Una agresiva persecución legal e intimidación de los medios de prensa, liderada por el Presidente Rafael Correa, está debilitando garantías sobre libertad de expresión, revela el informe.
(CPJ/IFEX) – Quito, Ecuador, 1 de septiembre de 2011 – Una agresiva persecución legal e intimidación de los medios de prensa, liderada por el Presidente Rafael Correa, está debilitando garantías sobre libertad de expresión en Ecuador, según reveló un nuevo informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
«Desde 2007, la situación de libertad de prensa se ha deteriorado seriamente en Ecuador, que se ha convertido en uno de los países más restrictivos para los periodistas», señaló Carlos Lauría, autor del informe y coordinador senior del programa de las Américas. «La administración Correa está promoviendo legislación que puede amenazar seriamente la libertad de expresión en Ecuador».
Los ataques contra la libertad de expresión se verifican a través de demandas de difamación, campañas de descrédito, interrupción de programas de noticias en medios privados y medidas aprobadas en un referendo para regular contenido y la propiedad de los medios. Las autoridades han propuesto la creación de un consejo de regulación con amplias atribuciones para controlar a la prensa y determinar penalidades ante supuestas violaciones. Al mismo tiempo, el gobierno ha erigido uno de los conglomerados de medios estatales más grandes de la región, con unas 15 emisoras de radio, televisión, medios impresos y una agencia de noticias que sirven para ampliar el punto de vista de la administración. En 2007, los medios estatales consistían solo en una estación de radio.
Fundamedios, un grupo local de defensa de la libertad de prensa, ha documentado más de 380 violaciones a la libertad de prensa desde enero de 2008 hasta julio de 2011. De 22 casos documentados en 2008, los abusos escalaron a 151 en 2010 y están ocurriendo con una regularidad que excedería ese nivel en el corriente año, según el grupo.
La ley ecuatoriana contradice el consenso emergente en América Latina que sostiene que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en casos de supuesta difamación. Decisiones recientes en Costa Rica, Argentina y Brasil directamente han eliminado disposiciones penales sobre difamación o las han debilitado. Un cuerpo creciente de opiniones jurídicas internacionales indica que los funcionarios públicos no deben estar protegidos del escrutinio, incluyendo una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2000. La comisión ha criticado las prácticas de la administración Correa.
