Marzo 2021 en la Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión preparado por la editora regional de IFEX, Paula Martins, sobre la base de informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
El presidente López Obrador ataca a ARTÍCULO 19 tras la publicación de un informe crítico
En marzo, ARTÍCULO 19 México y Centroamérica publicó Distorsión, su informe anual, en el que examina la situación general de la libertad de expresión e información en México en 2020.
Las noticias no son buenas. Según el informe, en 2020 los ataques a los medios de comunicación aumentaron en un 13,63 % en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 692 ataques registrados. El 49,5 % de las agresiones contra la prensa fueron perpetradas por agentes del Estado (funcionarios públicos, fuerzas de seguridad civil y fuerzas armadas). Eso representa un aumento del 29,4 % con respecto a 2019. Las agresiones más comunes a la prensa por agentes estatales tienen que ver con el “uso ilegítimo del poder público”. Un número importante de las agresiones – 144 de las 343 cometidas por autoridades públicas (41,98 %) – provinieron específicamente de las fuerzas de seguridad civil. Es notable el incremento exponencial en el número de hechos que ARTÍCULO 19 califica como “uso ilegítimo del poder público”. Los casos registrados de acoso administrativo y judicial aumentaron de 11 en 2019 a 33 en 2020. En otras palabras, en un año se triplicó la utilización del “aparato de poder” para amedrentar o acallar voces críticas.
El informe también analiza la situación de desigualdad en el país con respecto al acceso a la información durante la pandemia, el desmantelamiento de instituciones con competencia en materia de derechos humanos – como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Nacionales (INAI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) – así como intentos parlamentarios de regular internet.
Con respecto a este último punto, ARTÍCULO 19 hizo un seguimiento de 12 iniciativas presentadas ante los congresos federal y estatales, “todas con serias deficiencias técnicas que evidencian desconocimiento del funcionamiento de internet” pero que buscan imponerle severos controles a través de la adopción de regulaciones sobre responsabilidad de intermediarios, medios de comunicación en línea e intervención en los mercados digitales.
Luego de la publicación del informe, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atacó verbalmente al personal de ARTÍCULO 19 en su conferencia de prensa matinal diaria. López Obrador acusó a quienes trabajan en la organización de ser parte de un “movimiento conservador” que estaba llevando adelante una campaña en su contra.
Cientos de organizaciones y activistas expresaron su apoyo y solidaridad con la ONG, entre ellos el actual Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dos relatores anteriores.
¡No hay excusa para el abuso!
“En una industria que se ha jactado de su voluntad de “moverse rápido y romper cosas”, los esfuerzos para proteger a los usuarios vulnerables no se están dando lo suficientemente rápido”. PEN América
En marzo, PEN América divulgó un nuevo informe en el que analiza las agresiones en línea contra escritores y periodistas. Tras señalar que hay determinados grupos que por su identidad y profesión sufren ataques en forma desproporcionada, el informe de PEN – titulado No hay excusa para el abuso: Medidas que pueden tomar hoy las compañías de medios de comunicación para combatir el hostigamiento en línea y empoderar a los usuarios – propone cambios concretos y viables que estas compañías de medios de comunicación deberían introducir en el diseño de sus plataformas. Estas medidas procuran lograr el difícil equilibrio entre la seguridad en línea y la libertad de expresión.
PEN resalta que las consecuencias negativas de las agresiones en línea van desde los efectos en la salud mental y física hasta, en casos extremos, la violencia física e incluso el asesinato. Las personas que conjugan múltiples identidades, en particular las mujeres de color, son quienes más abuso sufren. El informe critica la falta de acción de las plataformas de internet a pesar de las numerosas campañas que demuestran la gravedad de la situación.
Ofrecen ‘diálogo’ a Jineth Bedoya en vez de justicia
El 15 de marzo de 2021 fue el primer día de la largamente esperada audiencia en el caso de Jineth Bedoya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del proceso para determinar la responsabilidad del Estado colombiano en las amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que sufrió esta periodista en el año 2000.
Sin embargo, a poco de comenzada la audiencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, encabezada por Camilo Gómez, alegó falta de imparcialidad por parte de la mayoría de los jueces y del presidente de la Corte, señalando la solidaridad expresada por los magistrados luego de escuchar el testimonio de Bedoya. Desde el organismo se anunció que se presentaría una “solicitud de recusación” contra cinco de los seis jueces, debido a una presunta falta de garantías procesales. El Estado colombiano decidió entonces retirarse de la audiencia.
