Desde que fue electo, el presidente Sánchez Cerén mantiene relaciones distantes con los periodistas y se muestra poco dispuesto a responder a sus preguntas.
Este artículo fue publicado originalmente en rsf.org el 4 de junio de 2015.
Se cumple un año de que Salvador Sánchez Cerén llegó a la presidencia. Con ocasión de esta fecha, Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia las restricciones que imponen las autoridades a los periodistas en el acceso a la información. Entre 2014 y la 2015 El Salvador descendió siete lugares en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.
Desde que fue electo, el presidente Sánchez Cerén mantiene relaciones distantes con los periodistas y se muestra poco dispuesto a responder a sus preguntas. Incluso se comportó de forma hostil con ellos el 15 de abril pasado, cuando acusó a los medios de comunicación que habían publicado estadísticas sobre la violencia en el mes de marzo, de participar en una campaña de “terror psicológico” contra el gobierno.
Es el colmo para un país en el que, según datos de la policía, se cometieron 481 homicidios en marzo, en promedio 16 al día, con lo que este mes se convirtió en uno de los más mortíferos de la última década. Los actores de la información también se ven afectados por este clima de violencia generalizada. Desde el 1 de junio de 2014, RSF ha registrado tres asesinatos de periodistas en El Salvador, en los que no ha sido posible establecer si los crímenes tuvieron un vínculo directo con su profesión.
Algunos periodistas que investigan temas relacionados con la corrupción, las finanzas públicas y la violencia han padecido declaraciones hostiles, acusaciones y presiones de funcionarios. A inicios de mayo el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, Tovías Armando Menjívar, ordenó al diario La Página que suprimiera un texto sobre el caso en el que se investiga el expresidente Francisco Flores y que dejara de publicar información sobre este tema so pena de enfrentar acciones legales. Días después el fiscal general, Luis Martínez, aseveró que no se trataba de una mordaza informativa.
En julio de 2014 en San Salvador, agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (DAN) interpelaron a Óscar Martínez, periodista del diario El Faro, cuando regresaba de hacer una investigación para un reportaje; le dijeron que seguían “órdenes de arriba”. Los agentes de la DAN lo interrogaron sobre la identidad de su fuente y le preguntaron si era el autor de los reportajes sobre el crimen organizado publicados en el periódico. En noviembre de 2014 Jorge Beltrán Luna, periodista de El Diario de Hoy, también fue interpelado por agentes de la DAN, cuando regresaba de trabajar en un reportaje en la zona de San Ignacio. El presidente de Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) expresó su gran preocupación por esta censura y su temor de que ésta se generalice.
“Las autoridades tienen una responsabilidad ante los periodistas y los medios de comunicación. Deben dar el ejemplo teniendo una actitud respetuosa frente a la prensa, pues de lo contrario se corre el riesgo de alentar los abusos contra los medios de comunicación”, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de RSF. «Exhortamos al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén a adoptar una actitud más abierta frente a los medios de comunicación y a hacer que cesen las prácticas que van contra la Ley de Acceso a la Información Pública de 2012”, añadió.
El principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”. A tres años de que entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en El Salvador, hemos constatado que algunos altos funcionarios del Estado limitan la transparencia para restringir la difusión de información que pudiera ser comprometedora o problemática para ellos.
Diversas organizaciones salvadoreñas, como el Grupo Promotor, denuncian lo que consideran abusos. Ciertas cifras económicas, como el costo de la publicidad del Estado o de los viajes oficiales, se considera información confidencial, por lo que se prohíbe el acceso público a ellas por largos periodos. Esto, pese a que el artículo 10 de la LAIP (apartados 4, 11 y 13), precisa que la información relativa al gasto público debe ser puesta a disposición de la población. El hecho de que el mismo presidente incumpla estas reglas no propicia que los altos funcionarios cambien su modo de actuar en la transmisión de información.
El Salvador se encuentra en el lugar 45, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF en febrero de 2015.
