Junio de 2023 en Europa y Asia Central: un resumen de las principales noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Agresiones a periodistas y personas LGBTQI+ en Turquía; Rusia arremete contra el espacio cívico por la vía legislativa; en Bielorrusia cada vez quedan menos periodistas a los que perseguir; y desde el Reino Unido y la UE llegan novedades en materia de SLAPP.
“Corre, Tayyip, corre. ¡Los queers se acercan!”
El mes de junio terminó con miembros de IFEX y otros grupos de derechos pidiéndole a la Unión Europea (UE) que priorizara la libertad de prensa y los derechos humanos en sus negociaciones con Turquía.
En las cuatro semanas que precedieron a esa exhortación pudieron verse varios ejemplos de por qué es tan necesaria esa priorización:
El 8 de junio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa volvió a instar a Turquía a que cumpliera las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y liberara de inmediato al dirigente de la sociedad civil Osman Kavala y al ex copresidente del Partido Democrático del Pueblo (HDP) prokurdo Selahattin Demirtas, ambos injustamente encarcelados. Turquía ha ignorado por años estos fallos del TEDH en los que se dictaminó que los dos hombres debían ser liberados.
El 17 de junio, el periodista kurdo Sinan Aygül fue brutalmente atacado por dos hombres que identificó como guardias de seguridad del alcalde de Tatvan. Aygül, que ha enfrentado decenas de procesamientos a lo largo de los años por investigar casos de corrupción, fue amenazado por sus atacantes, que le advirtieron que se abstuviera de referirse al alcalde en su trabajo periodístico.
El 22 de junio, la periodista Sedef Kabaş enfrentó un nuevo juicio por “insultar al presidente”. El caso en su contra se basa en tuits en los que cuestionó la validez del título universitario del presidente Recep Tayyip Erdoğan e hizo varias denuncias de corrupción.
El 26 de junio, el periodista Merdan Yanardağ, que trabaja en medios en línea y televisivos, fue arrestado y acusado de “hacer propaganda para una organización terrorista” tras criticar al aire las condiciones de reclusión de Abdullah Öcalan, el líder encarcelado del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
[ Traducción: Turquía: @sinanaygul fue brutalmente atacado en Tatvan. Para más información: https://go.coe.int/HVtCL Una alerta de @globalfreemedia #EuropaPorLaPrensaLibre ]
Los temores de que el presidente Erdoğan continuaría promoviendo el sentimiento anti-LGBTQI+ después de las elecciones resultaron fundados. Su continuo uso del término «pro-LGBT» como un insulto en los ataques a la oposición y sus discursos homófobos en los que califica a las personas LGBTQI+ de “perversas” han creado un clima de miedo que ha llevado a algunas personas LGBTQI+ a considerar abandonar el país.
Junio fue el Mes del Orgullo, y en Turquía al menos 160 personas fueron arrestadas en diversas marchas del orgullo y eventos prohibidos relacionados. Aunque fallos judiciales de los últimos años han dictaminado que tales prohibiciones son ilegales, las autoridades continúan imponiéndolas. En Estambul hubo manifestantes que se atrevieron a desafiar la prohibición y marcharon al son de: “Corre, Tayyip, corre. ¡Los queers se acercan!” Más de 90 de ellos fueron detenidos.
PEN América emitió una declaración este mes condenando los ataques de las autoridades turcas al espacio cívico LGBTQI+. Por su parte, el personal de Bianet publicó un video con un mensaje solidario comprometiéndose a amplificar las voces LGBTQI+ y “denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren las personas LGBTQI+”.
“Organizaciones indeseables”
Reprimir el espacio cívico ha sido desde hace años una parte integral de la política interna del presidente ruso Vladimir Putin. Desde la invasión rusa de Ucrania, se han aprobado una serie de leyes dirigidas a silenciar a la oposición antibélica y a otros tipos de disidencias.
Este mes, la Federación Internacional de Derechos Humanos y MediaZona publicaron un análisis de 50 leyes adoptadas desde 2018 para reprimir a la sociedad civil. La impresionante herramienta interactiva de MediaZona (en inglés) permite conocer más sobre estas leyes que restringen al movimiento LGBTQI+, las organizaciones de la sociedad civil, Internet, el derecho a la protesta, la libertad de expresión y más.
Varias figuras públicas han sido víctimas de estas leyes en las últimas semanas. Uno de ellos es el destacado defensor de los derechos humanos y copresidente de Memorial, Oleg Orlov. Este mes fue llevado a juicio por “descalificar” reiteradamente al ejército ruso y podría enfrentar una condena de hasta tres años de prisión si es declarado culpable. Los cargos se refieren a las manifestaciones antibélicas unipersonales protagonizadas por Orlov y sus críticas a la guerra en redes sociales.
Otro blanco de estas leyes es la ONG ambientalista World Wildlife Fund (WWF), a la que se le prohibió operar en Rusia después de que fuera declarada “organización indeseable” en junio. WWF fue acusada de “plantear una amenaza” a la economía rusa y financiar a “agentes extranjeros”.
El medio de comunicación independiente Noyava Gazeta Europe también fue declarado “organización indeseable” en junio y se le prohibió trabajar en Rusia. Este medio fue acusado de difundir “material extremista” e “información falsa”.
