Una investigación reveló una lista de 130 personas perfiladas por el Ejército colombiano de las cuales 30 eran periodistas, algunos de ellos corresponsales para el "New York Times", el "Wall Street Journal", NPR y un fotógrafo de la "National Geographic", todos ciudadanos estadounidenses. La editora regional de IFEX, Paula Martins, analiza los eventos recientes y las ramificaciones más amplias.
Esta es una traducción del artículo original.
Espiar en el 2019 – perfilamiento y archivos secretos
A fines de diciembre de 2019, el presidente colombiano Iván Duque anunció que el general Nicacio Martínez se retiraba como comandante del Ejército nacional, citando razones personales. A mediados de enero de 2020, la revista local Semana publicó un artículo informando que, detrás de la jubilación, hubía un gran escándalo que involucraba el uso de fondos estadounidenses para crear un plan de vigilancia establecido por el Ejército colombiano para espiar a periodistas, políticos, jueces e incluso oficiales de otras unidades de las Fuerzas Armadas durante el 2019.
Según un integrante de inteligencia extranjera que vive en Colombia, los oficiales estadounidenses recibieron noticias de que equipos sofisticados donados para apoyar la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla se estaban usando ilegalmente, y que algunos fondos proporcionados al Ejército colombiano se estaban desviando para terminar en los bolsillos de ciertos oficiales. Además, una fuente militar le dijo a Semana que su unidad estaba creando informes falsos, basados en fuentes inexistentes, para obtener recursos que luego se dividirían entre los jefes de las operaciones. En otros casos, según otra fuente de inteligencia militar, las víctimas de la vigilancia eran objetivos políticos de todos los matices ideológicos, pero que no generaban ninguna preocupación para la seguridad nacional.
Al principio, no hubo nombres; solo números móviles, cuentas de correo electrónico y una orden para investigar. Una vez que comenzaron la investigación, los oficiales se dieron cuenta de a quién estaban vigilando. Los expedientes, organizados bajo la etiqueta «Servicios especiales», tenían información extensa sobre estas personas, incluidos extractos de sus conversaciones en las redes sociales y aplicaciones de mensajería, además de fotografías, videos, red de contactos y mapas que rastreaban sus movimientos.
También según Semana, en 2019, el Comando de Apoyo de Inteligencia Militar («Caimi») adquirió de un fabricante español la plataforma conocida como «Invisible Man», que permite la instalación de malware en equipos pirateados. El Espectador informó sobre el uso de Voyager por parte del Ejército, una herramienta fabricada por una compañía israelí. Supuestamente se empleó también equipo móvil táctico, como StingRay. Sin embargo, la mayor parte de la información se recopiló a través de Open Source Intelligence – Osint, debido a su bajo costo.
Amenazas para silenciar al periodismo de investigación
Como resultado de la investigación de Semana en el 2019, la revista fue constantemente vigilada y sus directores y personal fueron seguidos y amenazados. Se enviaron «notas de condolencia» a la sala de redacción y a las familias de los periodistas, y se puso una lápida en el automóvil de uno de los periodistas.
Después de que el caso fuera llevado a las autoridades policiales, aquellos involucrados en la investigación también comenzaron a ser amenazados. Uno recibió una nota en la que se le exigía desviar la atención del Comando del Ejército y que solo hiciera público lo que los medios ya sabían. La nota terminaba diciendo: “Disfruten de sus vidas, de esos mellizos, de esa familia“. Su esposa es muy buena estudiante de contabilidad, disfrute de su vehículo Renault Simbol [sic], de su hija y de su esposa ex policía”.
Raíces históricas y escándalos recurrentes
El informe de Semana llega 10 años después de otro caso serio que involucró escuchas ilegales de comunicaciones en Colombia por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en 2009. Las cuentas de los medios informan que la agencia nacional de espionaje vigiló y hostigó a más de 600 políticos y figuras públicas.
Como resultado de esos informes, se cerró el DAS y 70 personas fueron investigadas por las agencias policiales; 22 se declararon culpables o fueron condenadas, incluido el Secretario General de la Presidencia y el ex director de DAS. El caso también condujo a la creación de algunos mecanismos de control y a la aprobación de una legislación específica en 2013: la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (Ley Orgánica 1621).
En ese momento, se generó la expectativa de que en adelante las cosas cambiarían en Colombia. Está claro que no fue así.
Los expertos ahora cuestionan el impacto de la Ley de Inteligencia, principalmente debido a su mala implementación, pero también debido a las profundas lagunas en sus disposiciones. Los organismos establecidos para ejercer un cierto grado de control civil sobre los militares, como la comisión del Senado pertinente y el sistema para la purga de archivos de inteligencia clasificados, o bien no son operativos, o bien son ineficaces.
