La Sociedad Interamericana de Prensa expresó satisfacción por la aprobación en el Congreso de Honduras de una ley de protección a periodistas y la consideró como un “paso de avance para derrotar la violencia en el país”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó satisfacción por la aprobación en el Congreso de Honduras de una ley de protección a periodistas y la consideró como un “paso de avance para derrotar la violencia en el país”.
El Congreso Nacional aprobó el 4 de junio en primer debate el decreto para la creación de la Ley de Protección para la Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, presentado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó que “este paso es relevante y de avance para derrotar la violencia en el país y esperamos que la ley logre convertirse en un verdadero organismo que cuente con los recursos adecuados para cumplir de manera eficiente sus objetivos de proteger a los periodistas, comunicadores sociales y otros grupos en situaciones de riesgo”.
Paolillo, director del semanario Búsqueda agregó que “este avance también nos recuerda la urgencia de avanzar y resolver los crímenes impunes contra periodistas. Ningún asesinato debe quedar al margen de la Justicia”.
En mayo de 2013 una delegación de la SIP visitó Honduras para, entre otros asuntos, dar seguimiento al documento “Plan de Acción de Tegucigalpa”, documento surgido de la Conferencia de Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión que la SIP celebró junto a la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) en Tegucigalpa en agosto de 2012.
El “Plan de Acción de Tegucigalpa” recogió propuestas de reformas públicas para frenar la impunidad, contrarrestar la violencia contra la prensa y establecer medidas y un mecanismo institucional de protección para los grupos periodísticos más vulnerables dentro de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Durante la conferencia de 2012 también se discutió la creación de una unidad especial de investigación de crímenes conformada por policías de investigación y fiscales, y la creación de juzgados especiales para procesar delitos contra periodistas y sobre derechos humanos.
