La reforma, aprobada por la Cámara de Diputados, permitirá atraer los crímenes contra periodistas y los delitos contra la libertad de expresión a la jurisdicción federal.
(SIP/IFEX) – Miami, 15 de noviembre de 2011 – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su satisfacción por la reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados de México que permitirá atraer los crímenes contra periodistas y los delitos contra la libertad de expresión a la jurisdicción federal. Al mismo tiempo, instó al Senado Federal a suscribir esa reforma antes de que termine el actual período legislativo.
El presidente de la SIP, Milton Coleman, editor senior del periódico estadounidense The Washington Post, saludó la «muy buena y ansiada noticia de este cambio largamente esperado por la comunidad nacional e internacional, que permitirá que en México se pueda combatir con mejores armas legales la violencia que afecta a periodistas y ciudadanos que quieren expresar sus opiniones».
La reforma para que los delitos contra la libertad de expresión puedan ser atraídos por la justicia federal se incluyó en una adición al Art. 73, Fracción XXI, de la Constitución Federal de México. Aprobada el 11 de noviembre por diputados nacionales de distintas fracciones políticas, el texto especifica que «las autoridades federales podrán conocer también los delitos de fuero común cuando éstos tengan conexión con delitos federales o delitos contra los periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta».
La reforma, que recibió el respaldo de 362 diputados y tuvo dos abstenciones, fue enviada al Senado para su aprobación. Para entrar en vigencia y por tratarse de una reforma constitucional, como mínimo deberá ser aprobada por la mitad más una (16) de las legislaturas de los estados.
El presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente del diario mexicano El Universal, saludó que «se haya saldado esta cuenta pendiente en nuestro país, especialmente porque podrá haber más esperanza de justicia para todos aquellos casos de periodistas asesinados en el interior del país, donde nuestra actividad es mucho más vulnerable».
Coleman y Ealy Ortiz recordaron que la federalización de los crímenes contra la libertad de información y la libertad de prensa, es un tema que la SIP puso en la agenda pública en 1997. «Desde entonces – dijeron – insistimos a los poderes públicos de México, en especial en numerosas visitas a los legisladores de todos los partidos en el Congreso, a los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, así como fue un tema recurrente con el presidente Felipe Calderón y en numerosos foros de editores y periodistas que realizamos en el país».
En ese sentido, Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, director del periódico peruano La República, especificó que la agenda de la SIP en contra de la impunidad en México, también incluyó «la no prescripción de los crímenes contra periodistas, el agravamiento de las penas de esos delitos y la creación de un sistema de seguridad y protección para los comunicadores en el ejercicio del oficio».
«Esta aprobación en Diputados – agregó Mohme – es sin duda una buena noticia para México pero también una excelente señal para el resto de América, pues orienta los esfuerzos que despliegan los periodistas en busca de mejores condiciones para el ejercicio de su profesión».
Según estadísticas de la SIP, desde 2005 a la fecha han sido asesinados 46 periodistas en México, mientras 18 permanecen desaparecidos.
