La violencia contra periodistas que cubren el crimen organizado en regiones de frontera exige cooperación efectiva y coordinación transnacional. Fue con ese fin que la CIDH propuso una respuesta conjunta a Ecuador y Colombia. Los aprendizajes son muchos.
En 2018 la historia de Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, golpeó profundamente a la región. El equipo fue a cubrir una historia en la frontera entre Ecuador y Colombia el 26 de marzo de ese año, pero nunca regresó. Fueron más de 15 días de incertidumbre hasta que se confirmó el peor de los escenarios – los secuestraron, los tuvieron prisioneros y finalmente los asesinaron.
El equipo fue víctima de un grupo disidente de las FARC llamado Frente Oliver Sinisterra (FOS), cuya creciente presencia del grupo en territorio ecuatoriano era precisamente lo que el equipo buscaba cubrir. Mataje, el lugar en el que desaparecieron, está a unos 250km de Quito, en una zona de selva, en la que la presencia de la prensa es difícil y escasa.
El caso generó tantas movilizaciones sociales y una repercusión tal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó un Equipo de Seguimiento Especial (ESE) que se instaló en julio del 2018. La decisión, considerada histórica por la CIDH y los Estados de Colombia y Ecuador, buscaba promover esfuerzos conjuntos y apoyo técnico a fin de esclarecer los asesinatos.
Cesar Ricaurte, director de la organización ecuatoriana Fundamedios, considera la creación del ESE “una experiencia pionera que debe ser valorada como el mayor esfuerzo que se ha realizado desde el Sistema Interamericano de DDHH». Ricaurte señaló que estas iniciativas buscan justamente «hacer seguimiento en tiempo real a las investigaciones policiales y fiscales, así como a los procesos legales en los casos que involucran el asesinato de periodistas y, con ello, cortar el círculo de impunidad que rodea a los delitos contra comunicadores en Latinoamérica”.
El Equipo de Seguimiento realizó visitas a los dos países, donde llevó a cabo entrevistas con distintos actores involucrados en las investigaciones. Además, colectó documentos e informaciones y organizó audiencias y reuniones de trabajo.
En diciembre 2019, ESE lanzó su Informe Final – un año y medio después de su establecimiento. Sus recomendaciones marcan descubrimientos, mejoras y falencias de la investigación del caso. Además, estas recomendaciones constituyen la puesta en práctica de un mecanismo innovador e inédito, uno que puede replicarse en otras circunstancias a lo largo de la región y cuyo accionar dejó varios aprendizajes.
Uno de los principales resultados de los trabajos del ESE es refutar la tesis de que los periodistas se habían voluntariamente colocado en situación de peligro
Conclusiones
Uno de los principales resultados de los trabajos del ESE es haber refutado la tesis de que los periodistas se habían puesto voluntariamente en situación de peligro. La evidencia confirmó que habían solicitado y recibido autorización para acceder a un área que estaba bajo el control del Estado.
Cesar Ricaurte resalta la importancia de esa conclusión y cuestiona la línea de investigación de la Fiscalía de Ecuador que, según él “tiene que ver más bien sobre si el equipo periodístico fue a buscar una entrevista con alias Guacho y por lo tanto se puso a si mismo en riesgo o sobre las posibles omisiones de seguridad del Diario, sus directivos, editores y periodistas. Estas líneas de investigación las consideramos inauditas, condenables y constituyen en si mismas actos que vuelven a poner en riesgo a periodistas y familiares y revictimizan a las víctimas”.
Según el informe, “a juicio del ESE, las circunstancias comprobadas en ambas investigaciones, razonablemente consideradas, descartan la posibilidad de que los integrantes del grupo periodístico se condujeran libremente desde territorio ecuatoriano a territorio colombiano y pondrían en duda la hipótesis de un acuerdo previo o un traslado voluntario”.
El informe, resalta Ricaurte, apunta que la Fiscalía General del Estado de Ecuador (FGE) se inclina por la tesis según la cual el secuestro se planificó y llevó a cabo solamente en Colombia; esto según lo informado durante la primera visita oficial con representantes de la FGE y del Ministerio del Interior. Esta posición parece haberse ratificado durante la segunda visita. Para Ricarte, “el ESE observa que tal postura jurídica, a la postre, ha incidido en el avance de las investigaciones en Ecuador y de hecho se refleja en su conducción, en cuanto a éstas no se han incorporado elementos claramente destinados a esclarecer el asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.”
Es decir, en Ecuador, se investiga aisladamente el secuestro del equipo sin seguir ninguna línea que lo vincule con la acción de grupos del crimen organizado, o cualquier otra relación que pueda tener con otros hechos en los actuaron las mismas fuerzas criminales, es decir el Frente Oliver Sinisterra: “tales delitos [no] hacen parte de las líneas lógicas de la investigación.”.
