(RSF/IFEX) – RSF espera que la justicia federal se muestre clemente el 17 de noviembre de 2006 en el momento de dictar eventuales sanciones contra el diario «The New York Times», después de que uno de sus periodistas, Nicholas Kristof, se haya negado a revelar al tribunal sus fuentes informativas. Tanto a él, como a […]
(RSF/IFEX) – RSF espera que la justicia federal se muestre clemente el 17 de noviembre de 2006 en el momento de dictar eventuales sanciones contra el diario «The New York Times», después de que uno de sus periodistas, Nicholas Kristof, se haya negado a revelar al tribunal sus fuentes informativas. Tanto a él, como a «The New York Times», les denunció por difamación el ex experto del ejército norteamericano en bioterrorismo, Stephen J. Hatfill.
«Las actuaciones puestas en marcha por Stephen J. Hatfill conciernen a ‘The New York Times’, y no a uno de sus periodistas en particular. Por tanto, a Nicholas Kristof no pueden condenarle a la cárcel pero sigue existiendo el problema del secreto profesional. Una vez más, condenar al ‘Times’ equivaldría a poner en peligro la independencia de la prensa. Acabamos de recurrir a los nuevos responsables del Congreso para que finalmente se apruebe una ‘ley escudo’ federal, garantizando al periodista el privilegio del secreto de las fuentes. Por eso, esperamos que la decisión del juez federal esté a la altura de este envite, esencial para la libertad de prensa», ha declarado RSF (para mayor información sobre la petición de RSF que el Congreso aprueba una «ley escudo» federal, ver la alerta de IFEX del 15 de noviembre de 2006).
El 17 de noviembre, un tribunal de apelación federal de Virginia tiene que decidir si Hatfill gana el caso, y si multa al diario. El 2 de noviembre, la misma jurisdicción confirmó la sentencia en primera instancia de un tribunal federal de Virginia, dada a conocer 10 días antes, obligando al periodista a facilitar los nombres de tres de sus informadores.
Kristof dedicó una serie de artículos a unos atentados con paquetes bomba con ántrax, que causaron cinco muerto a lo largo del año 2001. El periodista, citando fuentes del FBI, mencionó a Hatfill, físico y ex experto del ejército en bioterrorismo, como una de las pocas personas que podían tener acceso al ántrax y sabían utilizarlo. En 2004 el físico denunció al «Times» por difamación. Desestimado su denuncia en primera instancia, Hatfill ganó el caso en la apelación. Llevado ante el Tribunal Supremo Federal, que se negó a pronunciarse, el caso ha vuelto finalmente en 2006 al sistema de justicia federal.
Como las dos partes pertenecen a diferentes estados (el diario a Nueva York y el querellante a Virginia), la justicia federal consideró que se aplicaría la legislación de Virginia, ya que Hatfill inició el procedimiento en ese Estado. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Virginia, un periodista disfruta del privilegiado cualificado del secreto de las fuentes, pero en determinados casos puede ser obligado a revelar el nombre de sus informadores. Apoyándose en esta restricción, el juez ordenó a Kristof que revelara los suyos. Dos de los tres informadores han dado permiso al periodista para que facilite su nombre.
