El Foro de Periodismo Argentino manifiesta su preocupación por la denuncia sobre acciones de espionaje en contra de periodistas que habrían sido dispuestas por el teniente general César Milani y cumplidas por efectivos del Ejército.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiesta su preocupación por la denuncia sobre acciones de espionaje en contra de periodistas que habrían sido dispuestas por el teniente general César Milani y cumplidas por efectivos del Ejército.
El presidente del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, ratificó el 22 de diciembre de 2013 a FOPEA que posee información sobre tareas ilegales de espionaje del Ejército sobre él, otros políticos y a periodistas, entre los cuales se encuentra Daniel Santoro, editor del diario Clarín y socio de FOPEA.
Morales también confirmó que posee información de que en la sede del Ejército, en el Edificio Libertador, en una sala del séptimo piso, se realizan tareas clandestinas de espionaje.
Por su parte, en la edición del 22 de diciembre del diario Clarín, se confirma que «fuentes militares consultadas por Clarín confirmaron que Milani dispuso en forma clandestina y por afuera del sistema formal «interceptar las comunicaciones y hacer un seguimiento de Santoro». Incluso, dieron el nombre de un suboficial de inteligencia que estaba a cargo del operativo y cuyo nombre no se publica por cuestiones legales. Las leyes de Defensa y de Seguridad Interior prohíben taxativamente a las FF.AA. hacer tareas de inteligencia interna».
El matutino agrega que «en la sala de situación hay ‘mapas’ de cada causa judicial con los nombres de jueces, fiscales y testigos».
Daniel Santoro dijo a FOPEA que «estas denuncias generan mucha impotencia porque este tipo de maniobras son muy difíciles de probar de manera material en la justicia, ya que son clandestinas. Estoy resignado». Y agregó: «Mis fuentes me confirmaron que hay otro periodista que está siendo investigado pero no puedo revelar su nombre por expresa solicitud del colega».
FOPEA se solidariza con Santoro; solicita a las autoridades judiciales con competencia el inicio de la investigación correspondiente; y al Ministerio de Defensa de la Nación que se dispongan las medidas necesarias para esclarecer la situación.