En contraste, señala Ricaurte, “la investigación previa correspondiente al atentado terrorista contra el comando de policía de San Lorenzo, tramitada por la Fiscalía de Indagaciones Previas e Investigaciones Fiscales, contiene una acusación contra veintisiete presuntos integrantes del FOS por los delitos de terrorismo y delincuencia organizada». Esto significa «que al menos en la primera de las varias investigaciones radicadas en Ecuador respecto a este grupo criminal, se vislumbró la necesidad de una investigación que abarcara de la actividad de esta organización criminal, que amenazaba con desencadenar una serie de crímenes graves contra objetivos policiales y contra la población civil.”
El informe deja constancia en varias de sus entradas de que los periodistas ya habían mencionado el tema del narcotráfico y los problemas de la zona en notas previas, y que incluso habían viajado varias veces al área en cuestión: “El periodista Javier Ortega había viajado en anteriores ocasiones al Cantón San Lorenzo para realizar su trabajo periodístico. Como integrante del equipo de Seguridad del diario El Comercio, [Ortega] efectuó entre 2013 y 2018 ocho desplazamientos”, añade el texto.
El informe revela que Ortega se refirió por primera vez a la presencia del FOS – y la de otros grupos armados irregulares colombianos – en territorio ecuatoriano, así como a sus actividades e intereses en la zona fronteriza, en la edición del diario El Comercio del miércoles 31 de enero de 2018.
Otros elementos del informe plantean las complejidades de un caso que es fruto de la acción del crimen organizado que actúa de forma transnacional. Esto es, que involucra la acción de actores políticos y administrativos de dos Estados, así como las fuerzas de seguridad de esos estados y los operadores de Justicia. Muchas de estas complejidades se concentran en las profundas dificultades que tienen estas instituciones para actuar coordinadamente y con una visión de protección de derechos, incluso cuando se trata de colaborar interinstitucionalmente a escala interna.
La reacción de los Estados
El ESE incorporó en su Informe Final el parecer de ambos Estados (Colombia y Ecuador) sobre sus actividades. El Estado de Ecuador manifestó de manera general su “desacuerdo con el contenido del proyecto” e hizo una serie de observaciones sobre aspectos puntuales que fueron contempladas en el texto del informe.
Por su parte el Estado de Colombia solicitó al ESE limitarse al cumplimiento de los objetivos trazados y de su plan de trabajo; y abstenerse “de adelantar criterios sesgados y sin sustento que estén orientados a direccionar las investigaciones en curso y a establecer la presunta responsabilidad internacional del Estado por los hechos sucedidos con los miembros del equipo periodístico del diario El Comercio”.
Recomendaciones clave
Entre las principales recomendaciones del informe, el Equipo de Seguimiento entiende que es “indispensable” desclasificar la información en poder de las Fuerzas Armadas de ambos países (sobre operativos en la zona durante el secuestro y también sobre las labores de inteligencia o de investigación para dar con el paradero de las víctimas).
“Máxime cuando el Estado de Colombia ha comunicado al ESE que sus Fuerzas Armadas llevaron adelante operaciones militares de búsqueda de información en la zona que operó el FOS mientras las víctimas permanecieron secuestradas”, sostiene.
Para el Equipo, una recomendación clave es que Ecuador concrete la puesta en marcha de un Comité Institucional para la Protección de Periodistas que incluya, además de los profesionales de la prensa, organizaciones de la sociedad civil, a medios de comunicación y también a los familiares de las víctimas.
El ESE “considera que el Estado debe establecer una política de protección integral de periodistas en consistencia con los estándares internacionales y proveer recursos materiales y humanos para su funcionamiento”.
Por su parte, el Estado de Ecuador informó sobre un acuerdo hecho el 29 de abril de 2019 para la creación de dicho Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación.
Con esto en cuenta, el ESE recomendó que esta instancia en Ecuador, en conjunto con la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia, “deberían establecer un protocolo común para intercambiar información sobre las zonas de frontera en las que existan diferentes riesgos para el ejercicio del periodismo y articular las medidas de protección necesarias al interior de cada Estado para que las coberturas se lleven adelante bajo medidas de prevención y protección para mitigar el riesgo. Estas medidas deben contemplar la no interferencia en el trabajo periodístico y los riesgos específicos de grupos de periodistas”.
…las Fiscalías de Ecuador y Colombia “trataron el tema como un caso común de delincuencia convencional” cuando “se trataba de un grupo armado irregular que estaba tratando de controlar las rutas del narcotráfico”
Un caso común de delincuencia
Según Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y miembro del ESE, una de las principales conclusiones del ESE es que las Fiscalías de Ecuador y Colombia “trataron el tema como un caso común de delincuencia convencional” cuando “se trataba de un grupo armado irregular que estaba tratando de controlar las rutas del narcotráfico”.
Esta diferencia en la caracterización impidió que se tratara el hecho como lo que era: un caso transnacional de narcotráfico y actividades ilegales, lo que hubiese permitido la aplicación de otros acuerdos y convenciones, explicó Lanza.
“Se podría haber puesto en práctica la Convención de Palermo, que establece la creación de equipos conjuntos con un intercambio de información mucho más fluido de lo que fue hasta el momento”, sostuvo Lanza.
