Luego de una revisión por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, periodistas y representantes de la sociedad civil compartieron con Paula Martins, editora regional de IFEX para las Américas, su lucha por presentar al mundo el verdadero estado de la libertad de expresión e información en Nicaragua.
Esta es una traducción del artículo original.
El 15 de mayo, Nicaragua fue evaluada por otros Estados en el marco del tercer ciclo de su Examen Periódico Universal (EPU). Este es un mecanismo de la ONU diseñado para revisar las prácticas de derechos humanos de los Estados miembros cada cinco años. Durante su revisión, el gobierno, las organizaciones internacionales y la sociedad civil brindan información sobre la situación de los derechos humanos en el terreno. Durante un diálogo interactivo en Ginebra, los Estados miembros de la ONU hacen preguntas sobre la información proporcionada y pueden presentar recomendaciones al país que está siendo examinado.
Dada la importancia del EPU, una delegación conjunta de IFEX-ALC, AMARC-ALC y la SIP viajó a Ginebra en mayo. Se reunieron con miembros de organismos de la ONU, representantes de misiones diplomáticas y delegados/as de otras organizaciones de la sociedad civil. Su mensaje principal era claro: Nicaragua estaba experimentando un grave deterioro en la libertad de expresión e información.
Sus principales preocupaciones fueron:
Ataques contra periodistas y un clima de impunidad. Desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas, hubo más de 250 casos de ataques o acciones agresivas contra los medios de comunicación, asesinaron a un periodista y al menos 60 más huyeron del país.
Censura indirecta. Ha habido control político e interferencia indebida en el trabajo de los medios.
Criminalización de la libertad de expresión y de reunión. Más de 400 personas murieron y 2500 resultaron heridas desde el comienzo de las manifestaciones en todo el país en abril de 2018.
La mayoría de estas muertes no fueron investigadas y siguen sin resolverse. La prensa fue declarada enemiga del Estado y los periodistas fueron acusados de incitar al odio.
Un proceso de revisión por pares
Durante la sesión de revisión, 90 Estados realizaron declaraciones e hicieron muchas preguntas. Al final, se presentaron 259 recomendaciones a Nicaragua. Esto fue casi el doble de las recomendaciones presentadas en el ciclo anterior, lo que ilustra el nivel de aprensión internacional con la crisis de Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua respondió con escepticismo: 124 de esas recomendaciones fueron rechazadas. Su posición era que distorsionaban la realidad o eran infundados.
Este resultado no sorprendió a Guillermo Meldrano, uno de los delegados que participó en la misión a Ginebra. Coordina el proyecto Periodismo con Enfoque de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Según él, este es un comportamiento típico del gobierno en relación con los organismos de derechos humanos.
Nicaragua no participa, no envía representantes, no presenta justificaciones. Tenemos la impresión de que no tienen el coraje de enfrentar la realidad.
Agrega que la mayoría de las recomendaciones eran en realidad «muy simples y que el Estado podría cumplirlas fácilmente si tuviera la voluntad política de hacerlo».
Patricia Orozco, miembro de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dice que estaba perpleja por el discurso del diplomático nicaragüense en respuesta a las recomendaciones del EPU: «Ese país que él estaba describiendo no es Nicaragua. Ese no es el país en el que nosotros estamos viviendo».
Tanto Meldrano como Orozco critican la «falacia» del gobierno al afirmar que hay libertad de expresión en Nicaragua. Afirman que el gobierno de Ortega ha estado tratando de limitar el acceso de las personas a la información, para que «nadie sepa exactamente lo que está sucediendo en el país; incluso llegaron al extremo de bloquear el acceso a Internet y a la electricidad para controlar la difusión de la información a través de las redes sociales”, afirma Meldrano.
Aquellos/as que integraron la delegación tampoco están de acuerdo con las alegaciones de Nicaragua de que se llevó a cabo un proceso participativo para la preparación del informe oficial del país al Consejo de Derechos Humanos. Nicaragua «no tiene un marco o reglas para guiar la preparación de este tipo de informes; no hay metodología; no hay consulta; no hay diálogo», dice Meldrano.
Orozco afirma que Nicaragua trata de vender al mundo una imagen irreal. «Lo que dice el gobierno sobre la libertad de expresión en Nicaragua es una gran mentira».
Wendy Quintero Chávez, periodista y vicepresidenta de la red de mujeres AMARC-ALC, recuerda su experiencia en Ginebra: “Fue profundamente conmovedor, cada vez que contaba las historias, cuando hablaba de los temores de la gente, como nicaragüense, y como periodista. Muchos/as de nosotros/as estamos en el exilio hoy. […] El acoso y la persecución continúan en Nicaragua».
Esto fue confirmado por organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relator de Libertad de Expresión (RELE). En septiembre de 2018, RELE condenó la persistencia de amenazas constantes contra la seguridad de los/as periodistas, la vigilancia y la presión política contra los medios de comunicación en Nicaragua. Un año después, en septiembre de 2019, el mecanismo de seguimiento de la CIDH en Nicaragua (MESENI) afirmó que «el contexto de persecución sistemática y represión contra los medios independientes y los/as periodistas sigue siendo una realidad en el país».
