Agosto de 2023 en Europa y Asia Central: un resumen de las principales noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original
Al cumplirse tres años de persecución continua de la sociedad civil en Bielorrusia, miembros de IFEX se manifiestan en contra de la represión; se denuncian casos de periodistas rusos exiliados presuntamente envenenados; y el informe CASE muestra que la mayoría de las SLAPP en Europa son impulsadas por litigantes en Polonia, Malta y Francia.
Tres años de represión
El 9 de agosto, miembros de IFEX y otros grupos de derechos humanos conmemoraron el tercer aniversario de las injustas elecciones presidenciales en Bielorrusia que mantuvieron al presidente Alexander Lukashenka en el poder, desencadenaron una ola de protestas populares contra el resultado y lanzaron una dura represión contra la libertad de expresión y la sociedad civil.
IFEX publicó una sesión de preguntas y respuestas con la Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ), centrada en la situación que viven en el día a día los periodistas y la sociedad civil bielorrusos, y en la que se destacó el Maratón de Solidaridad de la BAJ.
El Maratón de Solidaridad es una iniciativa conjunta de la BAJ y el Sindicato de Periodistas de Lituania presentada en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2023 y que tiene como objetivo mantener en la atención pública los desafíos que enfrentan los medios independientes bielorrusos. Invita a ciudadanos de todo el mundo a que descarguen retratos de periodistas bielorrusos encarcelados, se tomen fotos con ellos cerca de puntos emblemáticos y otros lugares conocidos y luego las suban a las redes sociales.
[Traducción: Al cumplirse en #Bielorrusia el tercer aniversario de las elecciones manipuladas que mantuvieron en el poder al “último dictador de Europa”, le preguntamos al miembro de IFEX @baj_by sobre la situación actual de la libertad de expresión y su campaña mundial por la liberación de los periodistas encarcelados: https://ow.ly/cKtB50Pv37u ]
El 9 de agosto también se realizaron las siguientes expresiones de apoyo:
- La Federación Europea de Periodistas (EFJ) publicó una declaración de solidaridad con los trabajadores de la prensa encarcelados en Bielorrusia, pidiendo su liberación inmediata e instando al público a participar en el Maratón de Solidaridad de la BAJ.
- La organización Freedom House pidió que se liberara a todos los presos políticos y apeló a la comunidad internacional a “apoyar a los actores democráticos en Bielorrusia y exigir justicia para las víctimas del régimen de Lukashenka”.
- El Instituto Internacional de Prensa (IPI) reclamó la liberación de todos los periodistas encarcelados, el levantamiento de las restricciones a los medios de comunicación y el apoyo de la comunidad internacional a los medios bielorrusos independientes, incluidos los que se encuentran en el exilio.
- PEN América publicó una declaración centrándose en la represión de escritores e intelectuales e instando al Consejo de Europa, la Unión Europea (UE) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a hacer más para proteger estas voces independientes, incluso estableciendo “fondos especiales para proteger la cultura bielorrusa” y “procedimientos de visa más simples para aquellos escritores que huyen de Bielorrusia”.
- PEN Internacional y PEN Bielorrusia pidieron al gobierno de Lukashenka que pusiera fin a la represión contra la disidencia, destacando el caso del artista encarcelado Aleś Puškin, que murió en prisión en julio de 2023 después de que se le negara acceso a atención médica urgente.
- Reporteros sin Fronteras (RSF) condenó una “nueva ola” de represión en Bielorrusia que, inusualmente, persigue a empleados de medios de comunicación estatales y medios que “normalmente siguen la línea del gobierno”.
- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publicaron un nuevo informe, titulado Supresión del derecho a defender los derechos humanos en Bielorrusia, que se centra en la legislación restrictiva y las herramientas desplegadas por el Estado para reprimir a la sociedad civil.
La “purga” de la sociedad civil llevada a cabo por Lukashenka continúa. El 23 de agosto, el medio estatal de noticias de Bielorrusia informó que la reconocida organización de la sociedad civil, el Centro de Derechos Humanos Viasna, había sido declarada “extremista” por las autoridades. Cinco miembros de Viasna, incluido su presidente Ales Bialiatski, ganador del Premio Nobel, están cumpliendo largas condenas de prisión por cargos falsos.
Clima tóxico para la libertad de expresión
La represión contra la sociedad civil y los medios independientes en Rusia tampoco ha disminuido.
El 4 de agosto, el encarcelado líder de la oposición y activista anticorrupción Alexei Navalny fue condenado a otros 19 años de prisión por varios cargos dudosos, entre ellos “extremismo”, involucrar a niños en “actividades ilegales” y rehabilitación del nazismo. La sentencia, que se dictó en un juicio a puerta cerrada, fue calificada por Human Rights Watch de “testimonio de la determinación del Kremlin de diezmar a la oposición rusa y dejarla desmantelada por muchos años”.
