Agosto en las Américas: un resumen de noticias producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de las organizaciones que hacen parte de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
El atentado contra Salman Rushdie une a escritores y defensores de derechos en defensa de la libertad de expresión; en Centroamérica el espacio cívico y las libertades civiles enfrentan desafíos extraordinarios; y Brasil se prepara para una difícil contienda electoral en medio de la desinformación y los esfuerzos por limitar la participación del público.
Salman Rushdie: “… un atentado contra todos nosotros”
El atroz atentado perpetrado contra Salman Rushdie en la Institución Chautauqua, en el oeste del estado de Nueva York, conmocionó a organizaciones de todo el mundo que se dedican a la libertad de expresión, pero de ninguna manera las silenció.
La agresión se ha vinculado a la fetua pronunciada contra Rushdie en 1989, cuando el ayatolá Jomeini de Irán llamó a que asesinaran al novelista y a cualquiera que tuviera algo que ver con su libro Los versos satánicos. A raíz de ello, Rushdie se vio obligado a vivir en la clandestinidad y estuvo casi una década sin poder volver a la vida pública. Treinta y tres años más tarde, este atentado ha suscitado indignación en todo el mundo y ha dado lugar a exhortaciones a defender la libertad de expresión, en especial la libertad de escribir creativamente y cuestionar a quienes detentan el poder. En un artículo publicado en The New Yorker, Robin Wright afirma que “la fetua sigue siendo un punto álgido en los debates internos de Irán y una herramienta política que es explotada por sus líderes más intransigentes”.
[Traducción: Cientos de personas se concentraron frente a la Biblioteca Pública de Nueva York este viernes para manifestar su apoyo al escritor Salman Rushdie, apuñalado varias veces en un evento literario hace una semana]
Poco después del atentado, centenares de personas, entre ellas colegas y lectores admiradores de su obra, se concentraron frente a la Biblioteca Pública de Nueva York, en Manhattan, en apoyo a Rushdie, donde leyeron pasajes de sus libros y expresaron sus deseos de una rápida recuperación. Muchos analistas ven al atentado como obra “de un agresor que actuaba por su cuenta” y el gobierno iraní deslindó toda responsabilidad. El presunto autor, Hadi Matar, de 24 años, está detenido sin derecho a fianza en una cárcel de la región oeste del estado de Nuevo York, acusado de agresión y tentativa de homicidio en segundo grado. Rushdie se está recuperando, pero sufrió heridas graves, incluidos daños en los nervios de un brazo, lesiones en el hígado y probable pérdida de visión en un ojo.
En su declaración, PEN Canadá resaltó las palabras del propio Rushdie sobre la libertad de expresión y cómo esta trasciende ampliamente al mensajero:
“Recordemos que la libertad de expresión no es solamente la libertad que tiene un escritor para escribir, sino la libertad de un lector para leer, la libertad de un editor para publicar, la libertad de un librero para vender libros… la que tenemos todos de decidir por nosotros mismos qué ideas elegimos traer a casa y tener en nuestras manos – en nuestras mentes.”
Centroamérica: “autoritarismo legalizado”
En los últimos años se ha asistido a un lento pero firme retroceso hacia el autoritarismo, con consecuencias peligrosas tanto para el espacio cívico como para la libertad de expresión en países de toda la región. El encubrimiento de la corrupción gubernamental sigue siendo una fuerte motivación para este autoritarismo y se multiplican y entrelazan las estrategias en ese sentido: desde el desmantelamiento de los sistemas judiciales hasta la persecución y criminalización de la prensa, los trabajadores de los medios de comunicación en general y los defensores de los derechos humanos.
Según ARTICLE 19 México y Centroamérica, la libertad de expresión en la región se encuentra en una “situación crítica” y la participación en el espacio cívico está dominada. Se reprime a la oposición política, se obliga al exilio a líderes de la sociedad civil y periodistas, y se hostiga a funcionarios del poder judicial.
El medio de prensa guatemalteco Plaza Pública califica a este fenómeno de “autoritarismo legalizado” y denuncia en particular el uso de la ley y las fuerzas del orden para silenciar y obstaculizar la labor de periodistas y defensores de los derechos humanos. Esto es especialmente evidente en comunidades indígenas rurales que luchan contra empresas extranjeras extractivas que explotan – y contaminan – sus tierras, con el apoyo y la protección del Estado.
El caso más reciente en Guatemala se produjo a principios de agosto con la detención del periodista José Rubén Zamora, presidente del diario elPeriódico. El medio de prensa El Faro, que señaló lo dudoso del caso, observó cómo fue armado en tan solo 72 horas.
Vale destacar también que el de Zamora no es el único caso en Guatemala: en 2020 el periodista Sonny Figueroa también fue arrestado, acusado de cargos dudosos luego de que publicara una investigación sobre funcionarios gubernamentales. En el interior de Guatemala, los periodistas indígenas Carlos Choc y Anastasia Mejía Tiriquiz, ente otros, también han sido víctimas de acoso e intentos de criminalización en 2021 y en los últimos meses.
[Traducción: #Guatemala: El director financiero de elPeriódico “fue arrestado en el marco de una investigación penal contra el presidente de ese medio, José Rubén Zamora, que está detenido desde el 29 de julio.”]
En Nicaragua, por su parte, es cada vez más difícil encontrar siquiera un rastro de libertades civiles. Solo en el mes de agosto, se clausuraron numerosas estaciones de radio y medios de prensa o se intensificó la represión contra ellos. Desde mayo, el Estado cerró unas 770 organizaciones de la sociedad civil, incluidas algunas dedicadas a actividades académicas y artísticas, así como organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas). Por otra parte, entró en vigencia una nueva ley que podría restringir aún más las actividades de la sociedad civil y se impulsa una propuesta de reforma del Código Penal que aumentaría las penas por delitos contra la “integridad nacional”.
