(PERIODISTAS/IFEX) – El 4 de octubre de 2001 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil confirmo una condena que obliga al semanario «O Debate», a pagar una indemnizacion por un monto que sería imposible de afrontar y que decretaría su cierre. La publicacion de la localidad de Santa Cruz do Rio Pardo (375 kilometros […]
(PERIODISTAS/IFEX) – El 4 de octubre de 2001 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil confirmo una condena que obliga al semanario «O Debate», a pagar una indemnizacion por un monto que sería imposible de afrontar y que decretaría su cierre. La publicacion de la localidad de Santa Cruz do Rio Pardo (375 kilometros al oeste de la ciudad de São Paulo) fue demandada en 1995 bajo los cargos de «daño moral» por un juez local que se sintio agraviado por artículos referidos a su desempeño.
Desde 1991 «O Debate» publico informacion sobre el juez Antônio José Magdalena, de la Jurisdiccion Civil. Según el periodico, el magistrado vivía en una casa de gran nivel a costa de los fondos públicos mientras la residencia oficial destinada al Poder Judicial estaba desocupada. Después revelo que Magdalena instalo una línea telefonica de propiedad comunal para su uso particular, en momentos en que la intendencia atravesaba una crítica situacion economica y le negaba al Cuerpo de Bomberos la cesion de una línea.
Un año después critico el desempeño del juez en una condena a otro diario que, según el juez, había violado la ley de prensa. Sérgio Fleury Moraes, director de «O Debate», aseguro a PERIODISTAS que «toda la informacion se basa en documentacion auténtica». Sin embargo, el juez lo acuso de invadir su intimidad y de poner en riesgo a su familia al publicar una foto de su casa y el número del cuestionado teléfono, y exigio una indemnizacion de alrededor de 300 mil reales.
En primera instancia el semanario fue condenado a pagar 1.800 salarios mínimos (por entonces unos US$100,000) por el juez local Osny Bueno de Camargo, magistrado de la Jurisdiccion Civil que trabajaba en la oficina contigua a la de Magdalena. El Tribunal de Justicia del estado de São Paulo confirmo la condena pero redujo el monto a mil salarios. Moraes apelo la decision ante el STJ y el ministro relator de la 3a Sala acepto el recurso, poniendo el caso a consideracion del pleno de la Sala.
El 4 de octubre este tribunal sentencio que el semanario debe pagar la indemnizacion. De los cinco jueces de la sala, votaron solo tres y lo hicieron por unanimidad. En la actualidad la pena representa unos 180 mil reales (más de US$64,000) pero Moraes estima que con costas y actualizaciones la suma llegaría a los 400 mil reales (más de US$140,000). Es un monto muy superior al valor del patrimonio de la publicacion, que según su director asciende a unos 110 mil reales (alrededor de US$40,000).
La defensa planteo que el propio fallo de primera instancia era inválido pues, al contrario de lo hecho por ese juzgado, «se hacía necesario el examen del contenido ofensivo a la honra del juez». Y, por otro lado argumento que la Ley de Prensa en Brasil (ley 5.250) prevé un límite máximo de 200 salarios mínimos para las acciones indemnizatorias.
La 3a Sala desestimo estos argumentos al considerar que «la única prueba pertinente es la presentacion de las ediciones en que fueron publicadas los artículos que, según del juez (Magdalena), serían ofensivas a su honra, imagen, privacidad e intimidad». Con respecto al valor de la indemnizacion, los jueces respaldaron la opinion del juez relator, Ari Pargendler, quien en su reporte había resaltado que «pocas son las empresas periodísticas, con sede en ciudades del interior del país, que tiene una sede semejante a la de ‘O Debate'». Y concluyeron que es competencia del Supremo Tribunal Federal -y no del STJ- establecer si la Ley de Prensa 5.250 sigue vigente o si la Constitucion Federal de 1988 determino su revocacion.
Moraes informo a PERIODISTAS que aún tiene la posibilidad de recurrir ante el plenario del STJ del estado de São Paulo, y que en caso de recibir un nuevo revés todavía tendría la alternativa de presentar un reclamo ante el Supremo Tribunal Federal, máxima instancia judicial del Brasil.
Background Information
En marzo Moraes denuncio ante PERIODISTAS que el periodico es víctima de «una persecucion judicial» que llevaba diez años y era sostenida por una posicion «extremadamente corporativista» del poder judicial de São Paulo. El caso llego a consideracion de la prensa nacional, a tal punto que prestigiosos periodicos como «O Estado» de São Paulo y «A Folha» de São Paulo han expresado su preocupacion por el caso, y organizaciones como la Federacion Nacional de Periodistas (Fenaj) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo han incluido en sus informes anuales. Incluso el senador José Sarney (PMDB) estimo que «procesos por daños morales no están sirviendo como reparacion de los perjuicios, sino como una forma de enriquecimiento ilícito».
El periodista relato que el juez y el fiscal le iniciaron varias causas judiciales. Una de ellas -cuando Magdalena ocupaba el cargo de juez electoral- llevo a Moraes a prision por siete meses durante 1996, por haber publicado una nota de tapa de «A Folha» de São Paulo sobre malos antecedentes de un candidato a intendente. «El juez Magdalena ordeno la reactivacion del Albergue Municipal, usado desde hacía años como perrera, exclusivamente para mi encierro, puesto que el resto de los presos con régimen abierto como yo cumplían arresto en sus casas», señalo Moraes. «Reclamamos al Tribunal Electoral del estado que Magdalena mantenía contra mí una querella y que eso lo inhabilitaba para actuar en mi causa, pero nuestro recurso entro en un lento procedimiento y solo pude obtener la detencion domiciliaria recién luego de que el periodista Clovis Rossi denunciara la situacion desde su espacio en ‘A Folha'», completo Moraes.
Cuando la causa llego a manos del STJ, PERIODISTAS y Reporteros Sin Fronteras (RSF) enviaron cartas de reclamo a los jueces encargados de decidir sobre el destino del semanario. En el mes de mayo el juez relator firmo un despacho donde acepto el recurso presentado por la defensa de «O Debate» y ordeno que el STJ de São Paulo revisara su fallo. El director del diario expreso entonces que a su entender «en el nuevo fallo peso mucho las cartas que PERIODISTAS y RSF enviaron a los jueces del STJ».
Recommended Action
Enviar cartas de solidaridad con «O Debate» y de consulta sobre las acciones que seguirá la defensa del semanario de aquí en adelante.
Remitir apelaciones al Superior Tribunal de Justicia del estado de Sao Paulo
– destacando los principios vigentes en acuerdo y convenciones internacionales en materia de libertad de expresion (Convencion Americana de Derechos Humanos, Declaracion de Principios de la OEA, firmada en octubre de 2000) y las garantías previstas según la doctrina de la «real malicia»
– señalando que cuando una sancion indemnizatoria alcanza este nivel -inédito en la historia del Brasil- tiene efectos de censura al llevar al cierre a una publicacion
Appeals To
O Debate
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Av. Clementino Gonçalves, 1.070
Teléfono: +14 372 5555
Teléfono Celular: +14 9782 1441
Domicilio personal: +14 372 4659
Correo-e: jdebate@uol.com.br
Sitio internet: www.debate.com.br
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Favor de mandar copias de sus apelaciones al originador donde sea posible.
