El presidente de la SIP desmintió que la institución haya estado involucrada en los actos en contra del presidente Rafael Correa, tal como aseveró el asambleísta Eduardo Zambrano, en entrevista con teleSUR.
(SIP/IFEX) – Miami, 7 de octubre de 2010 – El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Alejandro Aguirre, desmintió categóricamente que la institución haya estado involucrada en los actos del pasado jueves en Ecuador en contra del presidente Rafael Correa, tal como aseveró el asambleísta Eduardo Zambrano, en entrevista con teleSUR.
«Desmiento categóricamente que haya habido de parte de la SIP, reuniones con medios de comunicación o con congresistas ecuatorianos para incentivar cualquier tipo de acto en contra de la democracia en ese país», subrayó Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, con sede en Miami, agregando que lamenta mucho que el asambleísta haya sido mal informado.
El titular de la SIP se refirió a las declaraciones de Zambrano, diputado del partido oficialista Alianza País, quien aseguró a la cadena teleSUR que «hace aproximadamente un mes hubo un grupo de siete asambleístas de oposición y entre ellos dos del (partido) de la Sociedad Patriótica que se trasladaron a Nueva York y tuvieron reuniones con representantes de la SIP y otras instituciones (. . . ) estaban justamente en esta conspiración». De acuerdo al político, los medios de comunicación privados del país habrían participado en el intento para derrocar y matar al presidente Rafael Correa, durante los incidentes del 30 de septiembre.
El presidente de la SIP recordó, sin embargo, que ese mismo día la organización advirtió en un comunicado de prensa sobre la violación a la libertad de prensa que implicaba la obligatoriedad de enlazar a los medios privados a la señal de la cadena estatal y condenó enérgicamente cualquier movimiento destinado a desestabilizar las instituciones y el orden democrático en Ecuador.
«La misión de la SIP -explicó Aguirre-, sólo obedece a exigir a los gobiernos que respeten la libertad de prensa y para ello contamos en la institución con programas de educación pública, monitoreo y entrenamiento, entre otros.»
El 30 de septiembre miembros de la Policía Nacional tomaron un regimiento, en protesta por una ley del Congreso que les eliminaba bonos y ascensos profesionales.
