Noviembre en las Américas: Un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Paula Martins, basado en informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
La sombra de la pandemia: el fin de la razón
Del 25 de noviembre al 10 de diciembre, los miembros y socios de IFEX-ALC se han movilizado con la ONU para organizar las actividades de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, bajo el lema global del 2020: “Pinta el mundo de naranja: ¡financiar, responder, prevenir, recopilar!”.
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
Un informe reciente de la ONU ha proporcionado los siguientes datos básicos sobre esta grave situación que afecta a mujeres de diferentes identidades y orígenes en todo el mundo:
- A nivel mundial, incluso antes de que comenzara la pandemia de COVID-19, 1 de cada 3 mujeres experimentaron violencia física o sexual principalmente por parte de sus parejas.
- Los datos más recientes muestran un aumento en las llamadas a las líneas de ayuda de violencia doméstica en muchos países desde el brote de COVID-19.
- El acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres continúan ocurriendo en las calles, en los espacios públicos y en línea.
- Las sobrevivientes tienen información y conocimiento limitados sobre los servicios disponibles y acceso limitado a los servicios de apoyo.
- En algunos países, los recursos y esfuerzos se han desviado de los programas que responden a la violencia contra las mujeres y se han dirigido hacia esfuerzos inmediatos para responder al COVID-19.
Las mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos no han escapado a este círculo vicioso de violencia, tan arraigado en las estructuras de nuestras sociedades.
La organización miembro de IFEX en Colombia, Fundación Karisma, ha estado organizando una serie de actividades que incluyen encuestas, reuniones de grupos focales y talleres abiertos para comprender la violencia contra las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios en su país. En uno de estos eventos, la periodista Vanessa Restrepo afirmó que el contexto en el que las mujeres ejercen el periodismo en Colombia es hostil y que tiene un enorme potencial para imponer el silencio y la normalización de esta violencia, contra la que las periodistas no saben cómo actuar. Recientemente, el diario colombiano El Colombiano fue llevado a los tribunales por la supuesta falta de rutas y protocolos para atender los casos denunciados de violencia contra sus trabajadoras. Paulina Baena le dijo a Karisma que, en su caso, dada la visibilidad que tiene en línea, la violencia machista es desbordante: «Siento que la razón ha muerto». Añadió que ha terminado «‘anestesiándose’ a sí misma como la única forma de aguantar».
En una publicación reciente, ARTICULO 19 ofrece una lista (no exhaustiva) de las formas más comunes en las que tienen lugar el abuso y el acoso en línea contra mujeres periodistas:
- Doxing: esto implica la divulgación pública de la información personal de una mujer, como el correo electrónico, teléfono o domicilio. A menudo puede resultar en un mayor acoso y crear un riesgo de seguridad.
- Vigilancia: ya sea perpetrada por entidades públicas o privadas, la vigilancia de la vida en línea y/o fuera de línea de una mujer a través de medios tecnológicos.
- Amenazas: se emiten a través de plataformas o aplicaciones digitales y, a menudo, incluyen amenazas de violencia física o sexual.
- Acoso: como el acoso fuera de línea, esto puede incluir una variedad de actividades no deseadas e intimidatorias, incluido el contacto a través de mensajes o aplicaciones. En línea, esto a menudo se va acumulando ya que son múltiples los perpetradores.
- Distribución no consensuada de imágenes íntimas o sexuales: se refiere al intercambio de imágenes sexuales o íntimas de una mujer, que pueden ser tomadas (por terceros o por ella) con o sin su conocimiento, y por alguien que tiene acceso a ellas con consentimiento (pero no hay consentimiento para que se compartan), o por alguien que obtiene acceso a través de otros medios. Esto puede tener graves consecuencias psicológicas y para reputación de la víctima.
- Acecho: incluye una variedad de comportamientos, similares al acecho fuera de línea, como el monitoreo continuo a través de la tecnología, cuyo patrón deja a la mujer sintiéndose insegura o restringida en sus libertades en línea.
- Piratería: esto es cuando alguien obtiene acceso a las cuentas o dispositivos privados de una mujer a través de medios maliciosos. Esto a menudo puede conducir a otra forma de ataque, incluido el chantaje.
- Robo de identidad o uso no autorizado de cuentas: cuando alguien toma el control o suplanta de alguna manera la presencia en línea de una mujer.
