Agosto en las Américas: Un resumen de los temas de libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Paula Martins, basado en informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
El ejército y la prensa en Colombia
El 13 de julio el periodista de la radio comunitaria indígena, Abelardo Liz, fue asesinado en Corinto, en el suroeste del departamento del Cauca, Colombia. Según la UNESCO, Liz recibió un disparo mientras cubría una protesta sobre los derechos a la tierra. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) afirma que fue asesinado durante un procedimiento militar de dos días para sacar a miembros del grupo indígena “Nasa” de tierras cercanas a Corinto, tierras que ellos consideran como su territorio ancestral pero que los militares afirman ser de propiedad privada. Según fuentes del CPJ, un segundo civil también murió durante ese procedimiento y otro resultó herido. Dichas fuentes insistieron en que los miembros de la comunidad “Nasa” estaban desarmados. También alegaron que los militares habían impedido que el personal médico llegara a Liz para brindarles ayuda después de que le dispararan.
El miembro colombiano de IFEX, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) escuchó a testigos que afirmaron que los disparos provenían de un sector donde se ubicaban miembros del Ejército Nacional. La organización manifestó que el ejército ha tomado acciones desproporcionadas contra las comunidades indígenas y pidió una investigación urgente del caso.
En el mes de agosto, la FLIP también expresó su preocupación por las reiteradas violaciones del ejército colombiano contra la libertad de prensa en el año 2020. Periodistas comunitarios en otras partes del país han informado sobre el uso abusivo de la fuerza, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de personal de las fuerzas armadas. Víctimas atendidas por la FLIP han informado que miembros del ejército señalan constantemente a los periodistas comunitarios como guerrilleros.
La FLIP también mencionó el caso de los expedientes secretos (ver Innecesaria, desproporcionada y generalizada: la normalización de la vigilancia en Colombia y América Latina, publicado aquí en mayo de 2020), una investigación que reveló una lista de 130 personas perfiladas por el ejército colombiano de las cuales 30 eran periodistas, algunos de ellos corresponsales para el New York Times, el Wall Street Journal, NPR y un fotógrafo de la National Geographic, todos ciudadanos estadounidenses. Según la revista local Semana, los fondos estadounidenses pueden haberse utilizado para crear un plan de vigilancia implementado por el ejército colombiano para espiar a periodistas, políticos, jueces e incluso oficiales de otras unidades de las fuerzas armadas en 2019.
Según la FLIP, en julio de 2020 la cámara baja del Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que requiere que el Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, presente un informe que evalúe si las denuncias que la asistencia del sector de seguridad de Estados Unidos brindó al gobierno de Colombia fueron utilizadas por, o en nombre del gobierno de Colombia, con fines de vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia dirigida a la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas y la oposición política. El proyecto de ley pasa ahora al Senado para su revisión.
A mediados de agosto, la FLIP expresó que, a pesar de las reiteradas solicitudes de investigación de todos los casos anteriores, el Ejército Nacional no ha esclarecido los hechos que rodean las violaciones ni ha informado al público sobre las sanciones aplicadas a su personal involucrado en abusos y actividades irregulares.
… y más expedientes: Vigilancia política en Brasil
Después del escándalo colombiano de los expedientes secretos a principios de este año, a fines de julio los medios brasileros informaron que el Ministerio de Justicia brasilero estaba recopilando información sobre funcionarios y académicos etiquetados como “antifascistas”. Según el portal web UOL se elaboraron perfiles sobre 579 personas, incluido un actual relator especial de la ONU y exsecretario nacional de derechos humanos, todos ellos críticos de la administración de Jair Bolsonaro.
Según UOL, los nombres se obtuvieron de firmas en declaraciones públicas y luego de entrevistas en las que dichas personas expresaron opiniones críticas en relación con la situación política en Brasil e incluso sobre temas como la seguridad pública.
