Mayo de 2024 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Legislación sobre “agentes extranjeros” en Georgia y Turquía; condenas masivas a políticos kurdos; solidaridad con los presos políticos de Bielorrusia; los crímenes de Rusia contra los medios de comunicación en Ucrania; se concede a Julian Assange el derecho a apelar la extradición.
Pesadilla georgiana
El 14 de mayo, a pesar de las enormes protestas en las calles de Tiflis, el parlamento de Georgia aprobó la Ley sobre Transparencia de la Influencia Extranjera impulsada por el gobernante Partido Sueño Georgiano. Los críticos llaman a esta norma la ley de “agentes extranjeros” o la “ley rusa” debido a su similitud con la legislación rusa.
Poco después de que se aprobara, la ley fue vetada por la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, quien la describió como un intento de “aplastar a la sociedad civil”. Sin embargo, el 28 de mayo, su veto fue anulado por el Parlamento, donde el Partido Sueño Georgiano tiene amplia mayoría.
Según la nueva ley, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que reciban el 20 % o más de su financiación de fuentes extranjeras tendrán que registrarse como “organización que promueve los intereses de una potencia extranjera” o de lo contrario enfrentarán una cuantiosa multa. Estarán sujetas a requisitos de presentación de informes que les significarán una carga onerosa y también estarán más expuestas a investigaciones de las autoridades.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) advirtió que el gobierno utilizaría la ley “para difamar y reprimir a las voces críticas” durante la campaña para las elecciones parlamentarias de octubre.
Kety Abashidze, en un artículo para Index on Censorship, analiza la ley y la describe como “parte de un patrón más amplio de ataque contra una amplia gama de derechos humanos en Georgia”. Informa que 150 OSC georgianas han “declarado que no se registrarán”.
Arzu Geybullayeva, en una nota para el sitio web Global Voices, describe la fuerza excesiva ejercida por las autoridades contra quienes protestaban contra la ley. En las semanas previas al 14 de mayo hubo detenciones masivas y la policía utilizó balas de goma, gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes. También se reportaron agresiones a críticos del gobierno y sus familias.
[ Traducción: Según pudieron comprobar nueve grupos de ONG que evaluaron el uso de la fuerza policial contra los manifestantes, los apremios físicos constituyeron tortura y trato inhumano y degradante, y se recurrió a la práctica de la detención administrativa para restringir excesivamente la libertad de reunión”. Más: … ]
Varios miembros de la prensa fueron amenazados por cubrir las protestas; otros fueron agredidos por la policía.
Antes de la adopción de la ley, IFEX se unió a 17 OSC para exhortar al Primer Ministro Irakli Kobakhidze a que retirara la legislación, garantizara la seguridad de los periodistas que cubrían las protestas e investigara los incidentes en los que la prensa había sido atacada.
La ley y la represión por parte de las autoridades contra los manifestantes fueron condenadas internacionalmente. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamamiento a “llevar a cabo investigaciones inmediatas y transparentes sobre todas las acusaciones de malos tratos acontecidos durante o tras las protestas o bajo detención”, y exhortó a retirar el proyecto de ley.
La Comisión de Venecia del Consejo de Europa instó a Georgia a derogar la legislación.
En otro hecho alarmante, el partido de gobierno anunció a principios de mayo su intención de establecer una base de datos para registrar a personas que presuntamente habrían protagonizado o apoyado actos de «violencia, amenazas y chantajes» durante las protestas.
La Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera no es la única “ley rusa” en Georgia. El partido gobernante, que tiene un historial de fomento de la homofobia, ya había presentado en marzo una ley de “propaganda gay”.
Turquía
¿Se criminalizará a los “agentes de influencia”?
El gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) ha propuesto una enmienda al Código Penal turco que criminalizaría a los llamados “agentes de influencia”. Esta enmienda es parte de un paquete de legislación antiespionaje que se conoce como “noveno paquete judicial” y parecería estar dirigido a periodistas, grupos de la sociedad civil y usuarios de redes sociales cuyo trabajo u opiniones publicadas podrían ser interpretadas por las autoridades como algo que atenta contra de los intereses de Turquía. Nordic Monitor lo resume de esta manera:
“La enmienda tiene como objetivo identificar a personas que influyen en la opinión pública mediante la difusión de propaganda contra Turquía, aunque parezca favorecer los intereses de Turquía. Además, las personas que difundan opiniones contra Turquía a través de las redes sociales también serán clasificadas como agentes de influencia según la nueva regulación. Estas se definen como aquellas personas que alteran el orden económico, social o público del país”.
Los condenados en virtud de la legislación podrían enfrentarse a largas penas de prisión. En su análisis de la ley, el sitio web Expresión Interrumpida (un proyecto de la OSC P24 – Plataforma para un Periodismo Independiente que hace un seguimiento de procesos judiciales contra periodistas) advierte que la ley podría desencadenar una “caza de brujas”.
Reporteros sin Fronteras (RSF) instó al gobierno a abandonar el proyecto de ley, afirmando que:
“Si el Parlamento aprueba esta ley redactada en términos amplios y vagos, cualquier periodista que moleste al gobierno podría ser fácilmente perseguido por considerarse agente de influencia que, supuestamente, respalda las posiciones o intereses de un país extranjero”.
Según Bianet, se prevé que el paquete de enmiendas ingrese al Parlamento el 1 de julio, antes del receso.