- Discurso discriminatorio y sexista y estereotipos de género: esto puede incluir una amplia gama de tipos de discurso basados en estereotipos negativos o en función del género, la nacionalidad, las creencias religiosas o la raza de una mujer, entre otros.
Otro miembro de IFEX, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), también ha estado tratando de mapear y comprender este difícil entorno. Este noviembre, el grupo publicó un nuevo informe que analiza cómo las redacciones y los artículos periodísticos abordan el tema de la violencia de género. Una de las fuentes de información del informe fue una encuesta a mujeres periodistas en la que prácticamente todas las encuestadas afirmaron haber sido víctimas, o haber oído hablar de algún tipo de violencia de género dentro de su trabajo. El documento también indica la falta de protocolos para hacer frente a este tipo de hechos, que, como se señaló durante el taller de Karisma, muchas veces empuja a las periodistas a abandonar sus espacios de trabajo, los temas que trabajan y sus fuentes. Finalmente, el informe de la FLIP señala una marcada tendencia por parte de los periodistas hombres a prejuzgar a las víctimas en casos de feminicidio y violencia sexual; esto es especialmente preocupante cuando la misma investigación muestra que los hombres suelen ser designados para cubrir historias sobre feminicidios, porque son considerados más «objetivos» que las mujeres.
La recolección de datos, a través de estudios como los descritos anteriormente, así como por parte de las autoridades, es fundamental para brindar la información necesaria para el diseño de políticas públicas robustas para combatir la violencia contra las mujeres.
Derechos Digitales ha estado impulsando la recolección de datos para dar visibilidad a la violencia digital que sufren las niñas y adolescentes. Han apoyado, por ejemplo, la iniciativa #ChidasEnLinea en México.
Los datos son clave para dar protagonismo al problema, pero las iniciativas para aumentar la disponibilidad de datos sobre la VCM (violencia contra las mujeres) o la desigualdad de género deben estar orientadas por una lente feminista para comprender mejor las limitaciones, así como los riesgos inherentes involucrados. Karisma ha enfatizado que “La perspectiva del feminismo de datos busca primero entender cómo las prácticas relacionadas con la ciencia de datos profundizan las desigualdades de género, raza y clase. Segundo, quiere cuestionar y cambiar la distribución del poder”, porque los datos nunca hablan por sí mismos.
http://www.onumulheres.org.br/
ONU Mujeres y el Banco Mundial también han destacado esta preocupación. Para ello/as, la producción de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas es una estrategia central para la adopción de medidas efectivas para enfrentarla. Sin embargo, es necesario asegurar que todo el proceso de producción de estos datos se realice sobre la base de principios éticos y de seguridad, no solo para asegurar la confiabilidad de sus resultados, sino también para garantizar la seguridad y el bienestar físico y psicológico de las personas involucradas, desde los entrevistadores hasta (principalmente) las mujeres y niñas cuyos datos se están recopilando.
Este potencial, para hacer bien o hacer daño, hace imprescindible preguntarse: ¿Quién hace la ciencia de los datos? ¿Para quien? ¿Cuáles son sus intereses en la producción y análisis de datos? Las narrativas en torno a la ciencia de datos han sido predominantemente masculinas, blancas y «tecno heroicas». Por eso Karisma ha organizado un debate con la profesora Catherine D’Ignazio, autora del libro Data Feminism. Según Karisma, Catherine D’Ignazio se describe a sí misma como una «mamá hacker». Con quince años de experiencia como desarrolladora de software y artista experimental, es directora del Laboratorio de Datos + Feminismo y Profesora Asistente de Ciencia y Planificación Urbana en el Departamento de Estudios y Planificación Urbana del MIT. ¿Sientes curiosidad de saber más sobre el tema? El debate está disponible en el canal de YouTube de Karisma.
El ‘fin del diálogo’ con lo/as artistas de San Isidro
Según la BBC, el Gobierno de Cuba ha anunciado la ruptura del diálogo con los artistas del Movimiento San Isidro (MSI), quienes, a fines de noviembre, iniciaron una de las mayores protestas que ha tenido lugar en la isla en los últimos 60 años.
A mediados de noviembre, aproximadamente 14 activistas, artistas y periodistas se congregaron en la sede del MSI, bajo el asedio de las fuerzas de seguridad del Estado. Exigieron la liberación del músico Denis Solís González.