Un balance positivo
Los/as nicaragüenses ahora saben que estas entidades internacionales existen y que el Estado tiene que rendir cuentas internacionalmente.
A pesar de los continuos desafíos en el terreno y el hecho de que el Estado niegue la existencia de una crisis de derechos humanos en Nicaragua, activistas y periodistas consideran que el proceso del EPU de 2019 es una oportunidad importante y una historia de éxito.
Primero, porque permitió la movilización y el apoyo mutuo entre las organizaciones de la sociedad civil. Meldrano destaca la importancia de esta «alianza estratégica»: ha aumentado la participación de grupos en el proceso del EPU y esto puede ser ilustrado por los 29 informes presentados a la ONU en este ciclo. También fue la primera vez que grupos nicaragüenses intervinieron durante el diálogo interactivo en Ginebra.
Quintero destaca que “era muy importante tener un informe específico sobre la libertad de expresión y reunión. Estos son derechos intrínsecos a nuestra constitución política y que se han vuelto completamente vulnerables desde abril de 2018”.
El EPU fue una herramienta de empoderamiento para estos grupos, muchos de los cuales han estado trabajando en situaciones estresantes y han sufrido años de inestabilidad sociopolítica.
También fue un éxito porque permitió a los medios nicaragüenses y a la sociedad civil exponer sus preocupaciones internacionalmente; Como subrayó Orozco, «a las personas en el extranjero se les ofreció una visión alternativa, y ahora pueden contrastar la información proporcionada por el gobierno». Esto, concluye, «evidenciará todas sus mentiras».
«Logramos presentar evidencia en varias misiones en Ginebra sobre violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno, violaciones que continúan ocurriendo y en las que la policía es el principal perpetrador».
Meldrano está de acuerdo. «El resultado final es positivo». Recuerda que el proceso del EPU nunca contó con una cobertura tan extensa por parte de los medios de comunicación nicaragüenses. «Los/as nicaragüenses ahora saben que estas entidades internacionales existen y que el Estado tiene que rendir cuentas internacionalmente», concluye Guillermo.
Como lo describe Quintero: «Nuestras voces hicieron eco». Recuerda que «muchas de las recomendaciones presentadas por los Estados a Nicaragua fueron recomendaciones originalmente propuestas por nosotros/as», recomendaciones que tuvieron eco en las misiones diplomáticas.
La sociedad civil y los/as periodistas nicaragüenses están recuperando sus maneras de narrar la democracia en Nicaragua, así como el control para contar las historias de violaciones de los derechos humanos que enfrentan todos los días y que ponen de manifiesto un continuo estado de emergencia y excepción.
Este papel fortalecido es motivo de celebración, pero hay mucho trabajo por delante. Piden solidaridad y apoyo.
Alejandro Delgado, presidente del Comité Coordinador de IFEX-ALC, declara que la red, que reúne a defensores de la libertad de expresión y de libertad de prensa de 15 países de América Latina y el Caribe, «está convencida de que la comunidad internacional en general y los miembros del sistema interamericano de derechos humanos en particular, debe considerar las recomendaciones del EPU como propias y hablar con una voz común, exigiendo que las autoridades de Nicaragua acepten y cumplan de inmediato las recomendaciones».
A continuación, presentamos las recomendaciones de IFEX-ALC para abordar el deterioro del clima para la libertad de expresión en Nicaragua:
- Tomar medidas inmediatas para detener todos los actos de agresión física, intimidación y amenazas originadas por grupos violentos, fuerzas de policía y fuerzas paramilitares alineadas con el gobierno. Además, evitar que el gobierno haga uso de tecnologías para bloquear el acceso a los medios de comunicación y difame, insulte o revele información privada de periodistas independientes y activistas de la oposición en las redes sociales.
- Llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre todos los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, incluido el asesinato el 21 de abril de 2018 de Ángel Eduardo Gahona, y aplicar toda la fuerza de la ley a los/as responsables, a fin de evitar un estado de impunidad que incite a más violencia.
- Adoptar de inmediato las medidas más adecuadas para garantizar la seguridad física y psicológica de los/as profesionales de los medios mediante la implementación de protocolos de protección.
- Respetar y cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas, activistas, periodistas y sus familiares que han sido atacados/as y amenazados/as.
- Asegurarse de que la asignación de publicidad gubernamental esté sujeta a regulaciones que garanticen la aplicación de criterios justos, transparentes y objetivos.
- Garantizar plenamente el derecho a los medios de comunicación a nivel comunitario mediante el acceso a condiciones operativas adecuadas y opciones de financiación de diversas fuentes.
- Abstenerse de criminalizar las manifestaciones y quienes participan en ellas. Garantizar la protección de los/as periodistas que cubren manifestaciones y garantizar que las respuestas de las fuerzas de seguridad no sean represivas, sino que cumplan el papel de salvaguardar a los/as manifestantes.
- Trabajar con instituciones nacionales e internacionales para buscar un marco apropiado y definitivo que promueva el diálogo respetuoso y tolerante y conduzca a una solución democrática a la grave y continua crisis sociopolítica en el país.