Atrapado entre el Estado y los extremistas: perfil de país de Pakistán

Uno nunca sabe si son los Talibanes que se la tienen jurada o si son las agencias… y, a veces no se sabe por qué unos están operando a instancias de otros.

Periodistas paquistaníes gritan consignas para condenar el asesinato de periodistas, el miércoles 9 de septiembre de 2015 en Peshawar, Pakistán.(AP Photo/Mohammad Sajjad)

GOBIERNO:

Presidente Mamnoon Hussain, quien asumió el cargo en 2013, tiene en gran medida un rol ceremonial. Nawaz Sharif estaba cumpliendo su tercer mandato como primer ministro cuando fue destituido de su cargo en julio de 2017 a raíz de acusaciones de corrupción. Shahid Khaqan Abbasi fue nombrado primer ministro interino por el presidente. En junio de 2018, fue reemplazado por el ex presidente del Tribunal Supremo Nasir-ul Mulk, que dirigió el gobierno interino hasta las elecciones parlamentarias en julio de 2018. En esas elecciones, el partido pakistaní Teran-e-Insaf (PTI) de Imran Khan ganó 116 de los 270 escaños disputados, 21 menos que la mayoría absoluta. Se espera que Khan sea juramentado como primer ministro a mediados de agosto.

MIEMBRO DE:

La Commonwealth, la Organización de la Conferencia Islámica, la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional, las Naciones Unidas

MIEMBROS DE IFEX QUE TRABAJAN EN EL PAÍS:

Pakistan Press Foundation | pakistanpressfoundation.org
Bytes for All | bytesforall.pk
Digital Rights Foundation | digitalrightsfoundation.pk
Media Matters for Democracy | mediamatters.pk

ÍNDICE MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Reporteros Sin Fronteras 2018 139 de 180 países

Una panoplia de abuso – homicidios, secuestros, vigilancia en línea y leyes de blasfemia

Pakistán se enfrenta a problemas de seguridad importantes, junto con los conflictos persistentes en sus zonas fronterizas, con frecuentes ataques violentos contra civiles por parte de grupos extremistas. El ataque de diciembre de 2014 sobre una escuela en Peshawar, donde 149 personas murieron, la mayoría de ellos niños, dio lugar a una cesión por parte del gobierno de importantes facultades constitucionales y de toma de decisiones a los militares bajo un plan de acción nacional para acabar con el terrorismo, específicamente en las áreas de seguridad nacional y derechos humanos. En 2015 solamente, más de 9.400 personas habían sido detenidas por delitos de terrorismo, entre ellos periodistas. Los atentados suicidas y otros ataques mortales por parte de miembros de los talibanes, Al Qaeda y grupos afiliados afectaron casi la totalidad de Pakistán.

Existe, a menudo, un nivel extremadamente alto de violencia durante los períodos electorales. En el período previo a las elecciones generales de 2013, más de 200 personas murieron en atentados con bombas en mítines políticos. Durante las elecciones generales de 2018, más de 170 personas fueron asesinadas con bombas en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán; las víctimas incluyeron candidatos locales prominentes. Los periodistas también se ven sometidos a violencia, amenazas y acoso en el momento de las elecciones. En junio de 2018, antes de las elecciones de julio, la Pakistan Press Foundation (PPF) lanzó un mecanismo de denuncia y monitoreode la violencia relacionada con las elecciones dirigida contra el personal y las instituciones de los medios.

La PPF monitorea la serie de abusos sufridos por los medios en sus informes periódicos sobre la libertad de prensa. En mayo de 2017, informó sobre el asesinato de tres trabajadores de los medios de comunicación entre enero de 2016 y abril de 2017, sobre trece heridos en los ataques mientras llevaban a cabo su trabajo, y sobre otras personas detenidas y arrestadas temporalmente. Las leyes de difamación penal han llevado a condenas, tal fue el caso de la sentencia de enero de 2017 a cinco años de prisión para dos periodistas por difamar a un promotor inmobiliario a quien acusaban de negligencia. Los secuestros son un peligro particular que enfrentan los reporteros en las áreas de conflicto y tribales; además se cree que no son denunciados dado que las familias temen que la publicidad pueda empeorar la situación. Las mujeres periodistas son particularmente vulnerables, sufriendo acoso sexual e intimidación tanto dentro de su profesión como fuera de ella. Como resultado de estas graves amenazas y del temor a la vigilancia constante, cada vez son más los periodistas que se autocensuran.

En noviembre de 2017, el gobierno paquistaní suspendió los canales de televisión privados y los sitios de redes sociales para evitar la cobertura de las protestas públicas.

En 2017 se presentó un proyecto de ley de «Bienestar y Protección de los Periodistas», pero fue criticado por la PPF por no incluir medidas para combatir la impunidad y los ataques contra la prensa.

