Octubre de 2022 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Nota de la editora: En el artículo original se cometió un error al identificar a las organizaciones que lideraron el reporte conjunto sobre Pegasus en México. El error ha sido corregido.
Al conmemorarse un nuevo Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, en las Américas somos testigos de lo que ocurre cuando las violaciones de la libertad de expresión quedan impunes y el autoritarismo avanza. En México a principios de mes se conocieron nuevos casos de uso del software de vigilancia Pegasus, mientras que en Venezuela un cierre masivo de emisoras de radio profundiza el desierto informativo en ese país. En Nicaragua, periodistas y defensores de los derechos humanos resisten las acciones del gobierno para reducir el espacio cívico y silenciar a la prensa y en Honduras, Colombia y Haití la violencia cobra vidas entre los trabajadores de la prensa.
La impunidad abre paso a la violencia, la censura y la vigilancia
Han pasado 10 años desde la puesta en marcha del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, pero la región se ve hoy fuertemente convulsionada por problemáticas que solo son posibles en un clima de profunda impunidad. En México, luego de años de incidentes, denuncias y reclamos de la sociedad civil, a nivel nacional y mundial, para que se imponga una moratoria en el uso del software de espionaje Pegasus, un nuevo informe conjunto (dirigido por ARTICULO19, R3D y SocialTIC) detectó otros tres casos de empleo de este malware y evidencias que lo vinculan al gobierno y el ejército mexicanos. El informe revela que el ejército vigila ilegalmente a actores de la sociedad civil y a periodistas que investigan o trabajan sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares.
El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa negando que el gobierno utilice Pegasus, a pesar de la evidencia, y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha intentado desacreditar el informe y negar su propia responsabilidad, sin mencionar ni refutar directamente ninguno de los hechos revelados.
En Colombia, Jineth Bedoya sigue esperando que se haga justicia plena en su caso, tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinó la responsabilidad del Estado de Colombia en las violaciones de sus derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. Ha transcurrido un año desde esa histórica sentencia pero el proceso avanza lentamente y el Estado colombiano ha cumplido solo algunas de las medidas dispuestas por la Corte. Tanto Bedoya como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia han señalado el interés colectivo que reviste el cumplimiento de las reparaciones requeridas, ya que estas se refieren a los derechos de todas las mujeres periodistas que han sido víctimas de violencia sexual.
En Venezuela, en los últimos meses se intensificó el cierre masivo de emisoras de radio que comenzó hace años. El miembro de IFEX Espacio Público lleva un registro del número creciente de programas de radio, periodistas radiales y emisoras enteras que han sido obligados a salir del aire por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Esta organización se ha unido a otras para reclamarle a la CONATEL que garantice la diversidad y pluralidad de voces y para denunciar su “gestión opaca” en la toma de decisiones.
Paralelamente, y a pesar de los desafíos que enfrentan organizaciones de la sociedad civil como IPYS Venezuela, miembro de IFEX, se organizan instancias y capacitaciones dirigidas a periodistas y comunicadores para que adopten formatos de audio que les permitan informar y compartir historias y para que estudien y reconozcan el importante papel que cumple la radio en la lucha contra los desiertos informativos en el país.
Nicaragua: los periodistas resisten
Al igual que en Venezuela, los nicaragüenses han visto como se sacan del aire emisoras de radio y se clausuran y agreden medios de prensa. El cierre del espacio cívico ha alcanzado niveles tan alarmantes que Relatores Especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicaron un comunicado de prensa manifestando su “enérgico rechazo” y exhortando al gobierno a “cesar inmediatamente la persecución judicial a todas las voces críticas” y “abstenerse de utilizar la ley de forma arbitraria [así como] garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”.
Periodistas y defensores de los derechos humanos están encontrando vías alternativas para continuar con su labor. Radio Vos se reinventó y pasó a ser una radio digital a fin de poder seguir transmitiendo luego de que el gobierno le expropiara sus equipos y le suspendiera el derecho a usar la frecuencia modulada. Muchos de los periodistas que debieron exiliarse continúan informando desde el exterior. Desde 2018, más de 120 periodistas han tenido que irse de Nicaragua y ello hace que los medios digitales sean ahora cruciales para que estos trabajadores de la prensa puedan seguir su labor informativa, a pesar de los desafíos que enfrentan en el exilio.
