(RSF/IFEX) – RSF protesta por la condena, a una multa, de Jim Taricani, del canal WJAR-TV10, por negarse a revelar sus fuentes a un tribunal. «Una vez más, el secreto de las fuentes, piedra angular de la libertad de prensa, se ve amenazado por la justicia americana. Obligar a los periodistas a identificar sus fuentes […]
(RSF/IFEX) – RSF protesta por la condena, a una multa, de Jim Taricani, del canal WJAR-TV10, por negarse a revelar sus fuentes a un tribunal.
«Una vez más, el secreto de las fuentes, piedra angular de la libertad de prensa, se ve amenazado por la justicia americana. Obligar a los periodistas a identificar sus fuentes equivale a cuestionar un fundamento del periodismo de investigación, tan necesario para la democracia», ha recordado Robert Ménard, secretario general de RSF. La organización ha hecho un llamamiento al tribunal de apelación para que reconsidere la decisión del juez Torres.
El 16 de marzo de 2004, el juez federal Ernesto C. Torres, de Providence (Estado de Rhode Island), condenó a Taricani, reportero local del canal de televisión WJAR-TV10, a 1,000 USD de multa diaria por «desacato al tribunal».
El periodista se negó a revelar al tribunal la identidad de la persona que le proporcionó un vídeo, realizado en el marco de una investigación secreta de la Oficina de Investigación Federal (Federal Bureau of Investigation, FBI). El vídeo, emitido el 1 de febrero de 2001, mostraba a un ex alto funcionario de la alcaldía de Providence aceptando un soborno de un informador del FBI. El alcalde de Providence, Vincent «Buddy» Cianci Jr., fue después condenado a cinco años de cárcel por «corrupción».
Se abrió una investigación especial sobre el origen de la fuga puesto que el cassette fue objeto de una «orden de protección», emitida por un tribunal federal en agosto de 2000, prohibiendo expresamente a los abogados, investigadores y partes la difusión de los cassettes relacionadas con los casos, con el fin de no poner en peligro las investigaciones. En octubre de 2003, el juez Torres declaró que la necesidad de conocer la fuente del periodista primaba sobre cualquier perjuicio que pudiera causarse a la libertad de circulación de la información.
Taricani ha declarado a la prensa local que no piensa revelar sus fuentes porque se considera amparado por la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. Su abogado ha apelado la condena, suspendiendo de hecho la sanción dictada por el juez Torres.
En Estados Unidos el secreto de las fuentes constituye frecuentemente una piedra de choque entre el poder judicial y la prensa. Desde octubre de 2003 han sido objeto de órdenes de un juez federal, para que revelaran sus fuentes, cinco periodistas de los diarios «The New York Times» y «Los Angeles Times», y de la agencia Associated Press y el canal CNN (ver las alertas de IFEX del 17 de octubre de 2003). Los cinco periodistas habían investigado sobre el caso de Wen Ho Lee, un científico acusado de espionaje y posteriormente absuelto por la justicia. El magistrado estimó que Wen Ho Lee tenía el derecho a saber quien, dentro de la administración para la que trabajaba, tuvo la culpa de que los medios de comunicación le implicaran.
En julio de 2001, la periodista Vanesa Leggett estuvo encarcelada durante cerca de seis meses por «desacato al tribunal» (ver las alertas de IFEX del 4 de enero de 2002, el 22 de noviembre, el 4 de octubre y el 23, 8 y 1 de agosto de 2001). Se negó a revelar, a un tribunal de Texas, el contenido de una entrevista que efectuó con el principal sospechoso de un crimen.