Gómez también publicó una carta en Twitter dirigida a Bedoya invitándola a sentarse a “dialogar” y buscar “una solución amistosa”, lo que fue visto por la periodista como un intento de acallarla.
Este comportamiento provocó una enérgica respuesta. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), miembro colombiano de IFEX, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que representaron a Bedoya en la audiencia, afirmaron que “la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia”.
Nunca antes se había dado que un Estado se retirara de una audiencia. Esta decisión plantea dudas sobre el nivel de compromiso del Estado colombiano en los juicios por violaciones de derechos humanos y su acatamiento del fallo de la Corte. El Comité para Proteger a los Periodistas (CPJ) calificó la decisión de “bofetada en el rostro de todos los periodistas colombianos que luchan contra la impunidad y en particular de las mujeres periodistas”.
La audiencia se reanudó el 22 de marzo y concluyó al día siguiente. El 24 de marzo la Corte Interamericana emitió una resolución por la que se adoptaban medidas provisionales, con el fin de ordenarle a Colombia que hiciera lo necesario para proteger la “vida e integridad personal” de Bedoya.
La libertad recortada y un bosque en llamas
El miembro de IFEX ARTIGO 19 Brasil lanzó el primer número de una nueva revista. En la publicación destacados periodistas y defensores de los derechos humanos analizan los resultados del Global Expression Report, el informe sobre el estado de la libertad de expresión en el mundo publicado a fines de 2020 por ARTÍCULO 19 Internacional. El informe abarca 3.900 millones de personas que viven en países en los que la protección de este derecho está en crisis. De todos los países analizados, Brasil es el que presenta el mayor deterioro en el indicador de libertad de expresión. El informe también señala que ese deterioro se aceleró con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República, con una caída del 28 % en apenas un año.
Según Denise Dora, Directora Ejecutiva de ARTIGO 19:
“Hay cerca de 200 millones de personas en Brasil que año tras año ven cada vez más recortadas sus libertades de expresarse, de crear artísticamente, de protestar y de escribir sin temor a la censura”.
Una de las colaboradoras de la revista, Katia Brasil, directora y cofundadora de un sitio web dedicado a cubrir noticias de la Amazonia brasileña, dijo que las políticas antiamazónicas, antiambientales y anti derechos humanos aplicadas bajo el gobierno de Bolsonaro han agravado la situación de los “comunicadores” que defienden los derechos en el país. “Seguimos haciendo nuestro trabajo como periodistas, cubriendo la región y las comunidades amazónicas, pero, claro, en un contexto mucho más difícil y desafiante”, afirmó.
También llamó la atención sobre el hecho de que gran parte del periodismo de investigación en la región es realizado por gente que no tiene educación formal ni título universitario en la materia. Esto ha llevado a que muchas organizaciones dedicadas a cuestiones de libertad de prensa desconozcan la labor de estos comunicadores y los abusos que sufren. La situación está cambiando, pero todavía hay poca cobertura o atención para un tipo de periodismo que, según ella, a los medios de comunicación dominantes no les interesa.
Brasil agregó que estos comunicadores “son los que están siendo asesinados. Si miramos a un [país] tan diverso y desigual como el nuestro nos damos cuenta de que también tenemos mucha desigualdad en el sector de las comunicaciones, desigualdad entre la posición de periodistas y la de comunicadores”.
¿Cómo estamos por aquí arriba? La privacidad en Canadá
El gobierno canadiense está estudiando la posibilidad de reformar las leyes que regulan la forma en que los departamentos y organismos federales pueden usar los datos personales. El miembro canadiense de IFEX OpenMedia presentó al Departamento de Justicia de Canadá los resultados de una encuesta que recabó opiniones del público sobre estas posibles reformas.
OpenMedia
Según OpenMedia, la “encuesta se diseñó sobre la base de una que fue difundida por el Departamento de Justicia, pero se diferenció de ella en que era menos de la mitad de larga, incluía algunas preguntas nuevas sobre posibles mejoras a la Ley que nos parecía que el gobierno había omitido y ajustaba algunas preguntas que a nuestro juicio estaban planteadas en forma problemática o engañosa”.
Los resultados apuntaron a la necesidad de una mayor supervisión y rendición de cuentas; la necesidad de profundizar la transparencia y limitar la difusión de datos sin consentimiento; y la importancia de contar, en el caso de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, con legislación de privacidad que sea “a prueba de futuro”.