De acuerdo con Front Line Defenders, Pakistán es también un entorno muy peligroso para defensores de derechos humanos y activistas que trabajan en todas las áreas de protección de derechos. Son víctimas de amenazas, ataques, secuestros e incluso asesinatos, e incluyen a personas que trabajan para los derechos de los transgéneros, derechos laborales, religiosos y de las minorías, y defienden la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Parece que hay pocas áreas, si las hay, donde los defensores de los derechos humanos pueden actuar sin temor. Un ejemplo reciente fue dado por el asesinato del abogado Muhammad Jan Gigyani, especializado en derechos laborales y derechos de la mujer, asesinado a tiros por desconocidos en marzo de 2017. Gigyani había realizado los ritos funerarios de una mujer transgénero y activista de derechos, Alesha, asesinada en mayo de 2016.

Para añadir a la presión, en el mes de agosto de 2016 se aprobó la controvertida Ley de Prevención de Delitos Electrónicos que criminaliza un amplio espectro de expresión, instituyendo duras sentencias de prisión y profundizando la vigilancia. Una de las cláusulas que preocupa implica hasta tres años de cárcel por publicar información «que pueda dañar o intimidar la reputación o la vida privada» de una persona, limitando severamente la investigación sobre presuntos abusos de los agentes del gobierno. La organización de derechos digitales de Pakistán, Bytes For All, afirma que la Ley está abierta al mal uso por «motivos políticos/ideológicos», dándole un control absoluto sobre el flujo de información a las autoridades. La aprobación de la legislación se llevó a cabo sin transparencia y poco o ningún escrutinio público o enlace con la sociedad civil o el sector privado. Un ejemplo reciente de esta falta de apertura fue el cierre repentino en enero de 2017 del popular sitio web satírico de Khabaristan Times. No se dio ninguna razón, aparte de que la medida se había adoptado después de que la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán recibiera denuncias de «personas e instituciones». En enero de 2018, Bytes For All emitió una declaración que describe las graves amenazas a la libertad de expresión en línea en Pakistán; además de los apagones de Internet, enumeraron el uso por parte del gobierno de un «ejército cibernético» para difundir mentiras y amenazar a los activistas, y el secuestro de blogueros. En febrero de 2018, un juez del Tribunal Superior hizo una declaración muy bien acogida en la que afirmaba que las desconexiones de redes eran ilegales y una respuesta desproporcionada a las amenazas de seguridad.

Pakistán también tiene duras leyes contra la blasfemia que puedan llevar a la pena de muerte. Al mes de diciembre de 2015, el informe de la Red Digital de Derechos de Pakistán señala que la ley aplica tanto al medio escrito como a «representaciones visibles, imputaciones o insinuaciones» y se extiende a la actividad en línea, «dándole mucho poder a los oyentes o terceras partes no relacionadas para que aleguen blasfemia». El informe también indica que la legislación más dura sobre blasfemia introducida en 1987 condujo a un aumento de la violencia de vigilantes en particular contra las minorías religiosas, y que el gobierno mostró poco interés en tratarla. La sentencia de muerte contra Taimore Raza en julio de 2017 por compartir imágenes «odiosas» en las redes sociales es un claro ejemplo de la aplicación arbitraria de las leyes contra la blasfemia, junto con la vigilancia gubernamental. La presencia de esas leyes se alimenta de manera peligrosa de altos niveles de intolerancia religiosa entre el público pakistaní en general, como lo demuestra el asesinato espantoso del estudiante Mashal Khan en abril de 2017, linchado por otros estudiantes, al parecer impulsados por una nota de la secretaría de admisiones de la Universidad de que había cometido blasfemia en los sitios de redes sociales.

Se muestra un afiche de una película en lengua pashto mientras los policías cuidan la entrada de un cine en el sitio de un ataque con granadas en Peshawar, 11 de febrero de 2014. REUTERS/Khuram Parvez

Impunidad – un catálogo de ofuscación e inacción

En 2013, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) publicó su informe, Raíces de la impunidad, e indicó que Pakistán era la cuarta nación más mortal en el mundo para la prensa, con al menos 23 homicidios selectivos de periodistas desde el año 2003. Muchos más fueron víctimas de atentados suicidas y otros conflictos violentos relacionados. Desde la publicación del informe, el CPJ ha registrado ocho muertes más, cinco de ellas fueron objetivos precisos.

Las condenas por el asesinato de trabajadores de los medios y defensores de derechos humanos son raras. Las familias y las personas solidarias con los que fueron asesinados y desaparecidos viven bajo un manto de impunidad en su intento de que se haga justicia. Esta es una pequeña muestra de casos que languidecen en impunidad:

• El abogado y coordinador regional de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Rashid Rehman fue asesinado a tiros en su oficina en mayo de 2014. Había estado defendiendo un profesor universitario acusado de blasfemia.

