Para evitar la "censura previa", el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) avaló recientemente establecer límites a la autoridad electoral sobre mecanismos que restringen la publicidad electoral.
(CEPET/IFEX) – Para evitar la «censura previa», el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) avaló recientemente establecer límites a la autoridad electoral sobre mecanismos que restringen la publicidad electoral.
Con esa tesis de jurisprudencia el TRIFE resolvió una impugnación del Partido Social Demócrata contra el acuerdo del Instituto Federal Electoral (IFE) para blindar el proceso electoral de actividades ilícitas, de acuerdo con información que publicó el periódico «Reforma» el 13 de abril de 2009.
Al emitir el fallo, los magistrados señalaron que el ejercicio de la libertad de expresión se maximiza durante las contiendas electorales, por lo que se convierte en una herramienta esencial en la propaganda política, y cuya única limitante es lo que establece la Constitución.
«Es factible imponer ciertos límites y reglas respecto al ejercicio del derecho a la libre expresión, incluso respecto del contenido, características y modalidades de los mensajes.
«Sin embargo, la determinación y aplicación de estos límites debe ser ex post; esto es, no puede consistir en excluir, en forma previa, el mensaje del conocimiento y probable debate público, sino que se debe permitir la difusión y el sometimiento de las opiniones y mensajes al conocimiento y probable debate público y, de ser el caso, al escrutinio administrativo y jurisdiccional», establece la tesis del Tribunal Electoral.
Los magistrados coincidieron en que el verdadero debate democrático es aquel donde se permite la libre circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus partidos; un debate en el que se cuestiona e indaga sobre la capacidad e idoneidad de los aspirantes a un cargo de elección popular, así como las discrepancias y confrontaciones de las propuestas.
El fallo también da respuesta a la preocupación de algunas organizaciones en favor de la libertad de expresión, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que consideraban que la ley de propaganda electoral alentaba la censura.