Los expedientes fueron elaborados por la Secretaría de Operaciones Integradas: Seopi (Secretaria de Operações Integradas), una de las secretarías que dependen directamente del Ministro. Seopi recibió competencias de inteligencia a través de un decreto presidencial en enero de 2019. Según informes de noticias, los expedientes fueron clasificados como de «acceso restringido» y considerados confidenciales por el Ministerio. El columnista Rubens Valent afirma que, durante el último año, las operaciones de Seopi se han desviado principalmente a investigaciones de «carácter político».
Cincuenta organizaciones de la sociedad civil, incluida Artigo 19, miembro de IFEX, emitieron un comunicado diciendo que estos expedientes ilustran la persecución política. Según ellos “es extremadamente grave que el Ejecutivo federal se dedique a la vigilancia de voces críticas y disonantes, en una persecución que remonta a las prácticas de la dictadura militar. El presunto expediente representa una amenaza explícita al Estado de derecho y los principios constitucionales, fomentando la persecución contra la libre expresión de ideas y pensamientos, así como posiciones políticas”.
El asunto fue llevado a la Corte Suprema de Brasil, que el 20 de agosto declaró la práctica inconstitucional. La jueza que presidió el acto manifestó en su voto que “nadie tiene la atribución de preparar expedientes de ese tipo ni de abrir procesos de tipo inquisitivo”. El fallo de la Corte Suprema prohíbe el monitoreo de ciudadanos basado en «elecciones personales y políticas».
El columnista Conrado Hubner cuestionó la actuación del Ministerio, que se llevó a cabo “no por sospecha de actividad ilícita (lo que justificaría una investigación policial), sino por sospecha de un pensamiento (el pensamiento con sello “antifascista”)”, y agregó, “los regímenes autoritarios adoptan un arsenal de herramientas contra los enemigos: junto con la ejecución sumaria, la desaparición, la tortura y la estigmatización pública, la policía del pensamiento es su forma más insidiosa de anular a los oponentes”
La verdad permanece prisionera
El 26 de marzo de 2018 desapareció un equipo de medios del diario “El Comercio” de Ecuador (Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra). Estaban trabajando en una historia en la localidad de Mataje, en la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando fueron secuestrados por exguerrilleros de las FARC. Fueron llevados a Colombia y el 13 de abril el presidente ecuatoriano Lenín Moreno confirmó públicamente que habían sido asesinados por sus captores. Los cuerpos fueron recuperados tres meses después por las Fuerzas Especiales de Colombia, a decenas de kilómetros de donde habían desaparecido (para más detalles, lea el artículo Una frontera mortal y la voz del silencio publicado en enero de 2020).
Dos años después, las familias y amigos todavía esperan que se resuelva el crimen.
Angulo Arboleda, uno de los sospechosos acusados de participar en el secuestro y asesinato, fue liberado en agosto pasado. Se encontraba detenido en prisión preventiva, pero dada la lentitud del caso, la prisión preventiva fue levantada una vez vencidos los plazos legales. Las audiencias del caso fueron canceladas más de cinco veces por diferentes motivos, provocando importantes retrasos.
A principios de este año, en junio, otro de los acusados en el caso, Gustavo Alonso Ospina Hernández, también fue liberado en términos similares. Desde entonces no ha comparecido en las audiencias de la Corte que continúan teniendo lugar en la causa penal en su contra.
Los miembros de IFEX, Fundamedios y FLIP, junto a los familiares de las víctimas, han emitido un comunicado expresando su preocupación por esta situación: “para nosotros, estas decisiones son una señal clara del riesgo de impunidad que permea este caso, por ello hacemos un llamado para que los Estados de Colombia y Ecuador reafirmen su compromiso en lucha contra la impunidad en este caso y que adopten las recomendaciones sugeridas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
En breve
Censura en Cuba, Guatemala y Honduras
ARTÍCULO 19 México y Centroamérica publicaron un nuevo informe sobre la censura en Cuba, Guatemala y Honduras. Según el informe, estos países, a pesar de presentarse formalmente como democracias, han mantenido durante años prácticas autoritarias que impactan directamente en el ejercicio del periodismo y el flujo de información disponible para el público. El informe señala el control de los medios de comunicación por parte del Estado, mediante el uso de mecanismos indirectos de censura como la asignación arbitraria de publicidad oficial, en particular en Guatemala y Honduras. El documento afirma que en los tres países, los procedimientos de concesión de licencias de radiodifusión facilitan la concentración de la propiedad de los medios (en el caso de Cuba, a través del monopolio estatal). Las amenazas a la independencia de los medios de comunicación son muchas, pero los casos de detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos también son una realidad, así como lo es la impunidad generalizada.
