(WPFC/IFEX) – Lo que sigue es una carta del WPFC a Presidente Tabaré Vázquez, con fecha del 15 de julio de 2008: Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay Dr. Tabaré Vázquez Edificio Libertad Presidencia de la República Avda. Luis Alberto de Herrera 3350 Montevideo, Uruguay Sr. Presidente: El Comité Mundial de Libertad de […]
(WPFC/IFEX) – Lo que sigue es una carta del WPFC a Presidente Tabaré Vázquez, con fecha del 15 de julio de 2008:
Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay
Dr. Tabaré Vázquez
Edificio Libertad
Presidencia de la República
Avda. Luis Alberto de Herrera 3350
Montevideo, Uruguay
Sr. Presidente:
El Comité Mundial de Libertad de Prensa ( http://www.wpfc.org ), una organización que representa a 45 grupos de libertad de prensa de todo el mundo, lo felicita por su iniciativa de presentar un proyecto de ley que eliminaría las leyes de desacato y despenalizaría las leyes de difamación de su país. Pero al mismo tiempo debemos llamar su atención y la de los líderes del Parlamento del Uruguay sobre las imperfecciones de este proyecto.
La iniciativa eliminaría los delitos de desacato, ya fueran por escrito o hablados, y afirma expresamente que nadie será castigado por manifestar su discrepancia con la autoridad. Asimismo, se eliminarían los delitos de insultos contra los símbolos patrios y los atentados contra el honor de un jefe de estado extranjero.
Correctamente, el proyecto asimismo despenalizaría los delitos de difamación e injurias cuando las manifestaciones se refieran a «asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público».
La iniciativa también respeta el concepto de la real malicia como baremo fundamental para evaluar estos conflictos, lo cual protegería incluso las afirmaciones inexactas, al «ubicar sus alcances en la voluntad de agraviar o de vulnerar la vida privada de una persona».
Todas estas cláusulas de su iniciativa parlamentaria toman en cuenta «los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos», tal y como reza el texto del proyecto.
Sin embargo, varias disposiciones del proyecto no toman en cuenta dichos estándares internacionales. En primer lugar, el texto mantiene el delito de desacato cuando se trate de «ofensas reales,» un concepto extremadamente amplio que deja las puertas abiertas para cualquier funcionario público que se sienta tentado de invocar estas leyes retrógradas y elitistas.
Las leyes de desacato constituyen una efectiva arma de intimidación y represión contra el libre flujo de ideas y expresiones. Estas normas son legados de pasados coloniales o autocráticos que encuentran su origen en el Imperio Romano, el cual las creó para proteger al emperador de las críticas del resto de la población. Asimismo, estas disposiciones constituyen un desafío al sistema interamericano de justicia, el cual, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Relator Especial para la Libertad de Expresión, ha declarado las leyes de desacato «contradictorias» al Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Uruguay es signatario.
En segundo lugar, el texto carga al autor de las expresiones con la prueba de la verosimilitud de sus afirmaciones. Las opiniones y jurisprudencia del sistema interamericano de justicia, así como las de la Corte Europea de Derechos Humanos, se oponen a esta situación legal y defienden que el querellante debe cargar con dicha responsabilidad.
Y en tercer lugar, el proyecto «reconoce el derecho a réplica de cualquier persona ante los medios de comunicación, en condiciones similares a las de la noticia que se pretende responder». Esta cláusula deja las puertas abiertas a abusivas solicitudes de réplica que insensatamente infringen en la independencia editorial del medio de comunicación.
Sr. Presidente, de nuevo nos congratulamos por su muestra de coraje político al presentar este proyecto de ley, pero también lo instamos, al igual que a los líderes del Parlamento del Uruguay, a que se ciña por completo a «los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos» y reforme los puntos conflictivos que hemos enumerado en esta carta.
Respetuosamente,
E. Markham Bench
Director Ejecutivo
Comité Mundial de Libertad de Prensa
