Noviembre de 2021 en Europa y Asia Central: Un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
En noviembre, el Parlamento de la UE respaldó formalmente un informe sobre medidas para abordar las SLAPP. En el mismo mes, surgió una nueva legislación en Polonia que restringe el acceso de periodistas y defensores de derechos a la frontera con Bielorrusia. El mes de noviembre también fue testigo de ataques contra mujeres por parte de la policía turca en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y de los defensores de derechos que expresaron su solidaridad con los presos políticos de Bielorrusia.
Bielorrusia: «masacraremos a toda la escoria»
En noviembre, el gobierno de Bielorrusia continuó su represión contra la prensa independiente y la sociedad civil.
A principios de mes, las autoridades bloquearon el acceso a los sitios web de la Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ) y PEN Bielorrusia; también tildaron al canal de televisión Belsat y a la agencia de noticias BelaPAN de «formaciones extremistas».
Casi al mismo tiempo, 35 Estados de la OSCE invocaron el Mecanismo de Viena para exigir respuestas del gobierno bielorruso sobre las “graves violaciones y abusos de derechos humanos” que siguieron luego de las controvertidas elecciones presidenciales de 2020. Como era de esperar, la respuesta de Bielorrusia «no indicó un cambio sustancial en el enfoque de las autoridades bielorrusas».
La negativa absoluta del gobierno a cambiar de rumbo fue aún más clara en noviembre durante una entrevista que el presidente Lukashenka concedió a la BBC. Cuando se le preguntó sobre los 270 grupos de la sociedad civil bielorrusa que se habían visto obligados a cerrar desde julio de 2021, respondió: «masacraremos a toda la escoria que ustedes [Occidente] han estado financiando».
Hasta ahora, la represión de las voces independientes por parte de Lukashenka ha resultado en más de 880 presos políticos. Esos prisioneros fueron recordados en actos de solidaridad en todo el mundo en el Día de Solidaridad con los Presos Políticos de Bielorrusia (27 de noviembre).
[ Traducción: Hilo: En el marco del Día de Solidaridad con los Prisioneros Políticos de # Bielorrusia (27 de noviembre), IFEX reitera su llamado a la liberación inmediata e incondicional de los más de 888 ciudadanos bielorrusos injustamente encarcelados desde las elecciones del año pasado.]
Entre estos presos, según los registros de BAJ, hay 30 periodistas. Desde enero de 2020, BAJ ha documentado las detenciones de más de 580 miembros de la prensa. Su último informe (que abarca de enero a septiembre de 2021) también registra más de 140 redadas en oficinas y hogares de periodistas, así como bloqueos de acceso en más de 100 sitios web políticos y de medios.
Para obtener más información sobre la persecución de los periodistas de Bielorrusia, puedes ver un panel de discusión (en inglés) organizado este mes por ARTICULO 19 y el Instituto Internacional de Prensa, titulado Reporting against all odds: Journalism in Belarus today («Informar contra viento y marea: Periodismo en Bielorrusia hoy«) [VIDEO]». Los oradores incluyen a Teresa Ribeiro, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, y Miklos Haraszti, ex Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia.
Turquía: Aumento “sin precedentes” de la brutalidad policial
El 26 de noviembre, un tribunal de Turquía decidió nuevamente continuar con la detención injusta del líder de la sociedad civil Osman Kavala. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó en 2019 que Kavala debería ser liberado y que se deberían retirar todos los cargos en su contra. Varios grupos de derechos humanos, incluidos Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han pedido al Consejo de Europa que inicie procedimientos de infracción contra Turquía por seguir negándose a acatar la decisión del TEDH. Se esperaba que el Comité de Ministros del Consejo de Europa vote sobre esto a finales de mes.
Un informe publicado en noviembre por Expression Interrupted mostró un aumento «sin precedentes» de la brutalidad policial hacia los periodistas en Turquía. En el período que abarca el informe (julio a septiembre de 2021), al menos 51 periodistas fueron agredidos o impedidos de realizar su trabajo por agentes de policía o miembros del público. Es poco probable que sea una coincidencia que este aumento de la violencia policial se haya producido durante la prohibición de registrar las actividades policiales en manifestaciones u otros eventos. Sin embargo, este mes fue testigo de la bienvenida suspensión de esa prohibición por parte de un tribunal turco.
Las activistas por los derechos de las mujeres también son sometidas regularmente a la violencia policial en Turquía. De hecho, las activistas que marcharon en Estambul para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fueron atacadas por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos.
Los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por el aumento de la violencia contra las mujeres activistas y trabajadoras de los medios: a principios de este año, un informe de la Coalición para Mujeres en el Periodismo encontró que Turquía era «el país líder en ataques y amenazas contra mujeres periodistas«. El mes pasado, el Informe 2021 de la Comisión Europea sobre Turquía destacó serias preocupaciones por la retirada de Turquía del Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres y por el modo en el que se socavan los derechos de las mujeres en general, además del aumento del discurso discriminatorio dirigido a las personas LGBTQI+.
Rusia: «Una herramienta de represalia contra la sociedad civil»
En los últimos meses, Rusia ha añadido más periodistas y grupos de la sociedad civil a su lista de «agentes extranjeros». En noviembre se produjeron algunos casos de gran repercusión en los que se utilizó esta ley, en palabras del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, como «una herramienta de represalia contra la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos».
A mediados de mes, el periodista Dmitry Muratov y su periódico Novaya Gazeta fueron multados supuestamente porque su cobertura de dos organizaciones de la sociedad civil no había tomado nota de la condición de los grupos como «agentes extranjeros». Muratov fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2021 junto con la periodista filipina Maria Ressa en octubre.