El Departamento de Justicia tomará ahora todos los comentarios y observaciones que se aportaron durante las consultas y se abocará a elaborar legislación que modernice la Ley de Privacidad Canadiense. OpenMedia continuará con su labor de defensa para garantizar que la reforma tenga en cuenta las inquietudes planteadas por la ciudadanía.
Y en Argentina…
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), miembro de IFEX, publicó un análisis de “temas candentes” relacionados con la privacidad que se prevé captarán la atención del público argentino en los próximos meses. El análisis de estas cuestiones se estructura en torno a 10 noticias destacadas:
- Están en auge los ataques ransomware, o secuestros virtuales de información.
- Se expande la vigilancia por reconocimiento facial.
- Se reportaron vulnerabilidades en el Documento Nacional de Identidad (DNI) digital.
- Se han desarrollado más aplicaciones para colaborar en la lucha contra la COVID-19.
- Se sigue utilizando el ciberpatrullaje para monitorear las redes sociales.
- Se fortalece la relación entre el gobierno nacional y las compañías de tecnología de investigación y vigilancia.
- Avanza la digitalización de la salud.
- Se publican en línea datos de menores de edad sometidos a investigación penal.
- Se legalizó el aborto en Argentina.
- Se reportó otro escándalo vinculado al sistema nacional de inteligencia.
Conozca más sobre cómo afectará todo esto a la privacidad en Argentina aquí.
La inteligencia artificial y los derechos humanos bajo el microscopio
El miembro de IFEX-ALC Derechos Digitales inició un nuevo proyecto de investigación que evalúa el uso de la inteligencia artificial en las políticas públicas. La organización teme que, sin lineamientos de derechos humanos, los proyectos y aplicaciones de inteligencia artificial de los gobiernos podrían tener consecuencias negativas irreparables.
Como parte del proyecto, se desarrollaron cuatro estudios de caso, cada uno de los cuales abarca una descripción del contexto nacional en el que se enmarca la implementación del sistema de inteligencia artificial, el contexto regulatorio e institucional de la implementación, la infraestructura de datos involucrada, el proceso de toma de decisiones asociado a la implementación y el diseño tecnológico del sistema empleado.
Los casos son: el Sistema Nacional de Empleo de Brasil dirigido a facilitar la reubicación de profesionales desempleados en el mercado laboral; el Sistema Alerta Niñez de Chile, que busca estimar y predecir el nivel de riesgo que tienen niñas, niños y adolescentes de sufrir alguna vulneración de sus derechos en el futuro; la herramienta PretorIA de Colombia, empleada por la Corte Constitucional para hacer más eficiente el proceso de selección de casos de tutela judicial de derechos fundamentales; y la aplicación móvil gratuita de Uruguay Coronavirus UY. Se puede leer más sobre el proyecto y los estudios de caso aquí.
En breve
- Venezuela: Entre enero y marzo de 2021, IPYS Venezuela registró 14 casos de “ataques discursivos y estigmatizantes” contra periodistas, medios de prensa y organizaciones de la sociedad civil luego de que publicaran información de interés público o se plantearan quejas en sus cuentas o plataformas en línea. IPYS informa que esto ha dado lugar a que organismos internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), advirtieran sobre la reducción de los espacios democráticos en Venezuela y llamaran al cese de la persecución e intimidación de activistas.
- Perú: El 29 de marzo, el periodista Carlos Alberto Tafur fue amenazado de muerte tras informar sobre actos de corrupción en su región.
- Bolivia: Varios periodistas conocidos fueron objeto de una campaña de desinformación y acusados de beneficiarse de contratos de consultoría irregulares celebrados con la presidencia anterior.
- Brasil: Un tribunal brasileño ordenó al presidente Bolsonaro que pagara una indemnización a la periodista Patricia Campos Mello por sugerir el año pasado que Campos Mello habría ofrecido sexo a una fuente a cambio de información que perjudicaba a Bolsonaro.
- Venezuela: Facebook bloqueó al presidente Nicolás Maduro por violar la política de la plataforma contra la difusión de información falsa sobre el coronavirus, luego de que el presidente venezolano publicara un video promocionando un remedio “milagroso” que supuestamente neutralizaría el coronavirus
- Paraguay: Durante el mes de marzo, manifestantes en Paraguay reclamaron que el Presidente Benítez renunciara o fuera apartado del cargo debido a su manejo de la pandemia de COVID-19. Los manifestantes también denunciaron que los más de 70 años que el partido de gobierno ha estado casi ininterrumpidamente en el poder han dejado un saldo de profundas desigualdades, corrupción endémica e instituciones ineficientes.
