Enero de 2022 en Europa y Asia Central: un resumen de las noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Erdoğan y sus aliados apuntan a mujeres destacadas en las artes y los medios; las autoridades kazajas son acusadas de uso excesivo de la fuerza y tortura durante los disturbios; el Departamento de Justicia de EEUU acusa a cuatro funcionarios bielorrusos de piratería aérea; PACE condena los “ataques extensos y virulentos” a los derechos LGBTQI+; y Julian Assange de Wikileaks gana la oportunidad de apelar la decisión de extradición.
“No me puedes amarrar la lengua”
La “guerra contra el arte y la cultura” del presidente Recep Tayyip Erdoğan (detallada por Arzu Geybullayeva en un artículo reciente para el sitio web de Global Voices) continuó en enero. En los últimos años, varias figuras de los sectores de las artes y el entretenimiento de Turquía han sido amenazadas, acosadas o perseguidas por su trabajo, y este mes se agregó otro gran nombre a la lista: la cantante y compositora Sezen Aksu.
Después de que grupos islamistas acusaran a la cantante de «atacar los valores tradicionales» en la letra de su canción ‘Vivir es algo maravilloso’ (su objeción fue en particular la parte de la canción que decía ‘Saluda a esos ignorantes de Eva y Adán’), Aksu se vio en la mira de Erdoğan, sus seguidores y los medios alineados con el gobierno. Un grupo pro-Erdoğan presentó una denuncia penal contra ella por “degradar los valores religiosos”. El regulador de medios de Turquía advirtió a los canales de música que no reprodujeran su canción y el propio Erdoğan declaró públicamente que a los que «difaman» a Adán se les debería «arrancar» la lengua. Aksu ha respondido desafiante lanzando una nueva canción, ‘El cazador‘, que incluye la frase: «No me puedes amarrar la lengua».
Aksu es una de las cuatro figuras a las que más de mil intelectuales turcos prometieron apoyo a fines de enero en una declaración pública que criticaba el ataque del gobierno al Estado de derecho y los principios democráticos.
En enero también se produjeron desarrollos en varios otros casos de alto perfil que son de particular interés para los miembros de IFEX: la periodista Sedef Kabaş fue arrestada y acusada de “insultar al presidente” después de que citara un proverbio en la televisión (“Un toro no se convierte en rey con solo entrar en el palacio, pero el palacio se convierte en granero”); el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que Turquía violó los derechos del periodista de Die Welt, Deniz Yücel, cuando fue arrestado en 2017 y detenido durante 367 días; un tribunal de Estambul se negó una vez más a acatar una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para liberar al líder de la sociedad civil detenido Osman Kavala; y el periodista Rojhat Doğru fue condenado en ausencia a cadena perpetua por cargos relacionados con el terrorismo por su cobertura de las protestas en Kobanî, Siria, en 2014.
En enero se publicaron varios informes que analizan el historial de derechos humanos de Turquía durante 2021. Todos subrayaron la peligrosa situación para la libertad de expresión y otros derechos: el Informe Anual del TEDH reveló que Turquía siguió siendo el principal violador de la libertad de expresión en 2021. El TEDH falló contra el país en 31 casos de libertad de expresión; Turquía también ocupó el tercer lugar en una lista de cinco países que fueron responsables del 95 % de todas las solicitudes de eliminación de contenido realizadas a Twitter en la primera mitad de 2021 (Turquía realizó 5454 solicitudes de este tipo). El resumen de la publicación Expression Interrupted del último trimestre de 2021 mostró que 203 periodistas comparecieron ante los tribunales en 98 casos durante el período; y el Informe de Monitoreo de la Violencia Masculina de Bianet reveló que hubo 324 feminicidios en 2021, año en que Turquía se retiró de la Convención de Estambul sobre violencia contra las mujeres (esto es 40 más que en 2020, cuando hubo 284 feminicidios).
Fuerza excesiva
En Kazajstán, a principios de enero se produjeron aproximadamente 12000 detenciones y 225 muertes (incluidas las de 19 policías), mientras las autoridades reprimían tanto las manifestaciones pacíficas como los disturbios que azotaban el país.
Lo que comenzó el 2 de enero en la ciudad de Zhanaozen como una protesta contra el aumento de los precios de la gasolina, pronto se extendió a otras ciudades y pueblos cuando miles de ciudadanos comenzaron a hacer campaña por reformas económicas y políticas. El 4 de enero se declaró el estado de emergencia y el gobierno renunció.
La policía, que utilizó granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos y munición real, apuntó por igual a manifestantes, periodistas y revoltosos. El presidente Kassym-Jomart Tokayev, quien en varios momentos culpó por los disturbios a los “medios independientes”, “individuos en el extranjero” y militantes armados de Medio Oriente, dio a las fuerzas de seguridad kazajas la orden de “disparar a matar”. Se emplearon apagones de Internet para interrumpir las protestas y evitar la cobertura de la prensa.
Varios periodistas fueron arrestados, muchos resultaron heridos tanto por los revoltosos como por la policía; un trabajador de los medios fue asesinado a tiros y las oficinas de cinco estaciones de televisión locales fueron incendiadas. El miembro regional de IFEX Adil Soz, el Comité para la Protección de los Periodistas(CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Instituto Internacional de Prensa han documentado muchos de estos ataques a los medios. RSF ha pedido a la ONU y a la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) que examinen los ataques contra la prensa por parte de las autoridades kazajas.
Los arrestos y el hostigamiento de periodistas continuaron después. Los activistas de la oposición también han denunciado que fueron torturados bajo custodia policial durante los disturbios.
