Edición especial por el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad: en su más reciente resumen de noticias de las Américas, basado en informes de miembros de IFEX y artículos de prensa de la región, Laura Vidal se centra en los puntos de intersección entre la impunidad, la seguridad de los periodistas y los procesos electorales.
Esta es una traducción del artículo original.
En un clima de conmoción política y agitación electoral, los periodistas latinoamericanos enfrentan un aumento de las agresiones que pone de relieve la fragilidad de la libertad de prensa en períodos de elecciones. Un número preocupante de incidentes ocurridos en Colombia, Ecuador y Argentina mientras sus ciudadanos se pronunciaban en las urnas dejan al descubierto la violencia sistémica que existe contra los profesionales de los medios, en particular las mujeres. Organizaciones periodísticas y de derechos humanos responden con estrategias que impulsan mayores medidas de protección y reformas jurídicas, elementos cruciales para garantizar la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras de la prensa.
Este pasado 2 de noviembre, en una nueva conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, se hizo foco en la relación intrínseca entre la impunidad de la que gozan los responsables de tales agresiones y la seguridad de los periodistas. Para la mayoría de quienes cometen actos cuestionables y temen ser expuestos por la prensa, el mensaje es claro: siéntanse libres de cometer cualquier acto sin temor a represalia alguna. En tiempos electorales la situación se agudiza considerablemente, complicando aún más las cosas.
Desde la comunidad periodística se oyen voces, entre ellas de miembros de la red de IFEX, que señalan que el inicio de los procesos electorales suele estar acompañado de un clima de agravamiento de la violencia contra la prensa. Lamentablemente, ya no resulta sorprendente que rara vez se responsabilice a los autores de esa violencia por sus ataques a periodistas en tiempos electorales. La impunidad no se limita a agresiones físicas, sino que se extiende también a discursos estigmatizantes. Por desgracia, nos hemos acostumbrado a que las estrategias electorales de candidatos y autoridades políticas incluyan intentos por descalificar el trabajo de la prensa.
A pesar de que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se reconoce que la libertad de expresión es un pilar de la democracia en el continente americano, la realidad es que en los hechos se produce un giro alarmante cuando la difusión de información se cruza con los procesos electorales. Esta discrepancia tiene consecuencias profundamente perjudiciales para el poder de decisión del electorado. En efecto, la forma en que los candidatos interactúan con la prensa y se refieren a ella durante las campañas electorales suele ser un presagio de cómo tratarán a los medios de comunicación y a la libertad de expresión si resultan electos.
Las elecciones tornan la tarea de informar que ejercen los periodistas, que ya de por sí es intensa y peligrosa, en una actividad aún más arriesgada, y ese contexto de violencia se agudiza en zonas rurales y apartadas. Colombia es un ejemplo importante que ilustra esa complejidad, dada la violencia generada por el conflicto armado, que se manifiesta en grupos ilegales que controlan férreamente los movimientos de las personas.
Elecciones y libertad de prensa: clima tenso en Ecuador, Argentina, Colombia y Venezuela
La función que ejerce la prensa en la preservación de los procesos democráticos es particularmente evidente en los períodos electorales, cuando el rigor de la información y la necesidad de contar con ella al instante son cruciales. Sin embargo, los sucesos ocurridos este año en Ecuador, Argentina y Colombia han puesto de manifiesto cómo los contextos electorales pueden exacerbar las amenazas contra periodistas y socavar el papel vital que cumplen en las sociedades democráticas. Mientras estas amenazas no se investiguen y queden impunes, es claro que en cada período electoral volverá a surgir la violencia.
En Ecuador, durante las elecciones de este año se vivió un clima particularmente alarmante para la libertad de prensa. Las vulnerabilidades que ya sufrían los periodistas se vieron agravadas por los comicios, que se caracterizaron por un aumento de las campañas de desinformación. Según Fundamedios, las elecciones estuvieron envueltas en violencia, registrándose 46 víctimas de agresiones, desde candidatos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación. El trabajo de seguimiento que realiza la organización da cuenta de una tendencia inquietante. Entre 2007 y junio de 2023 contabilizó 3.515 ataques contra la libertad de expresión y tan solo en junio de este año un total de 22 agresiones.
Las elecciones regionales en Colombia presentaron un panorama igualmente sombrío. Información brindada por la Misión de Observación Electoral revela que se produjeron 179 incidentes contra candidatos en lo que iba del año electoral hasta el 29 de septiembre. Esta cifra representa un aumento del 37,7 % con respecto a las elecciones regionales anteriores, celebradas en 2019. Además, este recrudecimiento no se limitó solo a candidatos, ya que los periodistas que cubrían las elecciones también enfrentaron acciones violentas. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) resaltó el impacto perjudicial que tienen estos hechos en la libertad de prensa y la democracia, sugiriendo que la persistente intimidación por parte de políticos, grupos armados y otros actores ha tenido como consecuencia la autocensura de los periodistas, que dejan de cubrir importantes temas de interés público.
El tenso proceso electoral en Argentina, cuyo resultado final se dirimirá en una segunda vuelta en noviembre, no ha sido ajeno a esta tendencia alarmante. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ya había anticipado este clima de confrontación y había exhortado a los actores políticos a no hostigar ni difamar a la prensa para evitar escaladas de violencia y atentados contra la libertad de expresión. La organización también destacó un hecho inusual: la negativa a permitir la participación de periodistas extranjeros. Concretamente, La Libertad Avanza, coalición liderada por el aspirante a la presidencia Javier Milei, se negó a acreditar a varios corresponsales extranjeros y representantes de medios nacionales, a pesar de que los periodistas habían cumplido con todos los procedimientos requeridos.
