(RSF/IFEX) – RSF ha expresado su preocupacion por la posibilidad que se dicte una orden de captura inmediata contra Sandra Maribel Sánchez, responsable del programa «Contra Punto», en Radio Américas. Denunciada por «espionaje» y «ejercicio ilegal del periodismo», Sánchez podría ser condenada hasta a catorce años de cárcel. La periodista difundio la grabacion ilegal de […]
(RSF/IFEX) – RSF ha expresado su preocupacion por la posibilidad que se dicte una orden de captura inmediata contra Sandra Maribel Sánchez, responsable del programa «Contra Punto», en Radio Américas. Denunciada por «espionaje» y «ejercicio ilegal del periodismo», Sánchez podría ser condenada hasta a catorce años de cárcel. La periodista difundio la grabacion ilegal de una conversacion telefonica entre dos funcionarios. La organizacion ha pedido, en una carta dirigida al juez encargado del caso, Nery Velásquez, que no dicte ninguna orden y que desestime la causa judicial contra ella.
«La denuncia contra Sandra Maribel Sánchez constituye un atentado contra la libertad de circulacion de la informacion garantizada por el Articulo 19 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Honduras», declaro Robert Ménard, secretario general de RSF. Destaco que, «dado que la conversacion es de interés público, lo escandaloso es su contenido y no su difusion». Mientras la periodista, que no pertenece al Colegio de periodistas de Honduras, ha sido denunciada por «ejercicio ilegal del periodismo», Ménard recordo que «la Corte interamericana de los derechos humanos establecio que, en el caso de los periodistas, es ilegal la colegiacion obligatoria «.
Según las informaciones recogidas por RSF, podría dictarse una orden de captura inmediata, acompañada de la prohibicion de salir del país, contra Sánchez, de Radio América, denunciada por «espionaje». En virtud del artículo 214 del Codigo Penal, podría ser condenada a una pena de hasta ocho años de cárcel. Por otro lado, la periodista fue denunciada por «ejercicio ilegal del periodismo» y, por ello, arriesga una condena de hasta seis años de cárcel, según el artículo 293 del Codigo penal. En efecto, Sánchez no pertenece al Colegio de periodistas, cuya inscripcion es obligatoria.
Esta decision se produjo después de que la ex contralora general y ex ministra de Gobernacion y de Justicia, Vera Sofía Rubí, presento una denuncia contra Sánchez. La periodista había difundido una conversacion telefonica entre Rubí y el entonces presidente de la Corte suprema de justicia, Armando Avila. A lo largo de la conversacion, que tuvo lugar en 1999, ambos se ponían de acuerdo para influir en una decision de justicia.
En un texto adoptado en enero de 2000, el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresion establecio claramente que «la pena de prision por la expresion pacífica de una opinion vulnera gravemente los derechos humanos.»