A finales de ese mes, las fuerzas de seguridad allanaron la sede de MSI. Quince personas fueron detenidas y trasladadas en vehículos oficiales a la comisaría de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y posteriormente a sus domicilios, donde fueron puestas bajo arresto domiciliario.
Según IFEX-ALC y organizaciones asociadas, “Entre el 10 y 18 de noviembre se han documentado 34 detenciones arbitrarias de 20 personas, además de operativos de vigilancia para impedir la movilidad y cortes del servicio de internet contra artistas, activistas y periodistas que se manifestaban pacíficamente por la liberación de Denis Solís. Las diversas protestas pacíficas reclamando la liberación del músico, han provocado una escalada de violencia”.
Los grupos han exigido al gobierno cubano que declare desierto el proceso penal contra Denis Solís González y proceda con su inmediata liberación. También han exigido que el gobierno permita a la ciudadanía ejercer su derecho a protestar pacíficamente y que cese el hostigamiento e injerencia digital contra quienes participan o realizan la cobertura periodística de estos hechos.
Sin medidas preventivas, la violencia contra los comunicadores sigue siendo una constante en Brasil …
Arte: Cássio Abreu, Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
El 26 de noviembre, ARTIGO 19, miembro de IFEX, lanzó su octavo informe anual Violaciones a la libertad de expresión, que recopila y analiza las graves violaciones contra comunicadores en Brasil: se trata de casos de homicidios, intentos de asesinato y amenazas de muerte, monitoreados por la organización durante 2019 y el primer semestre de 2020.
Se documentaron un total de 38 casos de violaciones graves, 27 en 2019 y 11 en 2020. De ese total, 32 se refieren a amenazas de muerte, 4 a tentativas de asesinato y 2 asesinatos, delitos graves que han apuntado a comunicadores y están vinculados al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Según la publicación, las cifras de los últimos años se acercan al promedio histórico de 30 casos por año, lo que indica que no se han adoptado en el país ni medidas preventivas ni políticas de protección robustas para evitar y enjuiciar los delitos contra periodistas.
… y en México también continúa la crisis
Un año después de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de México – y con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad – 17 miembros de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Seguridad de los Periodistas, coalición internacional dedicada a la defensa y promoción de la seguridad de los periodistas, realizó una misión de observación a México. La misión incluyó a varios miembros de IFEX y su objetivo era colocar la crisis de la libertad de expresión como una prioridad en la agenda del gobierno nacional.
En noviembre de 2020, un año después de la misión, la Coalición lanzó una nueva alerta roja: “el gobierno no ha cumplido con sus compromisos y la situación de la libertad de expresión en el país está empeorando”.
ARTICULO 19 ha documentado un aumento del 45% en los ataques contra la prensa en comparación con 2019. Desde la misión a México, al menos siete periodistas han sido asesinados, y los delitos tienen posibles vínculos con su labor periodística. (ARTÍCULO 19, CPJ y RSF han documentado los asesinatos de Julio Valdivia, Pablo Morrugares, Jorge Miguel Armenta Ramos y María Elena Ferral. Además, Reporteros sin Fronteras (RSF) documentó el asesinato de Víctor Fernando Álvarez). Asimismo, (RSF) informa que al menos 21 periodistas han desaparecido desde 2003, lo que representa la cifra más alta en las Américas. Además, en 2020, México subió un lugar en el Índice Global de Impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas, ocupando ahora el sexto lugar, justo debajo de las zonas de guerra abiertas.
Ante esta situación, en noviembre de 2020 los miembros de la Coalición llamaron una vez más al gobierno mexicano a que de manera urgente:
Impunidad:
- Diseñe una política sólida de justicia transicional para acabar con la impunidad por los asesinatos, desapariciones y violencia contra periodistas en México.
- Informe sobre qué medidas y políticas se implementarán en el futuro para detener la espiral de violencia contra la prensa y qué acciones se tomarán para combatir la impunidad de los delitos contra la libertad de expresión con el fin de brindar garantías de no repetición y acceso a justicia.
Protección:
- Informe sobre las medidas que se tomarán para garantizar los fondos para el otorgamiento de medidas de protección por parte del Mecanismo, ante la desaparición de su Fideicomiso y el cumplimiento de las 104 recomendaciones de la OACNUDH al gobierno mexicano en materia de protección.
