(FLIP/IFEX) – El equipo periodístico del Canal RCN, conformado por el periodista Omar Jaimes y su camarógrafo Rodrigo Piñeros, fue agredido el 8 de abril de 2007 por un vigilante de la empresa CIVIG Ltda., que presta sus servicios en el peaje ubicado a la altura del municipio de Chinauta, en la vía que une […]
(FLIP/IFEX) – El equipo periodístico del Canal RCN, conformado por el periodista Omar Jaimes y su camarógrafo Rodrigo Piñeros, fue agredido el 8 de abril de 2007 por un vigilante de la empresa CIVIG Ltda., que presta sus servicios en el peaje ubicado a la altura del municipio de Chinauta, en la vía que une Bogotá con Girardot.
La agresión se produjo cuando el equipo periodístico regresaba del municipio de Melgar, en el departamento del Tolima, luego de realizar la cobertura de la operación retorno de la Semana Santa. Al llegar al peaje del municipio de Chinauta, donde se encontrarían con el comandante de la Policía de Carreteras, brigadier general Guillermo Aranda Leal, uno de los miembros de la seguridad privada del peaje los increpó por hacer tomas de video en el lugar, y con una cachucha trató de impedir que siguieran grabando las imágenes.
Los periodistas argumentaron ante el celador que esa restricción no tenía sustento ya que el lugar donde se encontraban era parte de una vía pública. A pesar de esto, según lo informó Jaimes a la FLIP, el vigilante agredió físicamente al camarógrafo, y en la agresión resultó averiado el visor de la cámara.
Varios agentes de la Policía de Carreteras que se encontraban en el lugar intervinieron para que cesara la agresión al equipo periodístico. Sin embargo, el vigilante, en tono amenazante, señaló a los periodistas y dijo: «Si vuelven a venir, los volvemos a sacar».
El ingeniero Álvaro Escalante, encargado de la concesión de la vía Bogotá – Girardot en el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), expresó que los hechos presentados en el peaje del municipio de Chinauta en los que se vieron afectados los periodistas de RCN, serán objeto de investigación por parte de este organismo. Agregó que, «A las concesiones se les da la potestad de administrar las vías, más no de restringir la labor de los periodistas y la libertad de prensa».
En un comunicado del 8 de abril, emitido por Rafael Hernández, Gerente Operativo de la Concesión Autopista Bogotá – Girardot S.A., se lamentaron los hechos en los que resultaron agredidos los periodistas del canal RCN. «La concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A. siempre ha garantizado a los medios de comunicación el cubrimiento de sus tareas (. . .), la conducta del celador, que labora con una compañía subcontratista de la Concesión, es objeto en estos momentos de una investigación de las autoridades», dice el comunicado.
Posteriormente, Hernández, en una comunicación enviada a la FLIP el 13 de abril, manifiesta que, según varios testigos, que no tienen relación alguna con la concesión ni con la empresa de vigilancia, el vigilante del peaje respondió a una agresión de la cual fue víctima por parte del camarógrafo en primera instancia. Además, señala que estos testigos «han manifestado su voluntad de declarar sobre lo ocurrido».
Por su parte, el comandante de la Policía de Carreteras, brigadier general Guillermo Aranda Leal, en declaraciones al Canal RCN, manifestó que estos hechos son reprochables y fue enfático al decir: «Las vías son públicas y los concesionarios no son los dueños de la vía; ellos son sólo los administradores de ese espacio que es público». Entre tanto, el capitán Alberto Sabaah de la Policía de Carreteras, quien se encuentra a cargo de la seguridad de esta vía, manifestó que los hechos presentados el 8 de abril son acontecimientos aislados que merecen ser sancionados, con el fin de que no se continúe restringiendo la labor de los periodistas.
La FLIP logró establecer que ésta no es la única agresión o restricción a la labor periodística que se produce en un peaje. Un hecho similar protagonizó el corresponsal del Canal RCN en Fusagasugá, Giovanni Garay. Mientras se encontraba haciendo una nota con el Gaula de la policía, este periodista fue amenazado con un arma por los miembros de la seguridad privada del mismo peaje situado a la altura del municipio de Chinauta, en la vía Bogotá – Girardot.
En el municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, los periodistas del periódico «El Faro de Santa Rosa de Cabal» también vieron obstaculizada su labor por parte del administrador de un peaje. Los comunicadores se encontraban tomando unas fotografías para acompañar una información sobre la inseguridad de algunas vías del departamento.
Situación similar se presentó en la salida de Bogotá, hace algunos meses, cuando a Otoniel Umaña, periodista del Canal RCN, no le fue permitido grabar una nota en cercanías a un peaje en la autopista norte. Así lo informó Jaimes a la FLIP.
La FLIP repudia estas agresiones y exhorta a los directivos del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y del INCO para que, a través de una circular, insten al respeto de la actividad periodística y al acceso a la información en los peajes de los concesionarios de rutas del país. También, solicita a las autoridades que se investiguen los hechos presentados y determinen las sanciones a las que haya lugar. La FLIP remarca que el acceso a la información es un derecho fundamental que comprende el acceso físico a las fuentes de información. La agresión a los miembros de medios de comunicación y la obstrucción del ejercicio periodístico representan una grave violación a la libertad de prensa y al consiguiente derecho de todo ciudadano a recibir información.
