(IPYS/IFEX) – El IPYS se preocupa por dos acontecimientos en que los derechos de los periodistas fueron violados. El 6 de abril de 2008, el diario «El Comercio» de Lima denunció que el teléfono fijo del periodista y director político de ese medio, Juan Paredes Castro, venía siendo interceptado a través de un equipo instalado […]
(IPYS/IFEX) – El IPYS se preocupa por dos acontecimientos en que los derechos de los periodistas fueron violados.
El 6 de abril de 2008, el diario «El Comercio» de Lima denunció que el teléfono fijo del periodista y director político de ese medio, Juan Paredes Castro, venía siendo interceptado a través de un equipo instalado a 400 metros de su casa.
El aparato transmisor-receptor fue hallado luego de que los servicios de seguridad del diario hicieran una limpieza electrónica de las líneas telefónicas de su personal, como medida de prevención. Se pudo confirmar la interceptación, pero no cómo operaba el aparato ni en quiénes estaría a cargo el sistema de escucha.
Paredes Castro dijo en conferencia de prensa que tras la denuncia, recibió llamadas del presidente Alan García y de los ministros de Defensa e Interior, que le garantizaron una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido.
Sobre estos hechos, el IPYS emitió la siguiente declaración, firmada por su director, Ricardo Uceda: «El IPYS reclama de la Policía Nacional y el Ministerio Público una investigación idónea de la ilegal interceptación telefónica en el domicilio del periodista del diario El Comercio, Juan Paredes Castro. Ante los nulos resultados investigativos en casos anteriores, ahora se hace necesaria una rendición de cuentas pública, detallada y progresiva de estas actividades. Demandamos también un compromiso efectivo con estas investigaciones por parte del gobierno del doctor Alan García, complemento indispensable de la condena a los hechos expresada inicialmente por sus voceros».
En un caso distinto, el 8 de abril, el periodista José Santillán Arrúz, del diario «El Comercio», y el camarógrafo Luis Corrales, de Canal N, fueron detenidos por la policía cuando cubrían una inspección de la Defensoría del Pueblo en el Hospital de la Policía. Los reporteros fueron acusados del delito de usurpación de funciones por vestir chalecos de la Defensoría. Cuatro horas después, fueron liberados.
Al salir del hospital, Santillán indicó que la Defensoría del Pueblo les entregó los chalecos para identificarlos como los periodistas que cubrirían la inspección, diligencia realizada por una denuncia sobre la falta de medicamentos en la farmacia del hospital.
El IPYS solicita a la Policía que, en lo sucesivo, tome medidas a fin de no interferir en la labor periodística y evitar detenciones arbitrarias.