Algunos observadores argumentan que la impunidad puede haber contribuido a la situación actual, señalando la falta de acción y de rendición de cuentas después de la divulgación de la Operación Andrómeda en 2014, cuando un pirata informático admitió haber pagado por información venida de una operación ilegal de intercepción telefónica dirigida por el Ejército colombiano. La operación de vigilancia, instalada en un restaurante, se centró en los negociadores involucrados en las conversaciones de paz en curso.
En 2015, Privacy International lanzó una investigación basada en documentos y testimonios confidenciales, que muestra que las reformas de 2013 habían sido «socavadas por el despliegue secreto de sistemas masivos y automatizados de vigilancia de comunicaciones por parte de varias agencias gubernamentales fuera del ámbito de lo que prohíben las defectuosas leyes de inteligencia de Colombia». La organización concluyó que Colombia había constituido un Estado de vigilancia masiva en la sombra.
Hoy: sin rendición de cuentas ni cambios estructurales
Según El País, las investigaciones sobre los informes de vigilancia ilegal de 2019 se están ejecutando «a paso de tortuga», y el gobierno comenzó a tratar el caso como resuelto después de la destitución del general Martínez.
A principios de mayo, Semana publicó un nuevo artículo, esta vez refiriéndose a una lista de perfiles de 130 personas, 30 de las cuales eran periodistas. La lista incluía corresponsales para el New York Times, el Wall Street Journal, NPR, un fotógrafo de la National Geographic y el director de la división de Human Rights Watch para las Américas, todos ciudadanos estadounidenses.
Horas antes de que se publicara el artículo, el gobierno anunció que 11 oficiales militares habían sido retirados temporalmente en espera de procedimientos disciplinarios resultantes de informes de vigilancia ilegal, oficiales que supuestamente habían estado bajo investigación desde enero de 2020. No se dieron detalles sobre sus nombres, rangos o roles.
Además, estos desarrollos se han limitado a procedimientos administrativos dentro de las Fuerzas Armadas. El senador Juan Manuel Galán, uno de los autores de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia de 2013, afirmó en una entrevista publicada por El Colombiano que es el sistema de justicia penal civil que debe responder al caso, no el sistema de justicia militar.
La evidencia apunta al hecho de que el Ejército colombiano ha estado llevando a cabo operaciones de inteligencia fuera de cualquier control civil y político, en objetivos que no pueden considerarse «legítimos», que no obedecen a una cadena de mando clara y para fines que son, como mínimo, dudosos.
En respuesta a los informes de Semana, varios de los periodistas que habían sido perfilados y todos aquellos que los apoyaban, publicaron una carta abierta titulada «¿Por qué estamos bajo vigilancia?». En la misma, enumeran muchas de las preguntas sin respuesta sobre el caso, incluido quién ordenó la operación, quién sabía sobre ella, para qué se destinaba la información recopilada y qué medidas se tomarían para garantizar que los periodistas puedan llevar a cabo su trabajo sin que se elaboren perfiles sobre ellos, se los vigile o estigmatice.
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, le dijo a Reuters a principios de mayo de 2020 que «el espionaje ilegal no es una política institucional, sino que refleja las acciones individuales de unos pocos funcionarios que no solo perdieron sus trabajos, sino que podrían enfrentar la cárcel». El presidente Duque afirmó que «no permitirá que los miembros de la Fuerza Pública trabajen contra la ley».
Sin embargo, el 22 de mayo, un artículo del New York Times cuestionó a los militares y al gobierno gobierno en su afirmación de que los escándalos estuvieran relacionados únicamente con algunas «manzanas podridas» dentro de la institución, y pidió una reforma completa de la inteligencia militar colombiana.
La investigación realizada por Privacy International respalda la necesidad de dicha reforma. La vigilancia está profundamente arraigada en el Ejército, y el problema se extiende mucho más allá de los actos individuales de esos oficiales. La vigilancia de las comunicaciones tiene raíces históricas en Colombia y ha sido parte integral del conflicto interno. Según su informe, “las agencias clave en Colombia que monitorean las comunicaciones compiten por recursos y capacidades. Esto ha resultado en sistemas de vigilancia superpuestos y no controlados que son vulnerables al abuso”.
Impactos profundos y duraderos en la libertad de expresión
Pedro Vaca, director de la organización miembro de IFEX en Colombia, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), subraya la necesidad de respuestas. El caso continúa siendo manejado con poca transparencia. Mientras las investigaciones continúan de manera lenta y oscura, sigue existiendo un riesgo real para todos los que están en la lista.
