IAPA expresa su preocupación de que "este proyecto de ley podría abrir puertas y consecuencias muy graves para la censura directa".
(SIP/IFEX) – Miami, 30 de julio de 2010 – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó un anteproyecto de ley en Colombia que aplica severas sanciones a medios de comunicación, incluso decretando su cierre, a los que infrinjan responsabilidades legales sobre información relativa a la infancia y la adolescencia.
El proyecto de ley que ha sido puesto a consulta por el Poder Judicial colombiano, fue elaborado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, órgano judicial administrativo, en petición a una orden del 4 de julio de 2009 de la Corte Constitucional que exhortó al Congreso a regular la responsabilidad de los medios que se establece en el Código de Infancia y Adolescencia.
En una carta del presidente de la SIP, Alejando Aguirre, y del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, se exhorta al Poder Judicial a reconsiderar la normas, antes de que sea enviada al Congreso, para evitar que se atropelle la libertad de prensa, especialmente por sanciones que conllevan la suspensión provisional, cierre y elevadas multas a los medios de comunicación.
Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, de Miami, Florida, y Rivard, director editorial del San Antonio Express-News, de San Antonio, Texas, expresaron su preocupación de que «este proyecto de ley podría abrir puertas y consecuencias muy graves para la censura directa, toda vez que quedará a la interpretación y discreción de la autoridad administrativa (Ministerio de Comunicación) resolver y dilucidar conflictos sobre la naturaleza noticiosa de los hechos y la misión propia de los medios», lo que «podría desembocar, gravemente, en consideraciones de censura previa».
Por otro lado, Aguirre y Rivard, dijeron que da la impresión de que el proyecto de ley «estaría achacando la responsabilidad de los hechos a los medios de comunicación, siendo que estos tienen como misión esencial trasmitir e informar sobre los mismos y, muchas veces, la obligación de desafiar a la sociedad y a las autoridades con una agenda y temas de debate público que aunque no sean del agrado social, son indispensables para crear opinión pública y enriquecer a la sociedad con puntos de vista diversos y plurales».
De igual forma cuestionaron que se pretenda imponer a todos los medios de comunicación las mismas normas, sin considerar, por ejemplo, que en el caso de los medios escritos, «si bien están regulados por leyes generales, no asumen condicionamientos que tienen que ver con el ordenamiento radioeléctrico al que está obligado el Estado».
