(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 30 de agosto de 2005: Reitera la SIP ante el presidente Vicente Fox «federalización», no prescripción y aumento de penas – La institución también se reunió con senadores nacionales, ministros de la Corte Suprema de Justicia y el Procurador […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 30 de agosto de 2005:
Reitera la SIP ante el presidente Vicente Fox «federalización», no prescripción y aumento de penas
– La institución también se reunió con senadores nacionales, ministros de la Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la República.
– La delegación se trasladó hoy a Hermosillo donde se celebrará el Encuentro de Editores de la Frontera Norte de México.
México (30 de agosto del 2005) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró ayer a las máximas autoridades de los tres poderes públicos del Estado mexicano la necesidad de que haya normas para que los crímenes contra la libertad de expresión puedan ser de jurisdicción federal, que no prescriban y que se aumenten las penas y castigos para quienes los cometan.
Una delegación internacional de la SIP, encabezada por su presidente, Alejandro Miró Quesada, expresó al presidente de México, Vicente Fox, la preocupación de la institución ante el avance de la violencia del crimen organizado que afecta a periodistas y medios de comunicación particularmente en la zona norte del país.
Miró Quesada, director del diario peruano El Comercio, indicó que es necesaria una reacción del Estado, ya que la violencia contra medios y periodistas está «llevando a la prensa mexicana a una condición grave de autocensura, y esto trae consecuencias aún más graves para la ciudadanía general».
El presidente Fox, que recibió a la delegación en su despacho de la Residencia Los Pinos, expresó que «tenemos una preocupación compartida» y agregó que el gobierno nacional está procurando, mediante legislación adecuada, lograr mayor capacitación y recursos para las fuerzas policiales, entre otras medidas que el gobierno nacional está coordinando con los estados para combatir al crimen organizado.
En el terreno periodístico, Fox dijo que «doy mi compromiso» ante los reclamos de la SIP, resaltando la atracción a nivel federal que se efectuó a través de la Procuraduría General de la República de varios casos de periodistas ultimados en meses recientes.
Miró Quesada reconoció que el actual gobierno mexicano ha tomado medidas concretas en materia de crímenes contra periodistas mediante «la atracción federal y el trabajo conjunto entre la SIP y el Estado que se efectúa a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, y Enrique Santos Calderón, de la Comisión Contra la Impunidad, expresaron en distintas reuniones tres pautas que la SIP viene sosteniendo en México como el andamiaje necesario para combatir los crímenes contra periodistas y la impunidad que los rodea: que puedan ser atraídos a nivel federal, que el Código Penal contemple penas agravadas contra los agresores y que los delitos no prescriban.
En materia de prescripción, la SIP recordó que México firmó en 1997 la Resolución 120 de la UNESCO en la que se establece que los Estados Miembros «adopten el principio de que no prescriben los crímenes contra las personas cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión o cuando tuvieren como objeto la obstrucción de la justicia; que los gobiernos perfeccionen las legislaciones para posibilitar el procesamiento y condena de los autores intelectuales de los asesinatos contra quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y que se dicte legalmente que los responsables de los delitos contra periodistas en ejercicio de sus funciones profesionales y los medios deban ser juzgados en tribunales civiles y/o regulares».
Además de Miró Quesada; Marroquín, Prensa Libre, Guatemala; Santos Calderón, El Tiempo, Colombia; la delegación de la SIP estuvo integrada por los periodistas mexicanos Andrés García Lavín, Andrés García Gamboa y Héctor Dávalos, Novedades; Francisco Ealy Ortiz y Roberto Rock, El Universal, Ciudad de México; Idalia Gómez, de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa.
En otra reunión, el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, indicó a la delegación que «el Poder Ejecutivo ya envió al Congreso una iniciativa para la reforma constitucional sobre la atracción de delitos graves cometidos contra derechos humanos» y que podría incorporar una cláusula sobre aquellos delitos cometidos contra la libertad de prensa, como los crímenes contra periodistas.
Los sub procuradores Gilberto Higuera y José Luis Vasconcelos informaron sobre avances en las investigaciones de los casos de periodistas atraídos por la PGR, entre ellos los asesinatos de Francisco Franco Ortiz, Dolores Guadalupe Escamilla, Raúl Gibb Guerrero y la desaparición de Alfredo Jiménez Mota.
Cabeza de Vaca calificó como «muy importante que haya una legislación que dote a la PGR con la facultad para atraer casos», para evitar conflictos con las soberanías de los estados. Agregó que en esa propuesta fácilmente se pudieran incluir las demás peticiones de la SIP, tal como la no prescripción de los delitos.
Entre los compromisos alcanzados con la PGR y la SIP se estableció una oficina que sirva de nexo informativo y se ratificó que los casos contra periodistas serán aglutinados en una sub procuraduría.
El sub procurador Higuera agregó que la PGR continuará con el nombramiento de fiscales especiales en cada uno de los estados del país para que, en coordinación con las procuradurías estatales, puedan atender mejor los casos de crímenes contra periodistas.
Por otra parte, la SIP se reunió con los senadores Enrique Jackson, quien al inicio de las sesiones ordinarias próximas asumirá como presidente del Senado, y con Sadot Sánchez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.
Los senadores explicaron que en materia de derechos humanos existen actualmente 23 propuestas para la reforma constitucional que estudia una comisión bicameral y que algunas incluyen aspectos sobre la actividad periodística. Entre ellas señalaron de vital importancia la reforma del artículo 73 de la Constitución en la que se contempla que los casos graves contra los derechos humanos ? entre los que se comprenden aquellos que afectan la libertad de expresión y de prensa – puedan ser atraídos a la jurisdicción federal.
Tras la visita de la SIP, el senador Jackson, indicó que el Senado podrá recomendar a la PGR sobre su facultad de atraer crímenes contra periodistas y de crear una Fiscalía Especial, así como dotar a la institución con mayor capacidad de recursos.
«De suma importancia – consideró Jackson – es poner este tema en la tribuna pública» y la propuesta de crear una Comisión Especial del Senado para dar seguimiento a los casos de periodistas y medios afectados por la violencia.
A primera hora de la mañana, la misión de la SIP se entrevistó con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cosío. Se compartieron experiencias y preocupaciones en torno a la violencia de la que son víctimas jueces y periodistas a manos del crimen organizado tanto en México como en otros países latinoamericanos. Del encuentro, surgieron ideas en torno a la mejor relación entre jueces y periodistas, y a un diálogo de entendimiento entre ambos sectores que la SIP inició hace dos años con las cortes supremas de los países del hemisferio occidental.
