¿Que tan útiles son las elecciones para generar cambios? ¿Cómo se combaten problemas endémicos de una sociedad que asimiló la violencia en su diario vivir? ¿Qué puede hacer un gobierno de un signo distinto al que estuvo en los últimos seis años? Estas son algunas de las preguntas que contestan varias defensoras de los derechos humanos en México.
Cuando comienza un año, la gente se promete ser mejor versión de si mismos que la que fueron en el que termina: arrancará una dieta, hará deportes, procurará ahorrar dinero… Por lo general llega marzo y muchas de esas promesas ya están en saco roto. Cuando hay elecciones en un país, el sentir colectivo del partido ganador es un poco similar, en particular si vienen a desbancar a un partido ubicado en la vereda ideológica de enfrente.
Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México una luz de esperanza se abre para muchos en temas tan acuciantes como la seguridad y la impunidad. Otro foco de extrema preocupación son los niveles de violencia hacia periodistas y activistas que tiene el país y su índice de impunidad en esos crímenes, que según organizaciones civiles es del 99.6%.
IFEX consultó a varias activistas y defensoras de derechos humanos mexicanas para saber que expectativas tienen ante un nuevo gobierno y por qué creen que México no puede salir del espiral de violencia extrema que lo convierten en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.
Con 12 periodistas asesinados en 2017 y siete en 2018, Reporteros Sin Fronteras volvió a ubicar al país entre los 50 estados con menos libertad de prensa del mundo. Así, el estado de este derecho humano en México es un tema acuciante y recurrente entre la sociedad civil. ¿Lo será en este gobierno?
Hacer el trabajo que el gobierno no hace
Sandra Patargo es una activista que trabajó en la organización Articulo 19 y coordinó la red Rompe el Miedo, una plataforma que intenta visibilizar las agresiones e incidentes contra periodistas, medios y defensores de Derechos Humanos en el país.
La red se activó en diferentes situaciones y en particular durante los procesos electorales, donde constataron que «existe un aumento importante de la violencia».
A pesar de tener índices altos de ataques e incidentes, «nada se pudo comparar a esta elección».
«Fue una elección extremadamente violenta, documentamos 146 casos de ataques periodistas y solo el día de las elecciones hubo 32», dijo Patargo.
«Constatamos un aumento exponencial de los casos de violencia contra los periodistas y demás miembros de la red. Este fue un máximo histórico. Si bien esto se debe entre otros factores a que estas eran elecciones nacionales, lo cual las hacia mas grandes y que nuestra red se fue ampliando año a año, lo cierto es que la percepción generalizada es que la violencia lejos de decrecer o estabilizarse, aumenta», sostuvo.
Además, explicó, estas elecciones dejaron un saldo de más de 100 políticos muertos: «fue un proceso electoral extremadamente violento junto con un 2018 que se encuentra entre los años más sangrientos de la historia del país».
Para Patargo hubo «pequeños avances» hacia la reducción de esta violencia y ataques a periodistas, pero «sin duda falta muchísimo».
«Estamos a la espera de lo que será este nuevo gobierno. Vemos que, hasta ahora, además de un vacío de gobernabilidad, existen una batería de medidas para intentar proteger a los periodistas y activistas que no se pensaron bien, y que en muchos casos no han sido las idóneas», dijo, para agregar que uno de los ejemplos de políticas mal pensadas es el desplazamiento de periodistas a otras zonas del país.
«Es muy difícil que ese periodista siga ejerciendo tras el trauma del traslado», dijo.
«Esperamos que haya una reforma constitucional para que algunos mecanismos empiecen a funcionar de mejor manera. El caso más claro es el de la Fiscalía especializada. Hay tanta corrupción e infiltración a nivel de los gobiernos estatales que la creación de esta Fiscalía fue un gran paso, estuvo muy bien. Sin embargo, su funcionamiento ha dejado mucho que desear. Tenemos índices de impunidad del 99.6% en casos de periodistas asesinados», añadió.
Para Patargo, México «debe ser uno de los países con los mecanismos y herramientas de protección a periodistas y activistas más robustos del mundo», pero «eso no vale de nada porque no son eficaces, no funcionan».
«La sociedad civil tuvo que litigar para que la Fiscalía tomara casos evidentes de crímenes contra periodistas. Solo con la creación de organismos no se logran resultados, se precisa una política clara que ejecute los mandatos de estos organismos», agregó.
Según la activista, la situación de violencia y «desprotección» por parte del estado que está «ausente» «generó que haya cada vez más redes y colectivos de la sociedad civil que para ocupar los espacios que el gobierno no toma».
«Al final lo que hacemos es hacer el trabajo que el gobierno no está haciendo», sentenció.
Periodismo y violencia de género
Luisa Pérez Ortíz es activista por los derechos humanos y co-fundadora NVALabs.org, una organización que promueve acciones innovadoras a través de la tecnología para combatir los niveles de violencia.
«El vacío de gobernabilidad y la ausencia de perspectiva de genero han sido temas claves de este gobierno que se va», dijo Ortíz, que junto a su equipo trabajó con las victimas que acudían a la red Rompe el Miedo durante este sexenio.
