Con la tensión política y social en picos límite en Venezuela, la libertad de expresión está cada vez más amenazada con ataques "sin precedentes" a periodistas y medios.
Complicado. Así luce el panorama en Venezuela luego que, durante algunos días el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera todas las competencias de la Asamblea Nacional, disolviendo el Parlamento por vía judicial.
La sentencia N°156 dictada por el TSJ le dio al propio TSJ todas las funciones que constitucionalmente le pertenecen a la Asamblea Nacional. Para dictar esta norma, el TSJ desconoció la inmunidad parlamentaria de los diputados que componen la Asamblea. Además, le encargó al presidente Nicolás Maduro que gobierne el país a través de decretos mediante un régimen «de excepción».
La disolución del Parlamento generó la preocupación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de organizaciones de la sociedad civil y la condena generalizada de decenas de países hasta que Maduro dio marcha atrás y exhortó al TSJ a rectificar esas sentencias, cosa que hizo el 1 de abril de 2017. Sin embargo, no pudo revertir la sensación de caos e inestabilidad que reina en el país, según asociaciones civiles y los partidos de la oposición.
A pesar de la marcha atrás, los problemas sociales y la represión y vulneración de los derechos humanos en Venezuela persisten y adquirieron niveles sin precedentes según varias organizaciones sociales locales e internacionales que monitorean la situación.
Las organizaciones entienden que hay una «ausencia de institucionalidad democrática» en el país, algo que se vino gestando desde hace varios años con los intentos del gobierno de Maduro de acallar la cada vez más numerosa protesta popular ante el derrumbe económico y social del país.
Venezuela se encuentra en el lugar 139, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) en 2016.
La grave situación venezolana fue abordada durante la reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una organización que nuclea a cientos de medios de todas Las Américas. En dos resoluciones aprobadas por la Asamblea, la organización de defensa de la libertad de expresión condenó la sentencia del TSJ porque «compromete los valores democráticos» y advirtió que a esta altura la libertad de expresión en Venezuela se ha reducido a un mínimo espacio con el agravamiento de los ataques en contra del ejercicio del periodismo, los periodistas y los medios de comunicación.
Para la SIP, el precedente del TSJ «configura una clara demostración del férreo control político que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial… lo que violenta no sólo la división de poderes sino las garantías mínimas de los ciudadanos en un Estado de Derecho».
Además, los miembros venezolanos de la SIP denuncian que el gobierno de Maduro ha desarrollado mecanismos de todo tipo para limitar la publicación y difusión de noticias por internet, llegando a contratar hackers internacionales para su cometido, y la de los medios impresos a través de la intimidación, hostigamiento y hasta el faltante de papel para su impresión.
De hecho, un informe de RSF revela que desde agosto de 2016, más de 20 periodistas fueron impedidos de entrar o expulsados de Venezuela al llegar al aeropuerto, además de que a ellos y otros se les confiscó el material de trabajo.
Más ataques a periodistas
La decisión judicial solo despertó más protestas y con ellas llegaron nuevos ataques a periodistas. El 31 de marzo, en medio de las movilización estudiantil en contra de las sentencias te TSJ, varios periodistas fueron agredidos físicamente.
En esa movilización la periodista Elyangélica González, corresponsal en Caracas de Caracol Radio de Colombia y de la cadena estadounidense Noticias Univisión, fue brutalmente golpeada por una decena de militares mientras intentaba cubrir el evento.
«Me arrancaron el teléfono. Traté de sacar el otro pero me lo quitaron también, me lo partieron, lo quemaron y me detuvieron. Estoy completamente arañada, con cabellos en la mano, estoy rasguñada por todas partes, golpeada», dijo la periodista cuando pudo recuperar contacto con la emisora colombiana para la cual cubría los acontecimientos.
El hecho fue duramente criticado por varias organizaciones y medios colombianos como algo «humillante», «inhumano» y «autoritario» y que se enmarca en el «sistemático desprecio de las autoridades venezolanas por la libertad de prensa».
Reacciones en cadena
La sentencia del TSJ también fue criticada duramente a la interna del país.
Según la organización de defensa de la libertad de expresión IPYS Venezuela, no existe ninguna disposición constitucional que faculte al órgano judicial a asumir las funciones de la Asamblea Nacional, por lo que catalogan a la decisión como un «golpe al Parlamento».
La declaración firmada por IPYS Venezuela y 63 organizaciones venezolanas de la sociedad civil denuncia que esta medida además de atentar contra la Constitución, viola el del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
No fueron los únicos en expresar su profunda preocupación. La ONG defensora de los derechos humanos Espacio Público, junto con 11 asociaciones venezolanas más, repudiaron el acto al que catalogaron como «un golpe a la soberanía popular».
