(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 21 de octubre de 2003: SIP observa con agrado compromiso de México para esclarecer crímenes contra periodistas Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la SIP y el gobierno mexicano vieron viable alcanzar un «acuerdo de seguimiento» para que […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 21 de octubre de 2003:
SIP observa con agrado compromiso de México para esclarecer crímenes contra periodistas
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la SIP y el gobierno mexicano vieron viable alcanzar un «acuerdo de seguimiento» para que acabe la impunidad en torno a los crímenes de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza.
Washington (21 de octubre del 2003) – La Sociedad Interamericana de Prensa observó ayer con agrado la disposición del Estado de México de alcanzar un «acuerdo de seguimiento» entre ambas partes para impulsar las investigaciones en torno a los asesinatos contra dos periodistas mexicanos, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en esta ciudad.
La audiencia fue presidida por el titular de la CIDH, José Zalaquett, quien estuvo acompañado por uno de sus miembros, Robert Goldman, el secretario ejecutivo, Santiago Cantón, y el relator especial para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni.
La SIP, en calidad de peticionaria, presentó nuevos elementos ante la CIDH y el Estado mexicano sobre el grado de impunidad que rodea a los casos de los periodistas Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, asesinados en 1988 y en 1991, respectivamente. En el caso de Félix no se ha establecido la autoría intelectual del crimen, mientras que en el de Oropeza tampoco se ha esclarecido la responsabilidad material. Ambos casos vienen siendo investigados por la SIP desde 1995, cuando inició su proyecto Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas.
Los casos fueron admitidos por la CIDH en 1999, año en que esa institución observó la «responsabilidad internacional» de parte del Estado mexicano debido a la tardanza en hacer justicia y a que fueron violados el derecho a la libertad de expresión y los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de sus familiares.
La misión de la SIP, representada por sus delegados, Roberto Rock, vicepresidente de El Universal, México; Phil Bennett, editor-jefe internacional del Washington Post, y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP, reclamó la falta de voluntad del gobierno de México para cumplir con las recomendaciones que hizo la CIDH en 1999: 1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato; 2. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva para determinar si hay hechos de encubrimiento y delitos contra la administración de justicia, incluyendo la posible participación de funcionarios judiciales, que impidieron la investigación completa de los hechos que motivan el presente informe; y en su caso, aplicar las sanciones penales, administrativas y/o disciplinarias que correspondan. 3. Reparar adecuadamente a los familiares por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas.
El gobierno de México estuvo representado por Juan José Gómez Camacho, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Patricia Olamendi, subsecretaria de Derechos Humanos de la Cancillería; y, entre otros delegados, por Juan Ignacio Alvarez Ledezma, subprocurador de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Tras una sesión de más de una hora en la que la SIP y el gobierno intercambiaron posiciones divergentes sobre los procesos judiciales de los dos casos, hubo un acercamiento entre las partes con el propósito de encontrar mecanismos de trabajo para que los asesinatos puedan esclarecerse y se termine así con décadas de impunidad.
A nombre del Estado, Gómez Camacho, tras la intermediación del presidente de la CIDH, expresó la buena voluntad del gobierno de México para estudiar una propuesta de trabajo que la SIP se comprometió a enviar en las próximas semanas. Los funcionarios mexicanos destacaron que existe buena relación con los sistemas judiciales de los estados de Baja California y Chihuahua – donde fueron cometidos los crímenes – por lo que aventuran que se podrán observar avances en las investigaciones.
Por último, Trotti remarcó que la SIP hará llegar un documento de trabajo o «acuerdo de seguimiento» a la Cancillería a través de la CIDH en el que se planteará una agenda de trabajo, con objetivos y plazos de cumplimiento. Agregó que para cualquier acuerdo, será esencial la aceptación y cumplimiento, por parte del Estado mexicano, de las recomendaciones hechas por la CIDH.
El presidente de la SIP, Jack Fuller, Chicago Tribune, y el presidente de la Comisión contra la Impunidad, Alberto Ibargüen, The Miami Herald, destacaron la buena voluntad del gobierno mexicano y coincidieron en señalar «que esta puede ser una gran oportunidad para combatir la impunidad».
Ibargüen manifestó que desde hace años la SIP solicita en México que los crímenes contra periodistas puedan ser también atraídos por la jurisdicción federal a modo de ofrecer mayor transparencia a los procesos judiciales. Recordó que a esa conclusión también se llegó en la conferencia sobre Periodismo y Narcotráfico, organizada por la SIP en Tijuana, lugar desde donde se envió una carta al presidente Vicente Fox solicitándole su intervención sobre crímenes contra periodistas y su «federalización».