Hacia fines de mes, Memorial, una de las organizaciones de la sociedad civil más destacadas de Rusia, se encontraba en los tribunales luchando por su supervivencia mientras las autoridades intentaban liquidarla. Los fiscales alegan que la organización ha violado repetidamente la ley de «agente extranjero» al no rotular algunos materiales publicados con la etiqueta de «agente extranjero».
SLAPPs y turismo de difamación
Este mes hubo buenas noticias cuando el Parlamento Europeo adoptó formalmente un informe sobre el uso de SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública). Estos pleitos abusivos son utilizados por los ricos y poderosos para silenciar a los periodistas y las voces críticas agotando sus finanzas y extenuándolos psicológicamente. El informe hace varias recomendaciones que incluyen propuestas para la desestimación anticipada de SLAPP, sanciones para los demandantes, la prevención del ‘turismo de difamación’ (demandar a un escritor por difamación en una jurisdicción extranjera donde las leyes de difamación favorecen al demandante) y una directiva de la UE que establece estándares mínimos para proteger a las víctimas.
Un destino popular para los llamados turistas de difamación es el Reino Unido, donde este mes la autora Catherine Belton y su editor Harper Collins se enfrentaron a dos demandas por difamación en relación con el libro de Belton, Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West (“La gente de Putin: Cómo la KGB recuperó Rusia y luego se tomó Occidente”). Las demandas fueron presentadas por el empresario ruso Roman Abramovich y la empresa estatal rusa de energía Rosneft.
La queja de Abramovich atañe a su relación con el presidente ruso Vladimir Putin. La denuncia de Rosneft se refiere a afirmaciones de que participó en la expropiación de la Yukos Oil Company, que había sido propiedad privada del empresario Mikhail Khodorkovsky. Los miembros de IFEX y otras organizaciones defensoras de derechos emitieron una declaración conjunta en la que plantearon preocupaciones sobre las demandas, argumentando que equivalen a una SLAPP. Después de una audiencia judicial preliminar, Rosneft decidió descontinuar su reclamo. No se espera que se lleve a cabo ningún juicio basado en las quejas de Abramovich durante al menos un año.
En breve
El poeta y activista Aron Atabek, hasta hace poco el prisionero político con más años de servicio en Kazajstán, murió el 24 de noviembre mientras recibía tratamiento por COVID-19 en el hospital. Atabek había sido liberado en octubre “por compasión”, según las autoridades. Atabek había cumplido 15 años de una sentencia de prisión de 18 años y debía pasar los tres restantes bajo restricciones similares a las de la libertad condicional.
Atabek fue condenado en 2007 por cargos relacionados con su participación en la organización de una protesta contra la demolición de un barrio de chabolas, en la que murió un oficial de policía. Siempre mantuvo su inocencia e incluso rechazó un indulto con el argumento de que le habría obligado a admitir su culpabilidad. La salud de Atabek se deterioró rápidamente en prisión y las autoridades le negaron el tratamiento adecuado para diversas enfermedades crónicas. Con frecuencia se quejaba de haber sido torturado y maltratado, y fue condenado a dos años de aislamiento en 2012 por escribir un artículo en el que criticaba al entonces presidente de Kazajstán, el autoritario Nursultan Nazarbaev. El Parlamento de la UE describió a Atabek como un preso político y pidió su liberación a principios de este año.
[Traducción: Mientras Aidana, la hija del prisionero político y poeta Aron Atabek, hablaba en la conmemoración de su padre en el centro de Almaty junto con Abay, el artífice de la palabra más célebre de Kazajstán, un hombre preguntó al agente de seguridad que filmaba el evento”¿Por qué no arrestan a los ladrones?»
Es preocupante que ahora sea un crimen difundir «noticias falsas» en Grecia. Los periodistas condenados por publicar o compartir lo que las autoridades consideren ‘noticias falsas’ que «puedan causar preocupación o temor al público o socavar la confianza pública en la economía nacional, la capacidad de defensa del país o la salud pública», podrían enfrentarse a cinco años de prisión. La legislación enmendada no define «noticias falsas» ni qué estándares se aplicarán para determinar si una noticia puede ser considerada «falsa».
La crisis humanitaria que está teniendo lugar a lo largo de la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde miles de migrantes y solicitantes de asilo están atrapados en condiciones inhumanas, con los guardias fronterizos bielorrusos empujándolos violentamente hacia Polonia y los guardias fronterizos polacos empujándolos nuevamente de manera forzada e ilegal, estuvo en las noticias de todo el mundo este mes, a pesar de un estado de emergencia en Polonia que restringió los informes desde esa área. Varios periodistas han sido sometidos a detenciones breves, hostigamiento judicial e intimidación por parte de soldados polacos únicamente por intentar informar desde la zona fronteriza. Los miembros de IFEX han pedido al gobierno polaco que levante las restricciones de información en la frontera. Sin embargo, el 30 de noviembre, el presidente Andrzej Duda promulgó una ley que perpetúa efectivamente muchas de las medidas impuestas por el estado de emergencia, limitando el acceso de organizaciones de ayuda y periodistas a la zona fronteriza.
La relatora especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión expresó su preocupación por la captura estatal de los medios de comunicación en Hungría durante su visita al país en noviembre. Mirando hacia las próximas elecciones parlamentarias de 2022, subrayó la necesidad de información libre e independiente y un acceso equitativo a los medios de comunicación para todos los candidatos y partidos. También pidió al gobierno que reconozca las importantes contribuciones hechas a la sociedad por los periodistas y defensores de los derechos humanos que trabajan por los derechos de los migrantes, refugiados y personas LGBTQI+ en lugar de convertirlos en blanco de campañas de incitación al odio, acoso o estigmatización.
