Un grupo de simpatizantes y colectivos oficialistas secuestraron a Óscar Sánchez y Michael Acosta, técnicos del canal Capitolio TV, cuando se disponían a instalar equipos de transmisión para cubrir la sesión parlamentaria.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 10 de enero de 2017.
En horas del mañana del 10 de enero de 2017, un grupo de simpatizantes y colectivos oficialistas secuestraron a Óscar Sánchez y Michael Acosta, técnicos del canal Capitolio TV, televisora digital del Parlamento, cuando se disponían a instalar equipos de transmisión para cubrir la sesión parlamentaria pautada a las dos y treinta de la tarde en la sede de la Escuela José María Vargas en la Urbanización San José de Cotiza, en Caracas, ciudad capital.
La información fue difundida por José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, quien a través de su cuenta de red social Twitter @joseolivaresm informó sobre el ataque que simpatizantes y colectivos oficialistas perpetraron contra la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El diputado Olivares informó, a través de la red social, que simpatizantes oficialistas, presuntamente armados, abordaron a los técnicos de la televisora digital, quienes se encontraban en la azotea del edificio Escuela de Medicina José María Varga, y los despojaron de sus teléfonos celulares, laptops y antena microonda.
40 minutos después de la publicación de una serie de mensajes sobre el hecho, el diputado informó que los trabajadores habían sido liberados, pero sus equipos continuaban en manos de estos simpatizantes.
Los colectivos armados se mantienen en las afueras del Hospital Vargas y la Escuela de Medicina Vargas de la UCV. #ANenLaCalle pic.twitter.com/LtJlXssGsO
— Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) January 10, 2017
Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Capitolio TV, confirmó a IPYS Venezuela el secuestro por casi dos horas de los técnicos Óscar Sánchez y Michael Acosta. Para los dos y treinta minutos de la tarde, hora pautada para el inicio de la sesión parlamentaria, representantes de la televisora aún se encontraban mediando la devolución de los equipos de transmisión.
“Nada va a impedir que esta Asamblea Nacional salga a la calle, la sesión de hoy en el Vargas se mantiene en pie. #ANenLaCalle”, publicó el diputado Olivares, quien también responsabilizó a Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, por los destrozos causados por al menos 60 personas en la escuela de medicina de la UCV.
De acuerdo con la información suministrada por José Igancio Guédez, secretario de la Asamblea Nacional, la sesión parlamentaria fue pautada para las dos y treinta minutos de la tarde del martes 10 de enero en el auditorio Enrique Montbrun de la Escuela de Medicina José María Vargas de la UCV, donde se debatirá “la crisis en materia de salud y de las condiciones de los hospitales del país”.
Estos fueron algunos de los tuits publicados por Olivares:
Ningún organismo de seguridad ha impedido la violencia y los destrozos a la primera escuela de medicina del país. #ANenLaCalle
— Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) January 10, 2017
Hoy la #ANenLaCalle va al Hospital Vargas a escuchar lo que Maduro no quiere escuchar: los problemas de la gente!!
— Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) January 10, 2017
Esta alerta a la libertad de expresión representa una limitación de acceso a la cobertura de asuntos de interés público vinculado a hechos de intimidación por parte de simpatizantes oficialistas contra periodistas y comunicadores sociales, y un ataque contra sus herramientas de trabajo.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a la comunicación libre y plural sin censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la censura previa, la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, información u opinión a través de los medios de comunicación, deben estar prohibidas por la ley.
En su numeral 9 establece que los hechos de agresión, amenazas e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