También se produjeron numerosos incidentes inquietantes durante las elecciones primarias en Venezuela. En los dos meses previos a la elección, IPYS Venezuela ya había detectado una tendencia, registrando ataques que iban desde la censura en línea hasta hostigamientos e intimidación. Por su parte, Espacio Público documentó y destacó las presiones y limitaciones que dificultaron el acceso a la información durante los comicios, tanto para los votantes como para los periodistas.
Violencia de género contra periodistas en contextos electorales: Brasil
El cuestionamiento que sufren los periodistas a nivel mundial adopta una forma específica cuando se dirige a profesionales de la comunidad LGBTQI+ y mujeres periodistas, con quienes muchas veces se ensañan los agresores. La situación en Brasil, en particular durante las conflictivas elecciones de 2022, ilustra esta tendencia. Datos de la Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) subrayan la gravedad del tema: el 26 % de las 557 instancias de agresión contra profesionales de la prensa registradas en el año electoral implicaron alguna forma de violencia de género. Estas cifras alarmantes incluyen un 5 % de ataques calificados como episodios de violencia sexual y un porcentaje no menor de estos (el 57,1 %) ocurrió en línea.
Un reportaje investigativo publicado por Abraji en diciembre de 2022 resaltó el clima misógino surgido tras la elección presidencial. El estudio reveló un aumento del 300 % en el uso de términos peyorativos en línea contra mujeres periodistas, comparado con los 40 días previos a los comicios. Según la profesora Daniela Osvald Ramos del departamento de comunicaciones de la Universidad de São Paulo, entrevistada por Abraji, lamentablemente esta modalidad de agresión ya está institucionalizada. Cierto comportamiento adoptado por la opinión pública en los últimos cuatro años – envalentonada por la conducta del ex presidente de la república, sus partidarios y familiares – ha normalizado la hostilidad hacia la prensa y, en particular hacia las mujeres periodistas, quienes se han convertido en un blanco específico de tales ataques.
Respuestas estratégicas para reforzar la seguridad de los periodistas durante los procesos electorales
Desde medios de comunicación y organizaciones de promoción y defensa de derechos se está adoptando una postura proactiva que hace hincapié en la prevención. Estas entidades comprenden la necesidad de dotar a los periodistas de herramientas y conocimientos que les permitan protegerse contra los crecientes riesgos que enfrentan en estos períodos de gran tensión política.
FOPEA lanzó una iniciativa integral que plantea 12 recomendaciones para la cobertura periodística de elecciones. Estas orientaciones son producto de extensas discusiones colaborativas que tuvieron lugar en cinco talleres con la participación activa de un amplio espectro de profesionales, incluidos periodistas, autoridades públicas a nivel nacional y provincial, representantes del sistema de justicia electoral y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Las recomendaciones sirven de marco estratégico para la promoción de prácticas periodísticas seguras y éticas durante los procesos electorales.
Consciente de que las amenazas que enfrenta la prensa son de diversa índole, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) elaboró un kit de seguridad detallado para quienes cubren las elecciones. Se trata de un recurso exhaustivo dirigido a redactores, periodistas y reporteros gráficos y que abarca diversas precauciones. Describe meticulosamente protocolos para reducir los riesgos digitales, físicos y psicológicos asociados con la cobertura de noticias electorales. Esta iniciativa reconoce que en los períodos de elecciones aumenta enormemente la probabilidad de agresiones, hostigamientos y detenciones y por ello propone estrategias de prevención y opciones de respuesta ante las posibles amenazas.
Fundamedios también adoptó medidas proactivas de cara a las elecciones anticipadas de 2023 en Ecuador, con la edición de una versión actualizada de su “Manual para coberturas electorales seguras”. Esta guía integral aborda los estándares internacionales sobre el ejercicio de la libertad de expresión y la labor de la prensa, contextualiza el marco normativo nacional y plantea la necesidad de poner en marcha el “Mecanismo Nacional para la Prevención y Protección al Trabajo Periodístico”, así como de asignarle recursos.
En breve
La Corte Constitucional de Colombia dictaminó recientemente que la decisión del gobierno de interrumpir el servicio de Internet durante la huelga nacional de 2021 constituyó una violación de la libertad de expresión. Este fallo histórico se dictó en respuesta a una acción de tutela impulsada por varias organizaciones en la que se subrayó el papel fundamental del acceso a Internet en el intercambio de información durante las protestas. La corte hizo hincapié en la necesidad de brindar conectividad en línea ininterrumpidamente y determinó que el Estado está obligado a garantizar el acceso a ese canal digital para salvaguardar la libertad de expresión, incluso en situaciones en las que se aduce motivos de orden público o se invoca la seguridad nacional.
La reconocida periodista Jineth Bedoya ha dejado de cooperar en las investigaciones en curso sobre las amenazas que sufrió, alegando la inoperancia y falta de respuesta de la Fiscalía. Bedoya tomó la decisión de desistir luego de una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se evaluó el cumplimiento por parte de Colombia de los fallos referidos a la violencia contra ella. Decepcionada ante la prolongada impunidad y la inacción institucional, Bedoya afirmó: “Sigo amenazada, ejerciendo el periodismo en un carro blindado y con guardaespaldas y con difíciles temas de salud. Renuncié a mi vida personal y se la entregué al trabajo por las víctimas y sobrevivientes y no me arrepiento, pero pregunto, ¿acaso es justo?”.