«Las personas que llegaban estaban exhaustas, tenían un cansancio extremo, venían de un proceso de estrés y miedo que los llevaba al agotamiento. En muchos casos vimos la correlación entre aquellos que presentaban los peores síntomas (gastritis, estrés agudo, no poder sentarse) provenían de los estados más violentos, como Yucatán o Guerrero», agregó.
Pero a este complejo panorama se le agrega un agravante: la violencia de género:
«registramos un aumento de la violencia generalizado, pero en el caso de las mujeres periodistas este crecimiento es alarmante. Está en el entorno del 20% anual e involucra una doble agresión: por periodista y por mujer», dijo la activista.
«Las agresiones contra mujeres son automáticamente sexualizadas e incluyen muchos elementos gore (de violencia extrema). ¿Qué pasa cuando las personas viven esto? Se llenan de miedo y ansiedad», agregó.
Para Ortíz lo más preocupante es que «en la mayoría de estos casos de violencia de género contra las periodistas los perpetradores son la policía local, o funcionarios municipales», aquellos «encargados de protegernos».
«Había un enorme vacío de gobernabilidad, estas personas estaban totalmente fuera, sin apoyos ni contención tanto como los colectivos LGTBI. Lo que procuramos hacer entonces fue brindarles atención psicológica, masajes, e incluso darles un lugar tranquilo y seguro donde pudieran dormir», explicó.
Consultada sobre las perspectivas de cambio con un nuevo gobierno, Ortíz fue cauta: «la sociedad mexicana está profundamente enferma, estas fueron elecciones de mucho dolor y desconfianza».
«Las personas que defendemos los derechos humanos vemos en el triunfo de AMLO a un aliado, pero decimos: ‘será mejor pelear con un aliado, pero seguiremos peleando y seguiremos en la lucha’. No podemos olvidarnos lo que hacemos desde la sociedad civil por combatir esto», añadió.
«Es muy difícil que las víctimas de violencia quieran hablar de ello en el contexto actual de México. Tenemos una prensa cansada, una sociedad civil muy golpeada y un enemigo silencioso que crece día a día: el crimen organizado. Y junto a esto la indiferencia de una sociedad que cuando muere un periodista cree que era corrupto o que algo hizo para morir, o que la periodista llegó a esa posición mediante favores sexuales», señaló.
País superviolento, sociedad organizada
Precisamente en ese combate a la indiferencia social ante la muerte de periodistas está abocado en parte el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). Su directora ejecutiva, Ixchel Cisneros, explicó que «nuestro principal problema como sociedad civil creo que fue que no hemos sabido transmitirle a la sociedad mexicana la importancia del trabajo de los periodistas y que a diferencia de los miles de crímenes y agresiones que se cometen en este país, a los periodistas los matan por hacer su trabajo».
«No tenemos la empatía de una gran parte de la sociedad porque no entiende esto y porque también es cierto que hay periodistas que sí reciben dádivas del gobierno o están coludidos con el crimen organizado y eso nos resta credibilidad a los que ejercen su oficio honestamente. Tenemos que darle la vuelta a estas narrativas, y explicar porque nuestro trabajo es importante y porque no está bien que asesinen a un periodista», señaló.
Explicó que Cencos y otras redes tienen una campaña denominada «voces libres» en la que «le explicamos a la gente por qué es importante nuestro trabajo» y por qué es importante «defender a los periodistas de ataques y agresiones».
«El gobierno mexicano es especialista en criminalizar y señalar a periodistas y defensores de derechos. Fue un sexenio muy difícil para los periodistas y activistas, ya que fueron agredidos continuamente y esto pasa por la impunidad campante: aquí se puede matar periodistas y no pasa nada», aseveró.
Para Cisneros este nuevo gobierno «no habló del tema» durante la campaña y «no tiene entre sus ejes principales» esta problemática, lo cual «es muy preocupante».
«López Obrador tendría que acercarse a las organizaciones y redes de periodistas, a la sociedad civil e interiorizarse de como está el tema. Debe tomar cartas en el asunto de esta Fiscalía, que no ha hecho nada, fue creada para defender a los periodistas y no ha resuelto ningún caso, por lo menos de lo de asesinatos. También de este Mecanismo de protección a periodistas que tenemos que no están funcionando, no tienen recursos ni gente capacitada. Creo que hay mucho por hacer y mucho por exigirle en este tema al nuevo gobierno», agregó.
«La sociedad civil tiene que seguir incidiendo, y en específico las redes de periodistas tenemos que empezar a explicar cual es nuestro trabajo, pero a este camino le falta mucho. En México dejarán de matar periodistas cuando vean que los autores materiales e intelectuales van presos por ello», señaló.
Sobre las perspectivas de un posible cambio, Cisneros dijo que «vivimos en un país superviolento y esta realidad no la va a cambiar un gobierno en seis años, la esperanza es que vayamos caminando hacia ese cambio, pero no creo que se logre en seis años».
