(RSF/IFEX) – Reporteros sin Fronteras (RSF) está muy preocupada por la suerte de Sami Al-Haj, ayudante de cámara sudanés del canal Al-Jazira, detenido por las fuerzas armadas paquistaníes en diciembre de 2001 en la frontera afgana y, desde el 13 de junio de 2002, en la base de Guantánamo (Cuba), en manos del ejército estadounidense. […]
(RSF/IFEX) – Reporteros sin Fronteras (RSF) está muy preocupada por la suerte de Sami Al-Haj, ayudante de cámara sudanés del canal Al-Jazira, detenido por las fuerzas armadas paquistaníes en diciembre de 2001 en la frontera afgana y, desde el 13 de junio de 2002, en la base de Guantánamo (Cuba), en manos del ejército estadounidense. La organización ha recogido nuevas informaciones que le conciernen a través de su consejero, el abogado londinense Clive Stafford-Smith, y pide que, a falta de cargos precisos, sea puesto en libertad.
«Aparte del escándalo jurídico y humanitario que supone la base de Guantánamo, la detención de Sami Al-Haj parece ser una consecuencia del encarnizamiento contra el canal Al-Jazira. Si no, ¿cómo puede explicarse que el periodista lleve cuatro años detenido sin cargos para inculparle, cuando otros presos, y entre ellos periodistas, han sido declarados inocentes y puestos en libertad, de un día para otro? Por otra parte, y según su abogado, Sami Al-Haj padece de un cáncer y no recibe el tratamiento adecuado. Por lo tanto, su estado es incompatible con su detención. Aunque solo fuera por razones humanitarias, las autoridades estadounidenses tendrían que dejarle en libertad», ha declarado RSF.
El 11 de abril de 2006, Stafford-Smith, de regreso de un viaje a Guantánamo y Qatar (donde se encuentra la sede de Al-Jazira), se entrevistó con el representante de RSF, para darle las últimas noticias de su cliente: «Sami Al-Haj está muy deprimido. Por primera vez, habló de suicidio delante de mí. Además, tiene que seguir siempre un tratamiento para el cáncer de la garganta, que las autoridades estadounidenses se niegan a facilitarle. También padece de la rodilla.»
Según el abogado, Al-Haj ha sido últimamente trasladado al Campo 4 de la base de Guantánamo, por «buena conducta». «Desgraciadamente, las condiciones de detención continúan siendo lamentables», y la estancia en el Campo 4 podría durar poco tiempo. En efecto, cuenta Stafford-Smith, «existiría un plan para trasladar a todos los presos al Campo 6, una unidad de máxima seguridad. Eso representaría una catástrofe para Sami, porque el traslado significaría un empeoramiento de las condiciones de detención. El traslado podría producirse en septiembre de 2006».
En el capítulo de los cargos contra el periodista, su defensor no ha recibido ninguna información y sigue esperando una respuesta de la Administrative Review Board (ARB), autoridad encargada de reexaminar, todos los años, los casos de los detenidos de Guantánamo y determinar, en primera instancia, si representan «una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos». «Es una situación insensata porque la ARB no tiene ninguna competencia jurídica real; adapta sus acusaciones sobre la marcha, sin pruebas», ha subrayado Stafford-Smith.
En marzo de 2005, el Combat Status Review Tribunal (jurisdicción superior a la ARB) consideró a Al-Haj como «enemigo combatiente», argumentando que dirigió un sitio de Internet en el que apoyaba el terrorismo, que se habría dedicado al tráfico de armas, que había entrado ilegalmente en Afganistán en octubre de 2001, en el momento de las acciones estadounidenses, y que había entrevistado a Osama bin Laden. Al-Jazira negó esos argumentos (ver informe de RSF «Camp Bucca y Guantánamo: Cuando América encarcela a periodistas»).
Por otra parte, y según unas revelaciones efectuadas por el diario británico «The Guardian», del 26 de septiembre de 2005, las autoridades estadounidenses habrían prometido a Al-Haj la libertad y la entrega de un pasaporte estadounidense si se avenía a espiar a su propio canal, por cuenta de Washington.
A pesar de que la Cámara de Representantes ha abierto una investigación oficial sobre el funcionamiento de Guantánamo, y a pesar de que en junio de 2004 el Tribunal Supremo concedió a los presos autorización para formular demandas de Habeas Corpus, para denunciar la ilegalidad de su detención ante un tribunal, según Stafford-Smith sigue existiendo una gran opacidad: «Ningún protocolo, ninguna convención rige las relaciones entre el acusado y su abogado. Guantánamo es una zona de no-derecho, sometida a la buena voluntad de las autoridades estadounidenses.»
