El caso de Héctor Félix Miranda es una de las investigaciones emblemáticas que la SIP sometió en 1997 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 30 de abril de 2015.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó solidaridad con el semanario Zeta de México que volvió a reclamar por el caso impune de su codirector, el periodista Héctor Félix Miranda, sin que todavía se haya esclarecido la autoría intelectual de ese asesinato.
El reclamo de Zeta se produce en momentos que los dos asesinos materiales, Victoriano Medina Moreno y Antonio Vera Palestina, serán liberados esta semana, por cumplimiento de condena. Al momento que mataron al periodista en 1988, eran agentes de seguridad del hipódromo Aguas Calientes de Tijuana, una entidad sobre la que Félix Miranda venía denunciando graves irregularidades.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, director del diario La República de Perú, destacó la solidaridad de la institución con Zeta, “uno de los medios de México que más ataques directos y pérdida de vidas ha sufrido en las últimas décadas”.
El caso de Félix Miranda es una de las investigaciones emblemáticas que la SIP sometió en 1997 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Bajo su intermediación, la SIP y el gobierno de México firmaron un acuerdo en 2004 para la revisión del expediente, pero semanas después de iniciado el proceso, el nuevo codirector de Zeta, Francisco Ortiz Franco, encargado de la revisión, fue asesinado. La SIP también presentó ese caso ante la CIDH.
El presidente de la Comisión de Libertad Prensa e Información, Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, resaltó por su parte que “en este caso no existe esclarecimiento total del crimen al no quedar zanjada la autoría intelectual y dejando sin castigo a quien o quienes dieron la orden para ejecutar Félix Miranda”.
Tras reiterar el compromiso de la SIP con la resolución total del caso, Mohme y Paolillo avalaron el pedido de Zeta para que se retome el compromiso del gobierno en 2004 que autorizó a la SIP a revisar el expediente de Félix, y “en caso de encontrar un elemento no investigado correctamente que vinculara al autor intelectual, el expediente fuera reabierto para juzgarlo”.