Prevención:
- Ponga fin a la estigmatización de la prensa en todos los niveles de gobierno y reconozca el papel fundamental de los medios de comunicación en el fortalecimiento de la democracia.
- Asegure que los servidores públicos se conduzcan de acuerdo con los más altos estándares de libertad de expresión y que toleren las críticas a las que son sometidos por la naturaleza pública de su trabajo.
- Cree condiciones durante las conferencias de prensa, dentro de todos los organismos gubernamentales, que protejan la salud y prevengan la transmisión viral, incluyendo medidas que se ajusten a las recomendaciones emitidas por los Ministerios de Salud y la Organización Mundial de la Salud.
- Promueva una política de prevención que reduzca los ataques contra la libertad de expresión.
- Asegure que el Estado y los medios de comunicación, de acuerdo con el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, desarrollen estrictos protocolos de salud para prevenir el contagio en sus redacciones y apoyar a los periodistas que puedan estar infectados.
Derecho a la información:
- Priorice la información sobre los derechos de los ciudadanos, así como sus deberes y obligaciones en un contexto de emergencia sanitaria.
- Se abstenga de restringir el derecho de acceso a la información, y garantice el derecho a buscar, recibir, solicitar y difundir información de todo tipo.
No se presentaron pruebas contra Pedro Jaimes
En noviembre de 2019 informamos de la liberación del bloguero Pedro Jaimes, luego de más de un año en la cárcel. Había sido acusado de ciberespionaje, de interferir con las operaciones de la aviación civil y de revelar ilegalmente secretos políticos, tres presuntos delitos para los que, según Espacio Público miembro de IFEX, no había ni pruebas ni hechos.
Este noviembre de 2020 se realizó la primera audiencia del juicio en el caso contra Pedro Jaimes, luego de 15 aplazamientos. Espacio Público defendió al periodista presentando formalmente sus argumentos. El Ministerio Público no presentó prueba alguna en contra de Jaimes: durante la audiencia no presentó testigos, peritos, documentos, ni siquiera interrogó a Jaimes.
Ante este hecho, la defensa ha solicitado la absolución inmediata de Jaimes.
Pedro Jaimes enfrenta un proceso injusto luego de la publicación en Twitter de la ruta del avión presidencial el 3 de mayo de 2018. Esta información fue de carácter público y de interés nacional, y fue obtenida en Internet a través de sitios web gratuitos que monitorean vuelos alrededor del mundo. Sin embargo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron arbitrariamente a Jaimes el 10 de mayo de 2018.
Pedro desapareció durante 33 días y, según Espacio Público, fue torturado: golpeado con una bolsa rociada con insecticida en la cabeza, golpeado hasta fracturarle una costilla, se le negó atención médica en varias ocasiones y se lo mantuvo en condiciones insalubres que le provocaron problemas respiratorios y enfermedades de la piel.
Brutalidad policial contra manifestantes, esta vez en Perú
En noviembre pasado, Perú tuvo tres presidentes en una semana. Tras el derrocamiento del presidente Martín Vizcarra, los manifestantes salieron a las calles de todo el país. Se vio a la policía antidisturbios usando balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a grandes grupos de manifestantes en Lima.
El 14 de noviembre, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), miembro de IFEX, publicó una lista de más de 30 periodistas agredidos con gases lacrimógenos, heridos con perdigones, empujados y golpeados. El 11 de noviembre, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) afirmó que los hospitales registraron dos manifestantes muertos y varios periodistas heridos por las fuerzas de seguridad. También hubo inicialmente 42 manifestantes desaparecidos, aunque esa cifra se redujo con el paso de las horas.
Ante esta situación, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH emitió un comunicado, expresando preocupación por la situación y recordando el importante papel de las manifestaciones públicas en la defensa de la democracia y el Estado de derecho. La Relatoría Especial recordó que “es deber del Estado asegurar el ejercicio del derecho de protesta, que incluye los derechos de reunión pacífica y sin armas, de asociación y libertad de expresión”, ya sea en su ejercicio colectivo o individual. La Relatoría Especial agregó que las protestas tienen como objetivo expresar públicamente opiniones, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación.
La ANP ha pedido a las autoridades que responsabilicen a los autores de la violencia e instó al Estado peruano a asumir la responsabilidad política para evitar nuevos actos de violencia en el contexto de las protestas.
