Los voceros del oficialismo señalaron a IPYS Venezuela y Espacio Público como presuntas integrantes de una red de financiamiento de Estados Unidos a medios y periodistas venezolanos.
(IPYS/IFEX) – El 12 de julio de 2010, distintos voceros del oficialismo señalaron a IPYS Venezuela y Espacio Público, organizaciones no gubernamentales que defienden la libertad de expresión en el país, como presuntas integrantes de una red de financiamiento de Estados Unidos a medios y periodistas venezolanos. La red tendría como finalidad la creación y promoción de espacios de ataque al presidente Hugo Chávez.
Diosdado Cabello, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y William Lara, también oficialista y gobernador del estado de Guárico, fueron dos de los representantes del gobierno que hicieron las acusaciones. Además, el 13 de julio, el Movimiento por el Periodismo Necesario, vinculado al gobierno, pidió a la Fiscalía General de la República que investigue de manera oficial a las organizaciones acusadas de recibir financiamiento del exterior.
Estos señalamientos se produjeron a raíz de un artículo publicado en Internet por la periodista Eva Golinger. En la nota, se asegura que, a través de IPYS Venezuela y Espacio Público, periodistas opositores han recibido al menos USD cuatro millones para atacar al gobierno y desestabilizar el país.
Cabello además criticó el apoyo económico de organizaciones como la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PAFD), Freedom House, la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y la National Endowment for Democracy (NED) para la defensa de la libertad de expresión en Venezuela. Incluso, vinculó el terrorismo con el financiamiento del exterior.
Tanto Golinger como Cabello aseguraron que pronto revelarían los nombres de los periodistas y dueños de medios de comunicación que habrían recibido dinero del gobierno estadounidense.
En Venezuela, al igual que en otros países del mundo, las organizaciones no gubernamentales reciben fondos de instituciones del extranjero, que permiten formar profesionales y promover derechos cívicos, entre otras cosas, sin que esto constituya delito alguno.
IPYS rechaza este tipo de acusaciones que buscan amenazar a organizaciones que defienden y promueven la libertad de expresión.
