(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 12 de marzo de 2009: La SIP presenta caso de periodista mexicano desaparecido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Asunción (12 de marzo de 2009) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reunión del medio año […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 12 de marzo de 2009:
La SIP presenta caso de periodista mexicano desaparecido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Asunción (12 de marzo de 2009) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reunión del medio año que se inicia mañana en esta ciudad, presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la desaparición del periodista mexicano Alfredo Jiménez Mota, cuyo caso motivó a la organización a profundizar su lucha contra la violencia y la impunidad en México.
En una ceremonia especial que contará con la presencia del secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, y de la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, las autoridades de la SIP entregarán una investigación sobre el caso Jiménez Mota y documentación por la que se argumenta que el Estado mexicano no ha podido ofrecer las garantías de derecho a la vida, protección judicial y libertad de expresión para la víctima, preceptos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La SIP ha sometido 24 casos a la CIDH, entre ellos cuatro mexicanos, el de Jiménez Mota, Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza y Benjamín Flores. En varios de estos casos, entre la CIDH, la SIP y los estados afectados se iniciaron procesos de solución que involucran la apertura de nuevas investigaciones, el deslindamiento de responsabilidades sobre la inacción de los estados para investigar, reparación a los familiares de las víctimas y el desarrollo de iniciativas judiciales y legales para combatir la impunidad.
Jiménez Mota tenía 25 años cuando desapareció el 2 de abril de 2005 mientras cubría temas vinculados al crimen organizado y a la seguridad pública para el periódico El Imparcial de Hermosillo, en el norteño estado de Sonora, considerado de alto riesgo para el ejercicio del periodismo en México.
El 2 de abril de 2005 Jiménez Mota se retiró del diario a las 8:45 p.m. Desde su casa llamó a su colega Shaila Rosagel. Quedaron en encontrase ese sábado más tarde en la noche junto a otros amigos, pero antes debía entrevistarse con uno de sus contactos, el subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, Andrés Montoya García. Según el testimonio de Montoya García ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), conversaron sobre la liberación de un presunto narcotraficante apodado «El Estudiante» sobre quien Jiménez Mota ya había empezado a publicar. Aseguró que dejó al periodista en un supermercado y éste le habría comentado que tenía que ver a otro contacto. El registro del teléfono celular del periodista mostró que la última llamada que recibió esa noche a las 11:04 fue del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván, una de las principales fuentes de información del reportero, quien negó inicialmente haber visto o tener una relación cercana con el periodista, pero luego se retractó y aceptó que Jiménez Mota lo había llamado para pedirle unos datos. Esa noche Jiménez Mota no llegó a reunirse con sus amigos tal como había quedado.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, del periódico colombiano El Tiempo, expresó que «para nuestra organización este es un caso emblemático por cuanto sintetiza lo que desde hace varios años venimos denunciando en México, que cuando un periodista investiga sobre narcotráfico, corre el riesgo de ser desaparecido o asesinado, entre otros actos de violencia en su contra».
Por su parte, el presidente de la Comisión Contra la Impunidad de la SIP, Juan Francisco Ealy Ortiz, del diario mexicano El Universal, agregó que «la falta de seguridad para ejercer el periodismo sin represalias es uno de los principales problemas de México que suelen culminar con actos de violencia contra quienes tienen como norte mantener informada a la ciudadanía».
En su alegato a la CIDH, la SIP consignó que en este caso «la violación de las garantías fundamentales va más allá del propio periodista, se extiende también a su familia, en su derecho a la verdad; a los periodistas de Sonora, quienes ven afectado su trabajo periodístico por la impunidad y el incumplimiento del Estado en proveer seguridad para desarrollar su oficio con independencia y seguridad, y la población del estado de Sonora que se ha visto, dado el nivel de autocensura, vulnerada en su derecho a recibir información que le permita ejercer su derecho democrático a tomar decisiones en lo individual y en lo comunitario».
Además de los casos de México, otras investigaciones puestas a consideración de la CIDH son las de Juan Carlos Encinas y Carlos Quispe Quispe, Bolivia; Manoel Leal de Oliveira, Aristeu Guida da Silva, Zaqueu de Oliveira, Ivan Rocha, Mário Coelho Filho, Ronaldo Santana de Araújo, Edgar Lopes de Faria, Reinaldo Coutinho da Silva y Luiz Inácio Monteiro, en Brasil; Nelson Carvajal, Gerardo Bedoya, Carlos Lajud Catalán, Guillermo Cano, Jairo Elías Márquez y Hernando Rangel Moreno, en Colombia; Irma Flaquer y Jorge Carpio Nicolle, en Guatemala; Santiago Leguizamón, Paraguay.
La Comisión Contra la Impunidad de la SIP, encargada del trabajo de investigación, seguimiento y de presentación de investigaciones ante la CIDH, cuenta con el respaldo financiero de la Fundación John S. y James L. Knight.
Actualiza el caso Jiménez Mota: http://ifex.org/es/content/view/full/80599
