Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 17 de noviembre de 2017. Las autoridades guatemaltecas deben liberar de inmediato al periodista comunitario Jerson Antonio Xitumul Morales y retirar todas las acusaciones presentadas contra él, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El 11 de noviembre […]
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 17 de noviembre de 2017.
Las autoridades guatemaltecas deben liberar de inmediato al periodista comunitario Jerson Antonio Xitumul Morales y retirar todas las acusaciones presentadas contra él, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 11 de noviembre la Policía local arrestó a Xitumul, reportero del medio digital independiente Prensa Comunitaria, en el oriental departamento de Izabal, declaró al CPJ Jorge Santos, director de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala. El periodista había cubierto protestas que el gremio de pescadores local había llevado a cabo en la zona, contra la Compañía Guatemalteca de Níquel, desde principios de 2017, de acuerdo con Santos.
Ayer, un juzgado de la municipalidad El Estor, en Izabal, acusó a Xitumul de instigación a delinquir, amenazas y detención ilegal, relacionados con su presunta participación en protestas celebradas el 4 de mayo, de acuerdo con Santos y el sitio web de la publicación El Periódico.
Tanto Santos como Andrea Ixchíu, compañera de Xitumul en Prensa Comunitaria, declararon al CPJ que Xitumul estaba cubriendo las protestas para el medio, estaba identificado claramente como periodista, y no estaba participando en las manifestaciones.
«La cobertura informativa de protestas no es un delito», declaró Robert Mahoney, subdirector ejecutivo del CPJ. «Los periodistas guatemaltecos deben poder informar sobre cuestiones de interés público sin temor a represalias. Instamos a las autoridades guatemaltecas a liberar de inmediato a Jerson Xitumul Morales y retirar todas las acusaciones presentadas contra él».
El Gobierno de la municipalidad de El Estor no respondió a las llamadas efectuadas por el CPJ ni a la solicitud enviada por correo electrónico para que declarara respecto al asunto.
Funcionarios locales y empleados de la empresa minera habían acosado a Xitumul desde mayo por su cobertura periodística de las protestas del gremio de pescadores contra la empresa minera, según Ixchíu. Los pescadores culpan a la empresa de provocar daños ecológicos en el lago Izabal, declaró Ixchíu.
El 11 de agosto el juez local Edgar Aníbal Arteaga López emitió la orden de arresto original contra Xitumul, además de contra otro periodista de Prensa Comunitaria que también había cubierto las manifestaciones y cinco organizadores de las protestas, según informaciones de prensa. Las autoridades locales han arrestado a dos personas que estaban involucradas en la organización de las protestas, además de Xitumul, expresó Santos.
Ayer, Arteaga ordenó que Xitumul permaneciera en detención preventiva en Puerto Barrios, la capital departamental de Izabal, hasta la próxima audiencia del periodista, fijada para febrero de 2018, según Ixchíu.
Ixchíu declaró al CPJ que los colegas y familiares de Xitumul están preocupados por su seguridad en la cárcel, donde también están encerrados pandilleros.
En una entrevista en video grabada fuera del juzgado tras la audiencia de ayer, Xitumul declaró que estaba «pagando el precio por exponer la verdad».
