(PROBIDAD/IFEX) – El 13 de octubre de 2005, el Tribunal de Sentencia de Comayagua, con jurisdicción en la ciudad de Marcala, en el central departamento de La Paz, absolvió a un grupo de cinco policías y dos periodistas, acusados del delito de difamación, luego que hicieran público un testimonio que revelaba la presunta implicación de […]
(PROBIDAD/IFEX) – El 13 de octubre de 2005, el Tribunal de Sentencia de Comayagua, con jurisdicción en la ciudad de Marcala, en el central departamento de La Paz, absolvió a un grupo de cinco policías y dos periodistas, acusados del delito de difamación, luego que hicieran público un testimonio que revelaba la presunta implicación de altos oficiales uniformados acreditados en la zona, en el delito de contrabando de madera, café y granos básicos rumbo a El Salvador.
El juez Rafael López Murcia, en su calidad de titular de la sala, argumentó al leer la sentencia que durante las pruebas evacuadas en el juicio no hubo ningún indicio racional que inculpara a los periodistas y policías en el delito que se les imputaba.
Acompañado de los jueces Raúl Iván Chávez y Rafael Bustillo, López Murcia dijo que el fallo de absolución era unánime. En el caso de los periodistas Carlos Galeas y Suyapa Banegas, la sentencia de los jueces indica que éstos en ningún momento incurrieron en calumnia ni difamación, pues su trabajo se centró en difundir una información que era de interés público.
«La información que dio el periodista Galeas se efectuó con objetividad y en el pleno ejercicio de la libertad de expresión», dijo el juez López Murcia al momento de leer el veredicto final que será ratificado el 31 de octubre de 2005, cuando los apoderados legales de las partes en conflicto se apersonen para notificarse de la sentencia.
Del mismo modo, el Tribunal de Sentencia dictaminó que en el caso de los policías acusados también por el delito de difamación, éstos quedaban absueltos porque lo que hicieron fue investigar una serie de hechos de presuntos casos ilícitos que ocasionaban daños a la economía nacional y al país en general, al existir evidencias fehacientes acerca del contrabando.
En este sentido, el Tribunal de Sentencia más bien llamó la atención de las entidades operadoras de justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad, para que efectúen una investigación seria y exhaustiva en torno a las denuncias de contrabando en la zona, porque «se ha comprobado que ello ha sido una práctica inveterada que es deleznable para el país y la economía en general».
«Estas prácticas son deleznables y deben ser investigadas con rigor y seriedad por las instituciones encargadas de este ejercicio en Honduras», sostiene en forma tajante la sentencia.
Tras conocer la resolución del Tribunal de Sentencia, Galeas dijo al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) que «este día no gané yo, gano la sociedad y la libertad de expresión».
«Aquí ganó la sociedad que exige a la autoridad la rendición de cuentas y la investigación de las denuncias hechas por los policías como resultado de una investigación seria y exhaustiva. La gente debe estar contenta porque ganó la libertad de expresión», dijo Galeas, mientras era felicitado por numerosas personas que abarrotaron la sala para escuchar la sentencia.
Por su parte, Omar Menjívar, abogado defensor de los querellados, dijo que la sentencia del tribunal era histórica no sólo por el hecho de ratificar el derecho a la información y la libertad de expresión que le asiste a la sociedad, sino porque también hace un fuerte llamado a las instituciones públicas como Ministerio Público y Ministerio de Seguridad para que cese la impunidad de los delitos «y se investigue a fondo los actos de corrupción aquí denunciados y evidenciados. Esta sentencia es histórica por eso», recalcó Menjívar al C-Libre.