Por su parte, Greenpeace Rusia había suspendido sus actividades en ese país en mayo, luego de que también se la calificara de “organización indeseable”.
Bielorrusia: menos periodistas a los que perseguir
La represión de Bielorrusia contra la sociedad civil continúa.
En junio, la Asociación Bielorrusa de Periodistas (BAJ, por sus siglas en inglés) informó que su logotipo había sido catalogado como contenido “extremista”, con lo que se exponía a juicio a todos quienes lo usaran o tuvieran artículos en los que se exhibiera. BAJ, calificada de “extremista” por las autoridades a principios de este año y liquidada por la politizada Corte Suprema en 2021, ha advertido a todos los periodistas de Bielorrusia que retiren de sus hogares y oficinas cualquier artículo con el logotipo.
En junio también se bloqueó el acceso al sitio web de BAJ en Rusia.
El número de presos políticos en Bielorrusia sigue aumentando. A finales de junio, había 1.496 personas languideciendo tras las rejas por motivos políticos. Entre estos presos se encuentra Tatsiana Pytsko, que fue detenida a principios de mes por “fundar o participar en una organización extremista”. Se la acusa de asistir presuntamente a su esposo camarógrafo (encarcelado en febrero) en la labor que desarrollaba. Con su detención, son 34 los trabajadores de los medios que han sido detenidos en Bielorrusia.
Varios miembros de IFEX y otros grupos de derechos destacaron en junio los casos de dos presos políticos de alto perfil – el de la destacada figura de la oposición Maria Kalesnikava y el de la defensora de los derechos humanos Nasta Loika – y pidieron su liberación inmediata.
Kalesnikava, que fue sentenciada a 11 años de prisión en 2021, se encuentra actualmente incomunicada y se le ha negado acceso adecuado a tratamiento médico y a representación letrada. Loika, que ha sido torturada durante su detención, fue condenada en junio a siete años de prisión en un juicio a puerta cerrada por su trabajo de investigación sobre violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
BAJ y Justice for Journalists publicaron en junio un interesante trabajo sobre la situación de los periodistas independientes en Bielorrusia. El informe, que abarca principalmente el período 2021-2022, analiza varias herramientas de persecución empleadas por las autoridades contra medios críticos. Estas incluyen acoso judicial, violencia, malos tratos en la cárcel y ataques cibernéticos (los casos de estos últimos aumentaron considerablemente durante 2020-2021). Si bien el número de casos de persecución denunciados ha disminuido en general desde 2020, ello no se debe a una mejora, sino a que los encarcelamientos, el exilio forzoso y la decisión de muchos de abandonar una profesión tan riesgosa han significado que ahora simplemente haya menos periodistas a los que perseguir.
Demandas judiciales estratégicas contra la participación pública (SLAPP)
El mes de junio fue testigo de algunos avances positivos para los activistas anti-SLAPP en el Reino Unido, pero trajo noticias desalentadoras para sus homólogos en la UE.
En el Reino Unido, el gobierno agregó una enmienda anti-SLAPP al Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Empresarial que se está tramitando en el parlamento. Si se convierte en ley, la enmienda será la primera medida anti-SLAPP en el Reino Unido.
La Coalición Anti-SLAPP del Reino Unido celebró el proyecto de ley, al que consideró un primer paso hacia la resolución del problema de las SLAPP. Algunos de los aspectos positivos de la enmienda que destaca la Coalición en su análisis son que establece un umbral sólido para la presentación de demandas (es decir, deben tener más probabilidades de prosperar que de fracasar) y que brinda protección en cuanto a costos para aquellos demandados que pierdan. Un aspecto negativo es que la enmienda solo podrá aplicarse en casos relacionados con el “interés público de proteger a la sociedad de delitos económicos”, por lo que tiene un alcance restringido.
[ Traducción: ¡Otro día de fiesta para la causa anti-#SLAPP en el Reino Unido!
El gobierno del Reino Unido ha anunciado una enmienda al Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Empresarial, que proporcionaría protección en Inglaterra y Gales contra las #SLAPP relacionadas con delitos económicos. 1/ ]
Al otro lado del Canal de la Mancha, en el Consejo de la UE los gobiernos adoptaron un “enfoque general” (o posición común) sobre la largamente esperada directiva anti-SLAPP de la UE, por la que se ha realizado una extensa campaña. No obstante, resulta frustrante que esa posición diluya considerablemente la propuesta original, dado el carácter restrictivo de varias de sus disposiciones centrales.
La Coalición contra las SLAPP en Europa (CASE) destaca los cinco “inconvenientes más preocupantes” de este enfoque general, a saber que limita el alcance de la directiva a casos “transfronterizos”, que excluye del ámbito de aplicación de la directiva las demandas civiles interpuestas en procesos penales, que debilita el mecanismo de desestimación anticipada, que elimina la disposición sobre compensación por daños y perjuicios a favor de los demandados en casos de SLAPP y que extiende el período de transposición a 3 años (es decir, retrasa la aplicación a nivel nacional).
Se prevé que el proyecto de directiva anti-SLAPP de la UE esté pronto para finales de 2023.