La Liga Contra el Silencio y su editora, Gina Morelos, aparecen en la lista. Morelos pregunta cómo es que los periodistas pueden ser vistos como una amenaza para la seguridad nacional al hacer su trabajo. Cuando le pregunté sobre la investigación respondió: “¿Qué investigación? En nuestro país, el silencio ruidoso es una constante».
John Otis, periodista y corresponsal de NPR y del Wall Street Journal y del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en Colombia (que forma parte de la red de IFEX), fue otro de los periodistas en la mira del Ejército. Otis le dijo a IFEX que cree que los periodistas en la lista probablemente fueron elegidos debido a sus artículos críticos al Ejército. Aparentemente, hay un sentimiento dentro del ejército de que todos aquellos que no apoyan completamente su trabajo están en contra de ellos. También especula que algunos periodistas están siendo vigilados porque están trabajando en artículos con fuentes que son miembros del narcotráfico y grupos guerrilleros.
El impacto en la libertad de prensa es claro: los periodistas son vistos como amenazas y son atacados por ejercer el trabajo que les corresponde. Además, la protección de sus fuentes está en peligro, y esto es esencial para acceder a información que puede ayudar a los colombianos a comprender mejor su complejo y difícil contexto sociopolítico, está bajo peligro.
Como lo destaca FLIP, el perfilamiento de los periodistas por parte del ejército colombiano va más allá de los límites legales y los objetivos de las funciones de inteligencia permitidas constitucionalmente al Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relator Especial sobre Libertad de Expresión han declarado que para poder ejercer vigilancia la misma debe ser legal, en un sentido formal y material, y debe además ser necesaria y proporcionada. Los objetivos según los cuales se habilita el monitoreo o la interceptación de las comunicaciones deben estar expresamente establecidos en la Ley, y en todos los casos las leyes deben establecer la necesidad de una orden judicial previa. La vigilancia masiva de las comunicaciones en ningún caso puede considerarse proporcional.
“En la misma línea, la recopilación sistemática de datos públicos, expuestos voluntariamente por el propietario de dichos datos, como publicaciones de blog, redes sociales o cualquier otra intervención en el dominio público, también constituye una interferencia en la vida privada de las personas. El hecho de que la persona deje huellas públicas de sus actividades, algo inevitable en Internet, no le permite al Estado recolectarlas sistemáticamente, excepto en circunstancias específicas donde tal interferencia esté justificada».
Derechos civiles bajo ataque; la oposición de la sociedad civil
Los poderes de vigilancia sin restricciones amenazan no solo el derecho a la privacidad, sino también un amplio espectro de derechos, incluida la libertad de expresión, reunión y asociación, y la prohibición de la discriminación.
El problema parece afectar a muchos otros países de la región. En 2019, representantes de varias organizaciones no gubernamentales de América Latina señalaron la implementación gradual de tecnología de vigilancia para apoyar los esfuerzos de seguridad nacional.
Son frecuentes la falta de estudios y transparencia durante la preparación de despliegues tecnológicos. En Argentina, por ejemplo, el miembro de IFEX ADC (Asociación por los Derechos Civiles) ha estado defendiendo una legislación específica que regula el uso de la inteligencia de código abierto (OSINT) y la inteligencia de las redes sociales (SOCMINT), solicitando un proceso legislativo abierto y participativo.
La coalición AlSur, en la que participan los miembros de IFEX ADC, Derechos Digitales, Fundación Karisma y R3D, afirma que esta tendencia es especialmente preocupante en un contexto regional marcado por dictaduras de larga data, conflictos armados y violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos y se ve agravado por una cultura predominante de corrupción, impunidad y falta de transparencia.
Fabrizio Scorlini, de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA), dice que «la creciente escala de la vigilancia ilegal en América Latina, habilitada por la adquisición estatal de software de vigilancia y piratería, está planteando preguntas urgentes sobre su impacto en los derechos civiles». Los Estados deberían adoptar un marco claro que considere «cuestiones de necesidad y proporcionalidad para adquirir y usar estas tecnologías, así como identificar qué agencias podrán operarlas».
De hecho, estos parámetros podrían orientar las muy necesarias reformas al marco legal y político de Colombia, y de sus países vecinos. También se necesitan investigaciones exhaustivas, transparentes y concluyentes. Sin embargo, la aplicación de las pautas legales, la implementación de controles civiles y el monitoreo público de las agencias de inteligencia requieren un verdadero compromiso político. Hoy, Colombia enfrenta hoy este desafío y también la oportunidad de comprometerse con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
