(IPYS/IFEX) – El 25 de enero de 2008 Fernando Valderrama, el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, prohibió el acceso de la prensa a la sala donde se conocería una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Ricardo Blanco, juez de la Corte de Apelaciones del distrito de San Miguel, en Santiago de […]
(IPYS/IFEX) – El 25 de enero de 2008 Fernando Valderrama, el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, prohibió el acceso de la prensa a la sala donde se conocería una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Ricardo Blanco, juez de la Corte de Apelaciones del distrito de San Miguel, en Santiago de Chile.
El Código de Procedimiento Penal contempla como una excepción la posibilidad de realizar esta primera etapa del proceso sin público y sin prensa, a petición de la defensa. Sin embargo, el abuso de esta atribución por parte de los jueces de garantía ya ha sido criticado en ocasiones anteriores y, en este caso, por el juez de la Corte Suprema, Milton Juica, y el ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
La medida fue rechazada por el Colegio de Periodistas y la Agrupación de Periodistas de Tribunales por considerar que, en este caso, «se trata de un tratamiento inusual, si no especial, a un caso en el cual se vio involucrado un ministro de la Corte de Apelaciones».
Los presidentes de ambas organizaciones, Luis Conejeros y Mario Antonio Guzmán, respectivamente, se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, quien se comprometió a realizar una investigación a cargo de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gabriela Pérez.
Finalmente, la esposa de Blanco, Jeannette Dávalos Bascuñan, retiró los cargos contra el juez y, por lo tanto, el fiscal Jorge Martínez, miembro de la Unidad de Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Oriente de Santiago, no pudo formalizar al ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel por violencia intrafamiliar.