La determinación con la que el gobierno arremete contra los medios independientes y la sociedad civil parece ser implacable. Según el medio de prensa nicaragüense Confidencial, en octubre se produjo el mayor número de cierres de ONG hasta el momento: 67 organizaciones internacionales sin fines de lucro y 33 ONG nacionales perdieron su personería jurídica por presunto incumplimiento de sus obligaciones. Este medio también informó de la detección, en octubre, de 39 “antenas falsas” que se sospecha son utilizadas por el gobierno para vigilar a ciudadanos a través de sus teléfonos móviles.
Más preocupante aún es una nueva tendencia en el país dirigida a silenciar a periodistas y defensores de los derechos humanos que están en el exilio: la detención arbitraria de familiares de quienes el gobierno considera opositores clave. Ese es el caso de Gabriel López del Carmen, hijo de Andrea Margarita del Carmen, Directora de Programas de PEN Nicaragua, que fue arrestado cuando las autoridades irrumpieron en su hogar para detener a su madre y no la encontraron.
La violencia cobra vidas de periodistas en Colombia, Haití y Honduras
En octubre también fueron asesinados tres periodistas en la región. Dos de estos asesinatos ocurrieron en Haití, donde la violencia pandillera amenaza con apoderarse del país. Las autoridades de la ciudad sureña de Les Cayes encontraron el cuerpo sin vida del comentarista de radio Garry Tess, presentador del popular programa radial “Gran Lakou”, que estaba desaparecido desde el 18 de octubre. El 30 de octubre, Romelson Vilcin, corresponsal de Generation 80, fue asesinado de un golpe a la cabeza al ser alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por la policía cuando participaba de una manifestación en reclamo por la liberación de un colega.
En Colombia, Rafael Emiro Moreno, un conocido líder comunitario y director del medio independiente Voces de Córdoba (que publicaba noticias locales en Facebook), fue asesinado a disparos por dos sujetos que se desplazaban en moto. Moreno había recibido numerosas amenazas por sus denuncias periodísticas sobre corrupción política y grupos narcotraficantes. Muchos de los informes publicados por Moreno se referían al gobernador de Córdoba, Orlando Benítez. Según la Fundación para la Libertad de la Prensa (FLIP), el de Moreno es el primer asesinato de un periodista que había recibido protección bajo el esquema de seguridad del Estado.
En Honduras, Edwin Josué Andino es el quinto periodista asesinado en el país en lo que va de 2022. En la mañana del 10 de octubre, sujetos uniformados no identificados disfrazados de agentes de policía secuestraron a Andino en su domicilio. Horas antes, el padre de Andino había sido secuestrado y asesinado a tiros. Andino tenía 23 años y se había recibido de periodista en 2021. Trabajaba para el canal de televisión La Tribuna TV (LTV), cuyo director, Raúl Morazán, declaró no tener conocimiento de que el periodista hubiera recibido amenazas.
En breve
El reconocido periodista guatemalteco y director de elPeriódico, José Rubén Zamora, fue enviado hace tres meses a prisión bajo falsos cargos de lavado de dinero. Para muchas de las organizaciones que exigen la liberación de Zamora, su caso es un claro ejemplo del uso malicioso del derecho penal para silenciar a periodistas. Flora Silva, directora de finanzas de la publicación, también está en prisión, acusada de lo mismo.
Las elecciones en Brasil se desarrollaron en un contexto complicado, signado por la polarización, la desinformación y los constantes ataques a periodistas. Lula da Silva resultó electo por un margen estrecho. Inicialmente, el derrotado presidente Jair Bolsonaro se demoró en reconocer públicamente los resultados, pero a la larga dio señales de que se procedería con el traspaso de mando. Antes de que lo hiciera, no obstante, muchos de sus partidarios se volcaron a las calles a protestar, alimentando los temores de muchos de que los resultados de las elecciones fueran recibidos con violencia.