• Shan Dahar, jefe de la oficina de Televisión Abb Takk, murió tras recibir un disparo en enero de 2014. Sus presuntos asesinos están siendo juzgados en ausencia luego de haber abandonado el país. En abril de 2016, la policía de Sindh anunció que volvería a abrir la investigación sobre la muerte de Dahar, pero los avances han sido mínimos.

• En agosto de 2015, la periodista Zeenat Shahzadi fue secuestrada en Lahore. Había estado investigando otro secuestro. Es la primera mujer periodista en ser víctima de desaparición forzada y se encuentra entre 86 desapariciones registradas por la Comisión no-gubernamental de Derechos Humanos de Pakistán (que no debe confundirse con la Comisión Nacional de Derechos Humanos). Aún no se ha iniciado una investigación oficial sobre su desaparición.

Los asesinatos continúan en 2017, con la muerte de un miembro de la cadena de televisión Samaa en febrero, cuando su furgoneta de noticias en Karachi fue baleada por miembros de los talibanes. En junio de 2017 el periodista Bakhsheesh Elahi fue asesinado en la ciudad de Haripur por personas desconocidas.

Mecanismos de derechos humanos ‘no tienen dientes’

El establecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pakistán en 2015 fue bien recibido por los grupos de derechos locales, pero su competencia es muy limitada, lo que lleva a la Comisión Internacional de Juristas a describirla como «sin dientes al nacer». La Comisión no puede investigar «el acto o la práctica de los organismos de inteligencia», y cuando se trata de abusos de las fuerzas armadas, sólo puede solicitar un informe por parte del gobierno y hacer recomendaciones. La creación de este mecanismo ha sido acompañada por una reducción del espacio para la investigación de la sociedad civil. En octubre de 2015, se pusieron en marcha nuevas reglas para las ONGs internacionales que operan en Pakistán. Las mismas requieren que las ONGs se registren y obtengan autorización previa para realizar cualquier actividad en el país. El registro puede ser cancelado por «participación en cualquier actividad incompatible con los intereses nacionales de Pakistán, o contrario a la política del Gobierno». Un fondo de dotación creado por el gobierno para compensar a los periodistas que han sido heridos o asesinados, como dijo el Secretario General de la Fundación de Prensa de Pakistán Owais Aslam Ali en una entrevista de julio de 2017, aunque bienvenido, no «aborda el punto de la impunidad y rendición de cuentas de aquellos que infligieron violencia sobre los periodistas», y agregó «a menos que se aborde la impunidad, el hecho de pagar a las víctimas no pondrá fin a los ataques contra los periodistas».

Pakistán es uno de los países seleccionados para el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad. Mientras que el plan ha ayudado a crear un diálogo entre las partes interesadas de los medios y el gobierno y a avanzar en una nueva legislación para la protección de los periodistas, la debilidad institucional y los problemas de capacidad han frenado la aplicación y han impedido una mejora significativa en los niveles de seguridad y procesamientos.

Pakistán ha firmado o ratificado la mayor parte de las convenciones de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, aunque predeciblemente, no así la Convención sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En julio de 2017, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un informe sumamente crítico, identificó problemas generalizados de derechos humanos. Recomendó que Pakistán revisara sus disposiciones jurídicas relativas a la libertad de expresión y exigió investigaciones y reparaciones completas para los periodistas y defensores de los derechos humanos que habían sido atacados, asesinados y desaparecidos. También señaló fallas en la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos e instó a que se armonizara con las normas internacionales.

En noviembre de 2017, Pakistán se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco de su proceso de Examen Periódico Universal (EPU), en el que su adhesión a los derechos humanos durante los cinco años anteriores estuvo bajo escrutinio. Una declaración conjunta al EPU, presentada cpor el PPF, Artículo 19 e IFEX, señaló el deterioro de la libertad de expresión en Pakistán durante ese tiempo. Las organizaciones recomendaron una revisión sistemática de los marcos constitucionales, legales y administrativos, acciones significativas para protegerse y encontrar justicia para las víctimas de la violencia, y la reforma de las leyes que rigen los medios digitales, cruciales para combatir la impunidad de los abusadores de derechos que prevalece en Pakistán. Sin estas medidas, agentes del Estado, milicias y extremistas seguirán amenazando, atacando e incluso asesinando con impunidad. Después de la revisión, en marzo de 2018, PPF, ARTICULO 19 e IFEX emitieron una declaración expresando su decepción por el hecho de que Pakistán se había limitado a «notar» una serie de recomendaciones destinadas a proteger a los periodistas; El grupo también «lamenta profundamente» que Pakistán se haya negado a considerar eliminar varias amenazas importantes a la libre expresión y otros derechos en Pakistán, como la legislación sobre blasfemia y la pena de muerte.