A fines de enero, Human Rights Watch publicó un informe basado en su análisis de 80 videos verificados grabados del 4 al 6 de enero en la ciudad de Almaty. Los videos muestran que las autoridades kazajas hicieron uso excesivo de la fuerza en al menos cuatro ocasiones. Según la organización, “el peor de los cuatro incidentes analizados en los videos condujo a 10 asesinatos aparentes con 19 personas heridas”; y agregó: “el número total de víctimas probablemente sea mayor, tanto en este caso como en otros”.
[Traducción: Hace tres semanas, las fuerzas de seguridad de #Kazakhstan cometieron graves abusos en Almaty en respuesta a protestas pacíficas y disturbios. El gobierno kazajo quisiera ahora que todos pasaran la página. Aquí hay un informe de @hrw que explica por qué no deberían]
Libertad para Andrei Aliaksandrau e Irina Zlobina
En enero, el Departamento de Justicia de EEUU acusó a cuatro funcionarios del gobierno bielorruso de conspiración para cometer piratería aérea por su papel en el aterrizaje forzoso en Bielorrusia en 2021 de un avión que transportaba al editor de NEXTA, Raman Pratasevich. Los cargos surgieron luego de la publicación de un informe de la ONU que decía que la afirmación del gobierno bielorruso de que había forzado el aterrizaje del avión debido a una amenaza de bomba era “deliberadamente falsa”. Pratasevich, quien enfrenta una posible pena de 15 años de prisión en relación con las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2020, fue liberado de su arresto domiciliario este mes.
Las autoridades siguen persiguiendo a organizaciones de la sociedad civil y periodistas, incluidos Aliaksandr Ivulin (encarcelado en enero durante dos años por cubrir protestas) y Sevyaryn Kvyatkouski (detenido este mes a su regreso a Bielorrusia tras pasar seis meses en el extranjero).
El mes de enero también marcó el primer aniversario de la detención del periodista y defensor de derechos Andrei Aliaksandrau y su pareja Irina Zlobina. La organización Index on Censorship y ARTICLE 19 lanzaron una campaña pidiendo su liberación.
[ Traducción: El 12 de enero marca un oscuro primer aniversario de la detención de los presos políticos y DDH #AndreiAliaksandrau e #IrinaZlobina en #Bielorrusia. Nos unimos a @ARTICLE19org y @IndexCensorship para mostrar solidaridad con Andrei e Irina y exigir su liberación. #FreeAndreiAndIrina]
La líder de la oposición en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, llamó este mes a que el Día de la Solidaridad con Bielorrusia (9 de febrero) esté dedicado a los “medios de comunicación libres, periodistas, blogueros y todos aquellos que dicen la verdad sobre la situación en el país”.
En breve
En el Reino Unido el Tribunal Superior dictaminó que Julian Assange podía acudir al Tribunal Supremo para apelar una decisión judicial anterior que permitía su extradición a Estados Unidos. De ser extraditado y condenado, Assange enfrenta 175 años de prisión por publicar información de interés público. Por los momentos, Assange sigue tras las rejas en la prisión de alta seguridad de Belmarsh.
Diecinueve organizaciones de la libertad de prensa prometieron su apoyo a la periodista de investigación Carole Cadwalladr cuando se enfrentó a un juicio por difamación en el Reino Unido en enero. Cadwalladr es el objetivo de una SLAPP (Demanda Estratégica contra la Participación Pública) por los comentarios que hizo durante una charla TED (y un tweet que enlazaba con la charla), en los que alegaba que el empresario británico Arron Banks había mentido sobre su relación con el gobierno ruso. Se espera la decisión por escrito de la corte en las próximas semanas o meses.
Case Coalition lanzó una petición este mes pidiendo a la Unión Europea que apruebe una legislación vinculante que proteja a todas las víctimas de SLAPP. A fines de enero, la petición tenía más de 185.000 firmas.
Hacia finales de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una resolución condenando “los extensos y a menudo virulentos ataques” contra los derechos de las personas LGBTQI+ en los Estados miembro. Señalando en particular a Hungría, Polonia, la Federación Rusa, Turquía y el Reino Unido, la Asamblea indicó que la principal amenaza provenía de «figuras políticas, incluidos representantes gubernamentales, así como líderes religiosos». La Asamblea también pidió a los Estados miembro que no promulguen legislación anti-LGBTQI+ y que implementen las sentencias del TEDH donde se hayan encontrado violaciones de los derechos de las personas LGBTQI+.
Desde enero de 2021, cuando entró en vigor la prohibición del Tribunal Constitucional de casi todos los abortos en Polonia, más de 1000 mujeres polacas han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para garantizar sus derechos reproductivos. En este proceso, han sido asistidas por organizaciones internacionales de derechos, incluido el miembro de IFEX Human Rights Watch. La prohibición ya ha provocado la muerte de mujeres: en septiembre de 2021, una mujer joven murió de shock séptico porque los médicos no quisieron interrumpir su embarazo a pesar de no ser viable; en enero de 2022, otra mujer murió después de que los médicos se negaran a realizar un aborto y dejaran un feto muerto en su útero durante una semana.
IFEX se unió a un grupo de diez organizaciones de libertad de expresión este mes para plantear preocupaciones sobre la falta de consultas transparentes con la sociedad civil luego de la investigación pública del caso de Daphne Caruana Galizia en Malta. El grupo le recordó al primer ministro Abela que la implementación de las recomendaciones de la investigación debe cumplir con los estándares internacionales y le pidió que, en el futuro, permitiera la participación en una consulta significativa y abierta, “en particular mediante la publicación de la legislación propuesta relacionada con la libertad de prensa”.
