos recogidos en resoluciones que han sido giradas al gobierno argentino.