Lanza también denunció que se detuvo a dos de los integrantes del grupo que participaron del secuestro, pero que Colombia se quedó con sus versiones en vez de compartirlas con Ecuador.
“Por el lado de Ecuador hay una cantidad de comunicaciones telefónicas que se registraron y se grabaron, [pero que] no han sido exploradas a fondo; sobre todo porque no se trata del hecho puntual del lamentable asesinato de estos tres colegas, sino que esto se dio en el marco de una ofensiva del grupo que le exigía a los gobiernos determinadas cosas”, explicó.
Lanza remarcó la necesidad de trabajar “mucho más en conjunto” entre los dos Estados y entender que este hecho se enmarca dentro de una serie de operaciones y reclamos del grupo guerrillero.
“Tuvimos acceso a información de oficiales de inteligencia que tres meses antes del secuestro ya alertaban a sus superiores que este grupo comenzaría a atacar civiles para reclamar que Ecuador y Colombia terminaran con sus operaciones en la zona”, agregó.
Respecto al mecanismo, Lanza entiende que fue “novedoso y muy exigente” y que actuar sobre una investigación en curso tiene su complejidad.
“Lo más importante es que dio satisfacción a las familias de las víctimas, que pedían una supervisión internacional independiente. También tuvimos una apertura muy buena de ambos Estados, con sus respectivas fuerzas de seguridad, periodistas, etc. Hicimos un trabajo muy exhaustivo y completo”, agregó.
Herramienta valiosa
Para el Director (encargado) de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Jonathan Bock, el informe del ESE “marca una hoja de ruta para las acciones que deben desplegar los Estados de Colombia y Ecuador en aras de lograr el esclarecimiento de los hechos y la reparación a las víctimas. En ese sentido es una herramienta sumamente valiosa que valoramos positivamente en la FLIP”.
Tanto la FLIP en Colombia como Fundamedios en Ecuador, ambos miembros de IFEX, estuvieron fuertemente involucrados en todo el proceso de esclarecimiento de la verdad y de búsqueda de justicia para las víctimas.
Para Bock una de las conclusiones má destacables del ESE, como adelantáramos más arriba, es que se descartó el traslado voluntario del equipo periodístico de Ecuador a Colombia.
“De hecho, lo que se ha llegado a demostrar es la falta de adopción de medidas eficientes por parte del Estado ecuatoriano para garantizar la protección de los periodistas ante la evidente situación de riesgo que se vivía en la frontera”, sostuvo.
“Otra confirmación relevante es que el ESE destacó la falta de acciones coordinadas por parte de los Estados durante el secuestro y a lo largo de las investigaciones. [Esto] ha generado una serie de contradicciones al interior de los procesos que deben ser superadas por ambos Estados para así garantizar el derecho a la verdad de las víctimas”, añadió.
“De hecho, lo que se ha llegado a demostrar es la falta de adopción de medidas eficientes por parte del Estado ecuatoriano para garantizar la protección de los periodistas ante la evidente situación de riesgo que se vivía en la frontera”
Próximos Pasos
Jonathan Bock destacó también algunas de las recomendaciones que se desprenden del informe del ESE para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición.
Una de ellas es el monitoreo a la investigación que se adelanta en Colombia. Si bien se reconocen avances, el ESE afirma que se debe ahondar en la documentación de la forma en que el Estado condujo e impartió órdenes en el marco del secuestro.
“Asimismo, resulta necesario que la Fiscalía realice actos de investigación complementarios con el fin de confirmar o desvirtuar líneas de investigación, teniendo en cuenta las contradicciones que existen actualmente”, dijo Bock a IFEX.
Otro de los aspectos fundamentales del informe es la recomendación a los Estados de designar “una comisión especial que cuente con garantías de independencia e imparcialidad para garantizar a los familiares el acceso a la información que se encuentre en poder de las diversas agencias de los Estados”.
“Las recomendaciones formuladas por el ESE son, para el Estado colombiano, la oportunidad para ratificar su compromiso con la garantía de los derechos fundamentales a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición que asisten a las víctimas. [Al mismo tiempo, es una ocasión para] adoptar medidas a fin de que lo ocurrido con el equipo periodístico de El Comercio no se repita”.
Además, los Estados están obligados a evitar escenarios de revictimización para las familias de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, quienes desde el secuestro y durante las investigaciones han tenido que enfrentarse a situaciones en las cuales los Estados han desconocido sus derechos como víctimas”, sentenció Bock.
Los familiares de Ortega, Rivas y Segarra han planteado la urgente necesidad de transparencia en las investigaciones. Cesar Ricaurte resalta que “un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico”.
Para ellos, el Informe Final de ESE es, a pesar de su importancia, solo un primer paso en la búsqueda por los responsables de lo que pasó con Javier, Paul y Efraín. Los Estados deben cumplir con las recomendaciones del informe y la CIDH junto con su Relatoría deben seguir acompañando sus avances de forma activa.
