RSF observó una ligera mejoría en la situación de la libertad de prensa del continente americano. Sin embargo, en numerosos Estados de América Latina persisten problemas como la impunidad, la violencia contra los periodistas y las políticas autoritarias frente a la prensa.
Este artículo fue publicado originalmente en informeanualrsf.es el 31 de diciembre de 2018.
Reporteros Sin Fronteras observó una ligera mejoría en la situación de la libertad de prensa del continente americano. Sin embargo, en numerosos Estados de América Latina persisten problemas como la impunidad, la violencia contra los periodistas y las políticas autoritarias frente a la prensa. México retiene el triste récord de periodistas asesinados: nueve. Pese a que el país no está en guerra, operan con inusitada violencia los narcotraficantes, muchas veces amparados por poderes políticos e institucionales. En total han sido 19 los informadores muertos en diversos países de América.
Costa Rica disfruta de un sólido marco jurídico en materia de libertad de información y con condiciones que permiten ejercer la profesión periodística de una manera relativamente libre. Así, este país es el mejor calificado de América Latina (10º) en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2018 que elabora RSF. No obstante, Costa Rica perdió 4 posiciones debido a las presiones que ejercieron las autoridades sobre los reporteros, especialmente durante la campaña electoral, a finales de 2017.
En el lado opuesto se encuentra Cuba, que se sitúa en el puesto 172 y que año tras año sigue siendo el país peor valorado del continente. El régimen castrista monopolizó casi por completo la información. El ya expresidente, Raúl Castro, hizo callar a las voces disidentes sirviéndose de la policía y de los servicios de inteligencia. Las autoridades persiguen a los medios de comunicación privados –que no están autorizados por la Constitución–; se suele detener a periodistas y blogueros, que en no pocas ocasiones se ven obligados a exiliarse.
Venezuela (143º) experimentó la mayor caída del continente y perdió 6 posiciones en la edición de 2018 de la clasificación. En 2017 el gobierno del presidente Nicolás Maduro siguió distinguiéndose por sus excesos autoritarios. La prensa independiente y la de oposición, al igual que los corresponsales extranjeros, fueron constante blanco de la policía y de los servicios de inteligencia venezolanos. Los periodistas son objeto cada vez más frecuente de más agresiones durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias –durante las cuales suelen ser sometidos a agresivos interrogatorios–, así como la destrucción de sus equipos. También se ha convertido en una rutina que se expulse del país a reporteros extranjeros que no son del agrado de las autoridades.
En Bolivia (110º, -4) la prensa sobrevive en medio de una gran precariedad. El gobierno de Evo Morales, quien llegó a la presidencia en 2006, amordaza a los medios de comunicación críticos. Los funcionarios no dudan en atacar en público a los periodistas de oposición o en instruir procesos judiciales para acallarlos. El reportero Wilson García Mérida fue acusado de sedición, y Yadira Peláez Imanereico se enfrenta a un proceso penal por «violencia política».
En Centroamérica y en México la violencia y la impunidad siguen propiciando que el miedo y la censura reinen. En El Salvador (66º), Guatemala (116º, dos víctimas mortales), Honduras (141º) y México (147º, con nueve periodistas asesinados), los reporteros que investigan el crimen organizado y la corrupción han de hacer frente a intimidaciones, amenazas y violencia física. A menudo se ven obligados a desplazamientos forzosos para ponerse a salvo. Si optan por permanecer en el lugar donde desempeñan su tarea eso puede suponer que paguen con su vida su compromiso informativo.
Como en años anteriores, varios gobiernos de estos países gangrenados por el tráfico de armas y de droga mostraron su incapacidad para poner freno a la violencia. Cuando cuentan con mecanismos de protección de periodistas –como es el caso de Honduras y México–, la mayor parte de las veces resultan ineficaces, especialmente en lo que respecta a la prensa local independiente.
Brasil (102º, +1), que también afronta problemas como la corrupción y la violencia, sigue sin lograr bajar de la cota 100 de la clasificación. Este año se han contabilizado cuatro asesinatos. En un contexto de extrema tensión y de polarización política –como reveló la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016–, la libertad de información está lejos de ser una prioridad para las autoridades. Aunque las agresiones a la prensa han disminuido ligeramente, siguen siendo frecuentes durante las manifestaciones. Cuando los periodistas investigan casos de corrupción de políticos y funcionarios suelen enfrentarse a intimidaciones y a procesos judiciales abusivos. Esta situación de vulnerabilidad es más evidente en las regiones aisladas, y durante la campaña electoral que llevó a la presidencia al ultraconservador Jair Bolsonoro.
Ecuador (92º) ascendió 13 puestos en 2018 de la clasificación. Este progreso –el mayor del continente americano en esta edición– se explica en parte por la elección del presidente Lenin Moreno, en mayo de 2017, que permitió calmar las tensiones entre el Gobierno y numerosos medios de comunicación privados.
En Argentina (52º, -2), la guerra mediática entre el Gobierno y la prensa que marcó el mandato de Cristina Kirchner se mitigó con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, en diciembre de 2015. No obstante, la situación sigue siendo preocupante: los medios de comunicación más críticos a menudo son acusados de calumnia y son obligados a comparecer ante tribunales civiles.
En Colombia (130º, -1), la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, suscitó grandes esperanzas que aún están lejos de cumplirse. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas; las agresiones y los secuestros siguen siendo frecuentes. Grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), intentan hacer callar a los medios de comunicación alternativos o comunitarios que investigan sus actividades, lo que genera agujeros negros de la información, sobre todo en zonas rurales. Es el caso de un equipo de reporteros ecuatorianos que murieron a manos de un grupo disidente de las FARC en la frontera de su país con Colombia.
En el primer año de Gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos perdió dos puestos: en la edición 2018 de la clasificación, el país pasó a la casilla 45 entre 180 países, continuando una tendencia negativa. Se produjo un asesinato de un bloguero en extrañas circunstancias y cuatro periodistas y una asistente de ventas murieron en el asalto al periódico The Capital Gazette. En cambio, Canadá, su vecino del norte, ganó cuatro puestos gracias al establecimiento de medidas para garantizar la confidencialidad de las fuentes periodísticas. En octubre de 2017 el Parlamento aprobó por unanimidad una “ley escudo”, la Journalistic Source Protection Act, que protege a escala federal la confidencialidad de las fuentes. De todos modos está todavía por determinar cómo se aplicará la nueva ley escudo en el caso de Marie-Maude Denis, periodista de investigación de Radio Canadá: el Tribunal Supremo de Quebec le exigió en marzo que revelara sus fuentes de un caso de corrupción.
Es importante recordar que la llegada de Trump a la Casa Blanca no ha hecho sino acentuar el deterioro de la libertad de prensa. Los informantes pueden ser juzgados al amparo de la Espionage Act si proporcionan información de interés público que el Gobierno considere perjudicial para sus intereses, y los periodistas aún no cuentan con una «ley escudo» que les permita proteger a sus fuentes. A esto se suman los exhaustivos registros a los que son sometidos los periodistas (y sus equipos) en las fronteras estadounidenses y el hecho de que se haya prohibido la entrada en el país a periodistas extranjeros que han cubierto asuntos delicados, como la situación en Kurdistán o las FARC.
El declive de Estados Unidos en materia de libertad de prensa no sólo es una mala noticia para los periodistas que trabajan en el país sino que también ha tenido consecuencias nefastas a escala internacional. Ahora es común que se use el término fake news (noticias falsas) para perseguir a medios de comunicación, tanto en regímenes autoritarios como en democracias.
