Diputados del gobernante Frente para la Victoria presentaron un proyecto de ley para expropiar acciones privadas de Papel Prensa, la única empresa que produce papel para diarios en Argentina, y pasarlas a manos del Estado, bajo la excusa de que se trata de un bien “de utilidad pública y sujeto a expropiación”.
La decisión del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de controlar el papel destinado a la prensa para fijar su precio, producción, comercialización y distribución representa un “nuevo y grave retroceso” para la libertad de expresión en Argentina, advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Esta semana, diputados del gobernante Frente para la Victoria (kirchnerismo) presentaron un proyecto de ley para expropiar acciones privadas de Papel Prensa, la única empresa que produce papel para diarios en Argentina, y pasarlas a manos del Estado, bajo la excusa de que se trata de un bien “de utilidad pública y sujeto a expropiación”.
Si la ley resulta aprobada, Papel Prensa —responsable por el 75% de papel para diarios que se produce en Argentina; el 25% restante es importado— quedaría bajo el control del gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner. Actualmente, los diarios La Nación y Clarín tienen la mayoría accionaria en esa empresa.
“Cuando el Estado, en cualquier país, controla el insumo básico de la prensa para que los periódicos puedan circular y difundir sus informaciones y opiniones, el riesgo de que se cometan arbitrariedades en función de las líneas editoriales de los medios y periodistas aumenta exponencialmente”, declaró Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión e Información de la SIP.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, agregó que “en el caso argentino, esto constituye un nuevo y grave retroceso para la libertad de expresión en el país, que desde la llegada al poder del kirchnerismo en 2003 viene afectándose sin solución de continuidad”.
En diciembre de 2011, el Congreso argentino, controlado por el kirchnerismo, ya había aprobado una ley que preparaba el terreno para este nuevo proyecto de ley, declarando “de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y papel de diarios”. La Nación y Clarín, críticos del kirchnerismo, manifestaron entonces que el gobierno estaba desarrollando “una embestida contra la libertad de prensa”.
“Los ataques contra los socios privados de Papel Prensa se iniciaron hace más de cuatro años con denuncias, amenazas, patoteos y decisiones gubernamentales de todo tipo. Evidentemente, el objetivo final de todo ese tinglado era que la señora presidenta tuviera la llave para decidir cuánto papel se produce, qué precio tiene, cómo se comercializa y a quién se le distribuye”, precisó Paolillo.
“Esa sola posibilidad —que la presidenta y su cohorte controlen tanto la producción como la importación del papel para periódicos— aleja cada vez más a Argentina de la familia de las democracias republicanas y acerca al país a los estados totalitarios”, añadió.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en el cual afirmó que “fiscalizar al poder y denunciar sus desvíos es la función central de la prensa dentro de un régimen democrático. Es una garantía complementaria al equilibrio de poderes, que en estas horas corre el serio riesgo de extinguirse en la Argentina”.
“Un periodismo independiente permite a los ciudadanos preservar sus derechos frente a eventuales abusos. Sin acceso libre al papel, no hay prensa libre. Sin prensa libre, no hay democracia. Sin democracia, no hay ciudadanos. Sólo súbditos amordazados y obligados a escuchar un discurso único”, resaltó ADEPA.
La SIP ya ha advertido respecto a los avances del Poder Ejecutivo argentino sobre el Poder Judicial, cuya independencia intenta ser erosionada todos los días. Paolillo dijo que “también es muy preocupante la política del kirchnerismo de ‘ir por todo’, como admiten sus líderes, controlando no sólo los tres poderes institucionales del Estado sino, además, otros actores privados, como la prensa”.
“El gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner ya aplica la censura indirecta de premios y castigos con la publicidad oficial, el acceso a la información pública y la presión sobre las empresas privadas para que no anuncien en los diarios; con estos antecedentes, el peligro de que haga lo mismo con el papel de diarios es obvio”, argumentó.
La SIP consideró asimismo “tragicómico” el argumento esgrimido por el diputado Carlos Kunkel, uno de los principales voceros del kirchnerismo, para justificar el nuevo proyecto de ley. Kunkel dijo que como Papel Prensa tiene el “monopolio” para la producción de papel de diarios, “el Estado debe asegurar que no existan actividades monopólicas y regularlas para que la distribución de papel sea equitativa para toda la prensa gráfica del país (…). El control de los monopolios debe reforzarse aún más dentro de un contexto delicado como es el de la prensa”.
Paolillo dijo que “el argumento del Sr. Kunkel cae por su propio peso: el Estado decide combatir los monopolios y para eso, el Estado asume el monopolio de las actividades que ‘desmonopoliza’ en el sector privado. Si no fuera un caso serio, movería a la risa”.
“Los monopolios son todos malos en la prensa: los privados y los públicos. Los privados afectan la libertad de expresión. Los públicos conducen al totalitarismo”, agregó.
Por otra parte, el diario La Nación informó que “en ambientes empresarios y periodísticos circuló con fuerza la versión de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) estaría decidida a disponer en forma inminente la intervención sobre el Grupo Clarín, invocando la ley de mercado de capitales, sancionada el año último”.
Francisco de Narváez, uno de los líderes de la oposición, dijo que “Cristina Kirchner toma decisiones propias de una dictadura. Hay que ponerle un límite”. La diputada opositora Elisa Carrió anunció que enviará “este nuevo atropello” a la OEA y a la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas para “alertar sobre la situación grave que atraviesa nuestro país. Esto es parte del proceso dictatorial que se está profundizando en la Argentina y tiene por objeto la eliminación de los medios de comunicación que no repitan la única voz de la presidenta”.
Fernando Laborda, un columnista independiente, alertó que “el fantasma de los peores años del peronismo, cuando se confiscó el diario La Prensa en 1951 y se impusieron absurdas cuotas para la importación de papel, que llevaron a diarios como La Nación a salir a la calle con apenas seis páginas, vuelve a sobrevolar la Argentina”.