Voto electrónico en Chile
Derechos Digitales recientemente llamó la atención sobre el hecho de que en Chile, los desafíos impuestos por la pandemia del COVID-19 han llevado a las autoridades a buscar alternativas tecnológicas al voto presencial con el fin de reducir los riesgos sanitarios involucrados. Según la organización, el voto electrónico a distancia no cumple con los principios constitucionales chilenos que exigen que el voto sea un acto personal y secreto. Leer más aquí.
Los Estados deben acelerar las políticas de acceso universal a Internet durante COVID-19
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión emitieron un comunicado llamando a los Estados a adoptar medidas diferenciadas para incorporar a los grupos en situación de vulnerabilidad en sus políticas de acceso a internet. Tales políticas deben acelerarse durante la pandemia del COVID-19. El documento también pide a los Estados que se abstengan de interrumpir el acceso a Internet bloqueando, filtrando o interrumpiendo el servicio por razones políticas o discriminatorias.
¿Recursos públicos para financiar la persecución contra periodistas?
El 1ro de julio de 2020, la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil Internacional por la Seguridad de los Periodistas envió una solicitud de información al presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con la Agencia de Noticias del Estado de México (NOTIMEX). Con base en el derecho de petición, el documento solicitó investigaciones sobre posible abuso de poder e irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de la directora del organismo, Sanjuana Martínez Montemayor. Estos hechos habían sido denunciados públicamente por ARTÍCULO 19, Aristegui Noticias y Signa_lab del ITESO, y se basan en pruebas y testimonios sólidos. Los últimos hallazgos de los grupos apuntan a evidencia de que los fondos públicos se han utilizado indebidamente para atacar a periodistas y dañar la libertad de expresión en México. Hasta la fecha, la Coalición no ha recibido ninguna respuesta y se han vuelto a producir ataques contra testigos, especialmente después de que se publicara un artículo de la BBC sobre el caso el 8 de agosto.
Una historia oral de COVID-19: las Américas
Muchos miembros de IFEX han respondido a nuestra solicitud de compartir reflexiones personales y profesionales sobre la vida y el trabajo durante la pandemia del COVID-19. Desde las Américas hemos recibido respuestas de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Open Media, la Fundación Karisma, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión (OLA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI) y el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM).
En las narrativas compartidas, se encontraban los conceptos de adaptación, flexibilidad y cuidado.
“Hemos renunciado a nuestra oficina física. Así que nos hemos adaptado para ser 100% remotos como fuerza laboral”. Matt Hatfield de Open Media.
“[Una persona de nuestro personal] tuvo la idea de analizar el impacto de COVID internamente. Ella preparó un cuestionario y luego trabajaron en grupos de tres o cuatro tratando de entender cómo les había impactado la crisis mentalmente, en el rol que tienen en casa y más allá de sus responsabilidades profesionales. […] Además, queríamos entender cómo nos fue como organización al comienzo de la pandemia para responder a la misma. Muchas cosas surgieron de ese ejercicio y las estamos implementando”. Carolina Botero de Fundación Karisma.
“Transformamos nuestra agenda de desarrollo de capacidades y cambiamos toda la capacitación a un formato digital. De hecho, ahora es mucho más fácil organizar eventos. Siento que la gente está mucho más abierta a participar virtualmente que antes. Ha habido un cambio de mentalidad tanto en la demanda como en la oferta. [..] También parece que todos estamos haciendo mucho más ahora. Parece que los límites de las «horas de trabajo» ya no existen; todos saben dónde estás y esperan que estés disponible todo el tiempo”. Maria José Grillo de FOPEA.
IFEX comenzará a publicar las respuestas de nuestros miembros en las próximas semanas.
