"Cuando los populistas tratan los derechos como si fueran un obstáculo a su visión de lo que representa la voluntad de la mayoría, es solo cuestión de tiempo antes de que confronten a quienes no estén de acuerdo con su agenda," dijo Kenneth Roth, el director ejecutivo de Human Rights Watch.
Este artículo fue inicialmente publicado en hrw.org el 12 de enero de 2017.
El auge de líderes populistas en Estados Unidos y Europa supone una grave amenaza para las garantías de derechos básicos, y favorece los abusos por parte de autócratas en todo el mundo, señaló hoy Human Rights Watch en ocasión del lanzamiento de su Informe Mundial 2017. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos luego de una campaña que fomentó el odio y la intolerancia, y la creciente influencia de partidos políticos que rechazan los derechos universales en Europa, han puesto en jaque el sistema de derechos humanos de posguerra.
A su vez, líderes autocráticos en Rusia, Turquía, Filipinas y China han impuesto su propia autoridad, en vez de un gobierno donde prevalezcan la rendición de cuentas y el estado de derecho como garantía de prosperidad y seguridad. Estas tendencias convergentes, acentuadas por maniobras de propaganda que menosprecian los estándares legales y repudian los análisis reales, son un desafío frontal a las leyes e instituciones que promueven la dignidad, la tolerancia y la igualdad, señaló Human Rights Watch.
En la 27.a edición del Informe Mundial, de 687 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth escribe sobre cómo una nueva generación de populistas autoritarios pretende barrer con el concepto de garantías de derechos humanos, y trata a los derechos no como un límite esencial al poder oficial, sino como un obstáculo a la voluntad de la mayoría.
“El ascenso del populismo supone una profunda amenaza para los derechos humanos”, manifestó Roth. “Trump y varios políticos en Europa intentan llegar al poder apelando al racismo, la xenofobia, la misoginia y el nativismo. Todos ellos pretenden que el público acepte violaciones de derechos humanos, argumentando que supuestamente son necesarias para asegurar empleos, evitar cambios culturales o prevenir ataques terroristas. En realidad, el desprecio por los derechos humanos brinda al camino más probable hacia la tiranía”.
Roth analizó la campaña de Trump en EE. UU. como un ejemplo patente de la política de intolerancia. Señaló que Trump respondió a quienes estaban insatisfechos con su situación económica y una sociedad cada vez más multicultural, con un discurso de rechazó a los principios básicos de dignidad e igualdad. Su campaña planteó propuestas que perjudicarían a millones de personas, incluidos planes de efectuar deportaciones masivas de inmigrantes, limitar los derechos de las mujeres y la libertad de los medios de comunicación, y aplicar torturas. A menos que Trump repudie estas propuestas, su gobierno se arriesga a cometer violaciones masivas de derechos humanos en EE. UU., y se expone a desligarse de la tradicional creencia bipartidista y de una agenda de política exterior que respete los derechos, aun cuando su aplicación en la práctica haya sido imperfecta.
En Europa, un populismo similar intentó culpar del fracaso económica a la inmigración. La campaña a favor del Brexit fue tal vez el ejemplo más claro, apuntó Roth.
En vez de culpabilizar irracionalmente a quienes huyen de contextos de persecución, tortura y guerra, los gobiernos deberían invertir para ayudar a las comunidades de inmigrantes a integrarse y participar plenamente en la sociedad, indicó Roth. Los funcionarios públicos también tienen la obligación de rechazar el odio y la intolerancia de los populistas, y a la vez apoyar a los tribunales independientes e imparciales, como salvaguarda frente a la persecución de minorías vulnerables, opinó Roth.
No obstante, las pasiones del momento impulsadas por populistas tienden a oscurecer los peligros a más largo plazo que se ciernen sobre las sociedades gobernadas por líderes autoritarios, advirtió Roth. En Rusia, Vladimir Putin respondió al descontento popular en 2011 con una agenda represiva, incluidas restricciones draconianas a la libertad de expresión y de reunión, sanciones sin precedentes al disenso en línea y leyes que restringen severamente a organizaciones independientes. El líder chino Xi Jinping, alarmado ante la desaceleración del crecimiento económico, ha puesto en marcha uno de los operativos de represión del disenso más enérgicos desde la era Tiananmén.
En Siria, el presidente Bashar al-Asad, con respaldo de Rusia, Irán y Hezbollah, ha perfeccionado una estrategia que reviste la gravedad de crimen de guerra y que consiste en atacar a civiles en zonas controladas por la oposición, violando así los requisitos más fundamentales del derecho de guerra. Las fuerzas del autoproclamado Estado Islámico, también conocido como ISIS, han atacado sistemáticamente a civiles y ejecutado a personas bajo custodia, a la vez que fomentaron y llevaron a cabo ataques contra la población civil en distintas regiones del mundo.
Más de 5 millones de sirios que huyen del conflicto han enfrentado obstáculos colosales para encontrar seguridad. Jordania, Turquía y el Líbano albergan a millones de refugiados sirios, pero en gran medida han cerrado sus fronteras a nuevas llegadas. Los líderes de la Unión Europea no han repartido de manera justa la responsabilidad por los solicitantes de asilo ni han creado rutas seguras para los refugiados. A pesar de los años de liderazgo estadounidense en el reasentamiento de refugiados, EE. UU. reubicó solamente a 12.000 refugiados sirios el último año, y Trump ha amenazado con la posibilidad de concluir el programa.
En África, una cantidad desconcertante de líderes han eliminado o ampliado los plazos —el denominado “golpe constitucional”— para permanecer en funciones, mientras que otros han recurrido a la represión violenta de manifestaciones organizadas en protesta ante elecciones injustas o gobiernos corruptos o abusivos. Varios líderes africanos, ante la posibilidad de ser llevados ante la justicia en el futuro, criticaron duramente a la Corte Penal Internacional y tres países anunciaron su retiro.
Esta embestida global debe ser contrarrestada con una reivindicación y una defensa enérgicas de los valores de derechos humanos que dan sustento al sistema, manifestó Roth. Aun así, muchos funcionarios públicos parecen estar escondidos, a la espera de que se disipen los vientos del populismo. Otros emulan a los populistas, con la esperanza de contrarrestar su mensaje, pero en realidad no hacen más que reforzarlo, apuntó Roth. Los gobiernos claramente comprometidos con los derechos humanos deberían defender estos principios de manera mucho más decidida y sistemática, apuntó Roth, incluidas democracias en América Latina, África y Asia que apoyan propuestas amplias en las Naciones Unidas, pero pocas veces toman la iniciativa para responder a países en crisis.
En última instancia, la responsabilidad corresponde al público, sostuvo Roth. Los demagogos consiguen apoyo popular tejiendo explicaciones falsas y ofreciendo soluciones mediocres a problemas genuinos. El antídoto es que los votantes exijan una política basada en la verdad y en los valores sobre los cuales se construye una democracia con respeto por los derechos. Una fuerte reacción popular, que utilice todos los medios disponibles —organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, medios de comunicación tradicionales y medios sociales— es la mejor defensa de los valores que muchos todavía atesoran.
“Nos olvidamos —por nuestra cuenta y riesgo— de los demagogos del pasado: los fascistas, comunistas y otros de su clase que argumentaban conocer más que los demás qué era lo que convenía a la mayoría, pero terminaron aplastando al individuo”, recalcó Roth. “Cuando los populistas tratan los derechos como si fueran un obstáculo a su visión de lo que representa la voluntad de la mayoría, es solo cuestión de tiempo antes de que confronten a quienes no estén de acuerdo con su agenda”.