Represión continua contra los derechos de los kurdos
El 16 de mayo, el 22º Tribunal Penal de Delitos Graves de Ankara condenó a 24 políticos kurdos a sentencias de prisión de entre 9 y 42 años por lo que Human Rights Watch (HRW) calificó de “cargos falsos”, tras un “juicio patentemente político e injusto”. Entre los sentenciados está quien fuera copresidente del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y es actualmente miembro honorario de la asociación internacional de escritores PEN, Selahattin Demirtaş, que recibió una sentencia de 42 años. Fue declarado culpable de “ayudar a socavar la unidad y la integridad del Estado”, “incitar al delito” y “difundir propaganda terrorista”.
Demirtaş y los demás acusados fueron procesados por su presunta participación en protestas mortales que tuvieron lugar en Turquía en 2014 tras un ataque del Estado Islámico a la ciudad siria de Kobani, de población mayoritariamente kurda.
Demirtaş ha estado tras las rejas desde 2016, cuando fue arrestado por cargos falsos relacionados con actividades terroristas. En 2018 fue declarado culpable de “propaganda terrorista” y en 2021 de “insultar al presidente”. En 2018 y 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Demirtaş debía ser liberado inmediatamente, pero Turquía se ha negado a acatar esos fallos.
Solidaridad con los presos políticos de Bielorrusia
El 21 de mayo, grupos de derechos humanos conmemoraron el Día Internacional de Solidaridad con los Presos Políticos en Bielorrusia. El tema de este año fue el derecho a la salud y a la atención médica de los detenidos. Según la organización de derechos humanos Viasna, seis presos políticos han muerto tras las rejas en los últimos tres años debido a condiciones médicas no tratadas o a una atención médica deficiente. La organización ha identificado a otros 254 presos que se encuentran en riesgo por problemas de salud.
El 17 de mayo, la policía allanó el apartamento en Minsk de Barys Haretski, vicepresidente de la Asociación Bielorrusa de Periodistas (BAJ), miembro de IFEX. Haretski y otros dirigentes de BAJ están exiliados desde 2021. BAJ informa que se ha iniciado una causa contra Haretski, pero aún se desconocen los detalles. El día antes del allanamiento de la propiedad de Haretski, las autoridades incautaron el apartamento del periodista Dzmitry Kazakevich también exiliado.
A principios de mayo, BAJ y la Unión de Periodistas Lituanos conmemoraron el Día Mundial de la Libertad de Prensa organizando un evento de solidaridad en la Prisión de Lukiškės, en la capital lituana de Vilnia. En el evento se destacó la difícil situación de más de 30 periodistas que se encuentran actualmente tras las rejas en Bielorrusia.
[ Traducción: “Estamos aquí para recordarle al público la situación de los periodistas bielorrusos que permanecen tras las rejas y de todos los presos políticos bielorrusos en general”. Vídeo reportaje de acción solidaria ]
Los socios de Media Freedom Rapid Response, organización que hace un seguimiento de las violaciones a la libertad de prensa, pidieron a las autoridades serbias que liberaran al periodista y activista bielorruso Andrey Gniot, que se encuentra tras las rejas en Serbia desde su arresto en octubre de 2023. Las autoridades de Minsk detuvieron a Gniot por cargos de evasión fiscal pero motivadas por razones políticas. Los tribunales serbios están considerando una solicitud de extradición a Bielorrusia.
En breve
El 20 de mayo, el Tribunal Superior del Reino Unido concedió a Julian Assange el derecho a apelar su extradición a Estados Unidos. La decisión se fundamentó en que, dado que Assange tiene ciudadanía australiana, Estados Unidos podría negarle las garantías en materia de libertad de expresión que otorga a sus propios ciudadanos conforme a su primera enmienda constitucional.
Las fuerzas rusas han cometido al menos 599 delitos contra medios y periodistas en Ucrania desde que el Presidente Vladimir Putin inició su invasión en febrero de 2022, según un informe del Instituto de Información de Masas. Estos crímenes incluyen: asesinatos, lesiones físicas y secuestros de periodistas; bombardeos de oficinas y torres de transmisión de televisión; ciberataques y amenazas de muerte. Desde el inicio de la guerra, 234 medios de comunicación se han visto obligados a cerrar.
La guerra de Israel contra Gaza sigue teniendo repercusiones para los derechos humanos en Europa, especialmente para los derechos a la libertad de expresión, reunión y circulación de los defensores de Palestina. A principios de mayo, se negó el ingreso a Francia y los Países Bajos al cirujano de guerra británico-palestino y rector de la Universidad de Glasgow, Ghassan Abu Sittah, debido a una prohibición de viajar al espacio Schengen impuesta contra él por Alemania. El médico había sido invitado a hablar sobre lo que presenció en su labor atendiendo a víctimas de la guerra en Gaza. Un mes antes, Alemania había deportado a Abu Sittah para impedir que se dirigiera al Congreso Palestino en Berlín, un evento que la policía luego allanaría y clausuraría. Sin embargo, el 14 de mayo se anunció que la prohibición de viajar había sido impugnada con éxito, en un fallo que el abogado de Abu Sittah describió como “un importante punto de inflexión en el cuestionamiento del entorno hostil al que se han enfrentado en los últimos meses los defensores palestinos de los derechos humanos como el profesor Ghassan”.