(RSF/IFEX) – RSF ha expresado su preocupacion por la posibilidad de que sea condenado a dos años de cárcel Víctor Ramos, caricaturista del diario «La Prensa», denunciado por «delito contra el honor». «Resulta escandoloso que una caricatura pueda originar para su autor diligencias penales», declaro Robert Ménard, secretario general de RSF. Este último se dijo […]
(RSF/IFEX) – RSF ha expresado su preocupacion por la posibilidad de que sea condenado a dos años de cárcel Víctor Ramos, caricaturista del diario «La Prensa», denunciado por «delito contra el honor». «Resulta escandoloso que una caricatura pueda originar para su autor diligencias penales», declaro Robert Ménard, secretario general de RSF. Este último se dijo «asombrado» por el motivo de las persecuciones, «ofensa al honor», cuya interpretacion remite a lo subjetivo y a lo arbitrario. Ha recordado que «la penalizacion de las expresiones de periodistas constituye un atentado contra la libertad de circulacion de la informacion garantizada por el Articulo 19 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Panamá». La organizacion ha pedido, en una carta dirigida a Adan Arnulfo Arjona, presidente de la Corta Suprema de Justicia, que las diligencias contra el caricaturista sean abandonadas.
Según las informaciones recogidas por RSF, a Ramos le denuncio el ex presidente Ernesto Pérez Balladares. El periodista fue citado a comparecer ante la Fiscalía el 7 de junio 2002. Según el articulo 175 del Codigo penal, podría ser condenado a hasta dos años de cárcel. Balladares interpuso una querella contra Ramos, después de la publicacion, el 11 de abril, de una caricatura del dibujante, denunciando la mala gestion del ex presidente.
Otro caricaturista del diario, Julio Enrique Briceño, está denunciado por «delito contra el honor» desde 2001. Ricardo Arias Calderon, ex-presidente de la democracia cristiana, denuncio a Briceño después de la publicacion, en 2000, de una caricatura en el diario «La Prensa» (ver las alertas de IFEX del 5 de noviembre y 10 de julio de 2001).
En un texto adoptado en enero de 2000, el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresion establecio claramente que «la pena de prision por la expresion pacífica de una opinion vulnera gravemente los derechos humanos.» También, de acuerdo con el artículo 11 de la Declaracion de Principios sobre la Libertad de Expresion ratificada por la Comision Interamericana de Derechos Humanos, «las leyes que penalizan la expresion ofensiva dirigida a funcionarios públicos … atentan contra la liberta de expresion».