Una tendencia similar de estigmatización de los medios se observa en El Salvador, donde la retórica antiprensa del Presidente Nayib Bukele es bien conocida. A principios de este año, cerca de 35 periodistas – muchos de ellos del medio El Faro – y ONG descubrieron que estaban siendo vigilados con el software espía Pegasus.
Dos meses después, el gobierno salvadoreño declaró un amplio régimen de excepción luego de que se produjeran 62 asesinatos en un solo día, presuntamente a manos de pandillas, lo que registró la mayor tasa diaria de homicidios en años. El régimen de excepción llevó a decenas de miles de arrestos y a un aumento de las violaciones de los derechos humanos.
Las campañas de desprestigio contra los medios también se han vuelto más comunes en Costa Rica, país que hasta hace poco era una excepción en la región. El nuevo mandatario costarricense, Rodrigo Chaves, no tardó en retratar a la prensa como su enemigo, tildando a los periodistas de “señores feudales,” “ratas” y “gente mala que lo que quiere es dañar al país”.
Basta con mirar al resto de la región para ver lo que sucederá si estos ataques se intensifican.
Un ejemplo extremo es el de Honduras, donde en los últimos 20 años se ha producido una dramática escalada de violencia contra la prensa, con un total de 96 periodistas asesinados, lo que lo convierte en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Solo en lo que va de 2022, C-Libre registró 34 ataques contra periodistas y comunicadores y contra la libertad de expresión en general.
A pesar de estos importantes desafíos, los periodistas y los defensores de los derechos humanos siguen firmes y en alerta, organizándose, denunciando y reclamando justicia para la región, incluso desde el exilio. Al menos 120 periodistas nicaragüenses han tenido que abandonar el país, pero muchos mantienen sus medios de prensa funcionando desde el exterior. En todo el mundo se siguen multiplicando las campañas en rechazo a los intentos por restringir las libertades civiles. La creación en Nicaragua de un mecanismo especial para investigar violaciones de los derechos humanos es fruto de una de esas estrategias.
Brasil: promover elecciones libres y justas en un espacio cívico vulnerado
Brasil se prepara para unas elecciones presidenciales y parlamentarias particularmente cruciales, en las que los brasileños deberán elegir entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva en un contexto caracterizado por ataques a la libertad de expresión, restricciones a la participación pública y limitaciones al acceso a la información. Las reiteradas agresiones a periodistas, la divulgación de información errónea por figuras públicas y la amenaza constante de violencia se conjugan para configurar un escenario sumamente tenso para los comicios de octubre. Bolsonaro, por su parte, apela a su base evangelista ante la disminución del apoyo a su candidatura y algunos temen que si llegara a perder, no se iría sin una pelea.
La historia reciente no contribuye a aliviar el clima general de intranquilidad. Artigo 19 Brasil ha elaborado un resumen exhaustivo de lo que ha significado para la sociedad civil que Bolsonaro ocupe el puesto político más alto del país. Entre los muchos desafíos que ha debido enfrentar la sociedad civil está la notoria retórica del mandatario contra los periodistas, así como el abuso de las leyes y los fallos judiciales para restringir no solo el trabajo de la prensa, sino también la labor de opositores políticos y las manifestaciones públicas. Tanto las mujeres que trabajan en los medios como las que ocupan cargos públicos electos están particularmente expuestas a formas de violencia política, como también lo están los y las representantes negro/as, LGBTQIA+ y pobres. Las comunidades indígenas y aquellas personas que cubren noticias vitales sobre actividades de extracción y abusos en la Amazonia brasileña también son blancos comunes.
Por otra parte, las campañas de desinformación orquestadas desde cargos públicos emplean una variedad de métodos para influir en los votantes y esos métodos cambian más rápidamente de lo que les lleva a las personas dominar las estrategias informativas. Según una investigación de Global Witness, los esfuerzos de Facebook para detectar información errónea relacionada con las elecciones han fallado. Mientras tanto, en los espacios más idóneos para compartir información, como lo es WhatsApp, la supervisión es poca o nula.
Los escollos son muchos pero no han desanimado a defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Numerosas campañas, entre ellas de IFEX, alientan a la gente a votar y a informarse de los desafíos que se avecinan y muchos votantes se congregan en actos que resuenan profundamente en la sociedad brasileña y evocan importantes momentos históricos en defensa de la democracia y el estado de derecho.
[Traducción: Un #EspacioCívico sano y robusto depende de nuestra capacidad para acceder y compartir información precisa y oportuna, incluido sobre procesos y campañas electorales.
¡Eso es imposible sin #LibertadDePrensa! ]
En breve
Aumenta la violencia en Ecuador: Ante el asesinato de dos periodistas en junio, surgieron nuevamente reclamos para que se implemente un mecanismo de protección. La recomendación de crear un mecanismo de protección surgió luego de las investigaciones del trágico asesinato de tres miembros de un equipo periodístico del diario El Comercio ocurrido en la frontera con Colombia en 2018.
La violencia contra periodistas cobra otras cuatro vidas en México y Colombia: Fredid Román, del diario La Realidad, fue baleado cerca de su casa en el estado mexicano de Guerrero. Cándida Vázquez, que estaba desaparecida desde fines de julio, fue encontrada sin vida en un canal de Sinaloa. Con las muertes de Vázquez y Román ya son 14 los periodistas asesinados en México en lo que va del año. En Colombia, los periodistas Leiner Montero y Dilia Contreras fueron asesinados con armas de fuego en la municipalidad de Magdalena.