Navalny ya cumple varias sentencias por un total de 11 años y medio por cargos igualmente falsos y sobrevivió a un intento de envenenamiento en 2020. La UE condenó la nueva sentencia y pidió a Rusia que cumpliera una medida cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que exige la liberación inmediata de Navalny.
A mediados de mes, un tribunal de Moscú dictaminó la disolución del Centro Sajarov, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas y conocidas de Rusia. La decisión se tomó después de que el Ministerio de Justicia presentara una orden judicial acusando a la organización de violar diversas leyes, incluida la ley sobre “agentes extranjeros”. En enero, las autoridades municipales de Moscú desalojaron el Centro Sajarov de sus instalaciones a raíz de su calificación como “agente extranjero”.
En el mes de agosto, también se produjeron los siguientes hechos:
- El Tribunal Supremo confirmó la pena de 22 años de prisión dictada contra el periodista Ivan Safronov, luego de una dudosa condena por traición en 2022.
- A la periodista neerlandesa Eva Hartog y a la periodista finlandesa Anna-Lena Laurén se les negaron visas de trabajo y acreditación para informar desde Rusia; a Hartog, que todavía se encontraba en Rusia en el momento de la decisión, se le dio un plazo de seis días para abandonar el país.
- Las periodistas independientes Elena Kostyuchenko e Irina Babloyan, que trabajan desde el exilio, denunciaron que habían sido envenenadas en Alemania y Georgia, respectivamente, en octubre de 2022.
- Se informó que la periodista crimea Iryna Danylovych, deportada ilegalmente a Rusia en julio y encarcelada, perdió el sentido auditivo en un oído, luego de que las autoridades penitenciarias le negaran atención médica adecuada.
Más de 1.000 ataques a la libertad de prensa
En agosto, el Instituto de Información de Masas (IMI) informó que Rusia cometió 529 crímenes contra la prensa en Ucrania en los primeros 18 meses de la guerra.
Varios miembros de IFEX han estado trabajando para apoyar tanto a los periodistas ucranianos en el exilio como a aquellos que informan desde la zona de conflicto. RSF publicó recientemente una actualización del trabajo de sus Centros de Libertad de Prensa, creados en colaboración con el IMI para brindar apoyo físico y psicológico a los periodistas de Ucrania. Hasta el momento han prestado asistencia a 1.300 periodistas y medios de comunicación.
Desde que comenzó la invasión, el IPI ha estado llevando un registro de los ataques a la libertad de prensa (tanto en Ucrania como en Rusia) vinculados a la guerra. Al 28 de agosto, el IPI había registrado un total de 1.069 ataques, de los cuales 688 fueron cometidos por las autoridades rusas.
En Ucrania, las violaciones más frecuentes de la libertad de prensa fueron las agresiones verbales, físicas o en línea, que representaron más del 77 % de todos los incidentes registrados en el país.
En Rusia, donde se ha hecho un esfuerzo sin precedentes para silenciar a la disidencia contra la guerra, casi el 53 % de todos los ataques a la libertad de prensa fueron medidas de censura y reglamentación; casi el 27 % fueron arrestos o demandas penales; y cerca del 16% fueron restricciones al acceso a la información.
Demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP)
La coalición CASE publicó un informe sobre la situación de las SLAPP en Europa que abarca los últimos 12 meses. Durante este período, el número de SLAPP registradas en la base de datos de CASE aumentó de 520 a más de 820.
El informe confirma que la mayoría de las SLAPP se basan en leyes de difamación, insulto u “honor”; los objetivos más frecuentes son periodistas, medios de prensa, activistas y organizaciones de la sociedad civil; las personas físicas tienen muchas más probabilidades que las organizaciones de ser atacadas; quienes presentan SLAPP tienden a ser empresarios o políticos poderosos; y la mayoría de las SLAPP están relacionadas con publicaciones que se centran en la corrupción, el gobierno, las empresas y cuestiones ambientales.
De las SLAPP registradas por CASE, la mayoría se presentaron en Polonia, seguido por Malta en segundo lugar y Francia en tercer lugar.
Sin embargo, un análisis del número de SLAPP presentadas per cápita revela que Malta, con la impactante cifra de 19,3 SLAPP presentadas por cada 100.000 habitantes, supera ampliamente a todos los demás Estados.
Este mes, miembros de IFEX y otros grupos de libertad de prensa expresaron su preocupación por las propuestas relacionadas con las SLAPP formuladas por el comité creado por el gobierno de Malta en respuesta a la Investigación Pública sobre el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia. Estos grupos sostienen que las propuestas no “brindan la protección necesaria del derecho a la participación pública” y plantean varias recomendaciones, incluida la creación de una ley independiente contra las SLAPP.
También este mes, la coalición CASE expresó su firme apoyo al proyecto de recomendación del Consejo de Europa para contrarrestar las SLAPP. Esto contrastó con la decepción con la que recibió la diluida directiva anti-SLAPP de la UE que fue aprobada por sus Estados miembros en junio.