(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 25 de febrero de 2002: La SIP responsabiliza al presidente Chávez por la falta de libertad de prensa en Venezuela Miami (25 de febrero del 2001) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) estableció que el presidente Hugo Chávez […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 25 de febrero de 2002:
La SIP responsabiliza al presidente Chávez por la falta de libertad de prensa en Venezuela
Miami (25 de febrero del 2001) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) estableció que el presidente Hugo Chávez es el «máximo responsable» de que en Venezuela no haya libertad de prensa, tras una visita reciente de tres días al país en la que una delegación de altas autoridades de la organización hemisférica analizó la creciente ola de violencia contra periodistas y directores de medios de comunicación.
En su informe, la delegación, encabezada por el presidente de la SIP, Robert J. Cox, señaló su «más alta preocupación y alarma por la violencia física y agresión verbal provocada por grupos afines al gobierno e instigada por el Poder Ejecutivo», añadiendo que «el presidente Chávez deberá asumir responsabilidad de estos actos violentos y tendrá también que responder en caso de que esta violencia desencadene en actos aun más graves contra periodistas y directores de medios de comunicación, como ya teme la sociedad venezolana».
La delegación también indicó que la violencia no es la única agresión contra la libertad de prensa al señalar que existe un marcado acoso judicial contra los medios de comunicación que critican al gobierno y que hay varios legisladores que muestran su sumisión al poder público tratando de promover leyes y mecanismos para regular a la prensa. Entre esas legislaciones, la SIP advirtió sobre un proyecto de Ley de Contenidos que sumado a la cláusula constitucional de «información veraz» podrá ser utilizada para censurar a los medios y periodistas, así como una exhortación a los directores de medios para crear un Código de Etica.
Cox, subdirector del diario The Post and Courier, Charleston, Carolina del Sur, indicó que «Chávez es el máximo responsable por cuanto está liderando una ola de intolerancia que es el fiel reflejo de su política anti libertad de expresión, mediante la cual busca amedrentar a quienes critican sus actos de gobierno». Agregó que existe una estrategia liderada por el gobierno con el sometimiento de miembros de los otros poderes del Estado «lo que representa una actitud desmedida y vergonzosa que pone en peligro la democracia en el país».
La delegación de la SIP, que culminó el viernes pasado una visita de tres días en el país, mantuvo reuniones con dirigentes del Congreso, del Ministerio Público, de la Iglesia Católica, organizaciones internacionales, Sindicato de la Prensa, Colegio Nacional de Periodistas. Tras las
entrevistas, la SIP se expresó solidaria con los numerosos periodistas y directores de medios amenazados, insultados y agredidos en forma física y verbal, especialmente por miembros de los Círculos Bolivarianos que responden al descrédito periódico y constante que el presidente Chávez provoca en sus manifestaciones públicas y en sus alocuciones radiofónicas en cadena nacional.
Luego de mas de un centenar de entrevistas con periodistas de medios escritos y electrónicos, la delegación de la SIP concluyó que «no puede haber libertad de prensa en un país donde los periodistas deben esconder sus identificaciones y los medios sus emblemas por temor a sufrir represalias».
En contradicción con lo que sostienen los funcionarios gubernamentales sobre que existe plena libertad de expresión por la variedad de crítica que emana de los diferentes medios de comunicación, la delegación de la SIP sostuvo que «la libertad de prensa es un espacio que los periodistas consiguen a diario con mucha valentía y coraje para contrarrestar la violencia imperante
y es la única garantía que existe en el país para sostener la democracia».
Danilo Arbilla, ex presidente de la institución hemisférica, recordó que la SIP ya había advertido al presidente Chávez sobre el peligro de su constante arenga propagandística contra los medios de comunicación y los periodistas. «Cuando le dijimos a Chávez, hace cerca de dos años, que se callara era porque preveíamos que su discurso agresivo e intolerante ‘envalentonaría’ a
sus fanáticos y adictos, como está sucediendo en la actualidad».
Arbilla, director del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay, señaló que la SIP viene advirtiendo desde hace tiempo sobre las similitudes entre el Perú de Fujimori y Montesinos y la Venezuela de Chávez en lo que hace a los métodos sutiles y disimulados de ataques a la prensa y a las actitudes intolerantes y beligerantes contra periodistas y las acciones de acoso contra medios enmascaradas de dudosa legitimidad judicial y legal. «Hay un cierto grado de burla y cinismo en ambas épocas cuando uno escucha a los gobiernos decir que hay libertad de prensa».
Fujimori y Chávez son los únicos presidentes hemisféricos a los que la SIP se ha abstenido de solicitarles su firma de la Declaración de Chapultepec, un documento que establece diez principios sobre libertad de expresión y de prensa, necesarios para el sostenimiento de la vida democrática.
Además de Cox y Arbilla, la delegación estuvo compuesta por el primer vicepresidente Andrés García Gamboa, Novedades de Quintana Roo, Cancún, México; el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información Rafael Molina Morillo, Ahora, República Dominicana; el presidente de la Comisión de Chapultepec, Alejandro Miró Quesada, El Comercio, Lima, Perú; el director ejecutivo Julio E. Muñoz; el coordinador de la Comisión de Libertad de Prensa e Información Ricardo Trotti; el abogado del Proyecto Chapultepec Jairo Lanao y el administrador del Proyecto Chapultepec Sean Casey.
Si bien la violencia es la agresión más visible contra la libertad de prensa de la actualidad en el país, la SIP también prestó importancia a otras medidas que igualmente lesionan la libertad de prensa y de expresión y el derecho del público a la información. Estas medidas fueron debatidas durante las numerosas entrevistas particulares que la delegación mantuvo con dirigentes venezolanos, así como en el Foro Nacional de Chapultepec, en donde se repasaron las numerosas disposiciones legales y jurídicas que afectan el ejercicio periodístico en el país.
En entrevista con legisladores oficialistas y de oposición en la Asamblea Nacional, la SIP criticó la falta de transparencia sobre un proyecto de Ley de Contenidos sobre el cual el presidente de la Asamblea solo explicó que se trata de un marco regulatorio sobre el horario de protección al menor. La SIP por su parte obtuvo información y sospechas de otras fuentes en que este proyecto podría ser utilizado para censurar y castigar a medios y periodistas.
Tras una encendida discusión con los legisladores sobre una exhortación a que los medios de prensa deben crear y estar regidos por un código de ética común, la SIP sentó su posición diciendo que este es un asunto privado de los medios y periodistas sin ningún tipo de intervención estatal o foránea, tal como lo establece la Declaración de Chapultepec y la Declaración Interamericana sobre Libertad de Expresión.
Entre otras medidas contrarias a la libertad de prensa, la SIP destacó que la misma Constitución del país no brinda las garantías necesarias para el desarrollo de la tarea periodística al establecer la cláusula de información veraz que ya ha sido utilizada para acosar a medios de comunicación. También, reiteró que la colegiación obligatoria de periodistas se contrapone a la libertad de prensa y denunció el acoso judicial al que están sometidos varios medios como consecuencia de su línea editorial, la discriminación en el otorgamiento de la publicidad oficial y en la concesión de licencias para la operación de medios electrónicos.
En un próximo informe que la SIP dará a conocer esta semana se establece que en Venezuela «no se cumple con ninguno de los diez principios» sin los cuales no puede haber verdadera democracia. Esta es la conclusión a la que llegó el decimonoveno Foro Nacional de Chapultepec, durante el cual se discutió el estudio comparativo de leyes venezolanas con la Declaración de Chapultepec en el marco de un debate con distinguidos juristas y académicos de ese país.
